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La maniobra de Illa aboca a los tribunales la guerra entre el Gobierno y Madrid

Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso, durante su comparecencia.

Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso, durante su comparecencia. EFE

El espacio de colaboración ha fracasado. El Gobierno y la Comunidad de Madrid sentenciaron definitivamente este miércoles toda esperanza de entendimiento. El escenario que había hace tan sólo 24 horas daba pie a cerrar un acuerdo que, sobre todo, diera seguridad sanitaria y jurídica a millones de personas que han asistido a 10 días de desmentidos, de amenazas, de reproches, de comparecencias que se han alargado hasta altas horas de la noche e, incluso, de dimisiones. Pero nada más lejos de la realidad. La guerra entre Ayuso y Sánchez sobre la cuestión de cerrar o no Madrid no sólo no ha terminado, sino que es muy posible que acabe en los tribunales.

Salvador Illa quiso hacer ayer jaque mate a Madrid, pero el ejecutivo regional opondrá resistencia activando sus mecanismos jurídicos si el ministro se atreve a publicar la Orden por la que quedarían semiconfinadas las 10 grandes ciudades de la capital en el BOE, como prometió que iba a hacer.

La nueva batalla entre las dos administraciones comenzó cuando la Comunidad de Madrid hizo públicas este miércoles una serie de peticiones que añadía al «principio de acuerdo» al que se había llegado el martes por la tarde, en una cita a la que asistieron Salvador Illa y la titular de Política Territorial, Carolina Darias, por parte de Moncloa; y el vicepresidente Ignacio Aguado junto al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero por parte de la delegación madrileña.

A modo de resumen, el acuerdo implicaba una cesión de cada una de las partes enfrentadas: Madrid asumía el criterio de Sanidad de confinar municipios con una incidencia de coronavirus superior a los 500 casos por cada 100.000 habitantes; y Sanidad aceptaba la petición de Madrid de que ese fuese un parámetro común aplicable a toda España. ¿La condición? Que este criterio fuese aprobado por el resto de autonomías en el Consejo Interterritorial de Salud de la tarde del miércoles. Pero el plan de Sanidad establecía otros dos umbrales: positividad de PCR superior al 10% y ocupación de las UCIs por encima del 35%. ¿Resultado? De todo el país, sólo entraban en la lista de confinadas las grandes ciudades de Madrid.

Por la tarde, y minutos antes de que arrancase la reunión, Madrid marcaba posiciones e instaba a Illa a no «ceñirse» a los tres criterios especificados, explicar «la base científica y técnica» de tales parámetros, y tener en cuenta la capacidad asistencial de la Comunidad, peticiones que no fueron del agrado del ministro, y el documento con las pautas de Sanidad salió adelante con el voto en contra de Madrid -a la que afectan directamente las medidas-; Andalucía, Galicia, Murcia, Ceuta y Cataluña. Fue respaldado, sin embargo, por todas las autonomías del PSOE, por el País Vasco y por Castilla y León, donde gobiernan PP y Ciudadanos.

El apoyo de 13 comunidades autónomas sirvió a Salvador Illa para maniobrar y anunciar que las nuevas medidas se publicarán en una Orden ministerial que entrará automáticamente en vigor tras su publicación en el BOE en los próximos días. Y «son de obligado cumplimiento» aunque el voto no haya sido unánime, forzando así a la comunidad afectada a aplicar unas medidas con las que no está de acuerdo. Sin embargo, desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid fueron cristalinos desde el primer momento: al no haber existido consenso en el Interterritorial, no hay acuerdo. Y la decisión del ministro «jurídicamente no es válida», como vino a sentenciar Ruiz Escudero.

El origen del conflicto se sitúa esta vez en la interpretación que cada administración hace del artículo 14 del Reglamento de Funcionamiento del Consejo Interterritorial de Salud, que establece que los acuerdos que de este cónclave dependan «se plasmarán a través de recomendaciones, que se aprobarán, en su caso, por consenso». Y «consenso», según recuerdan en el entorno de Díaz Ayuso, viene definido por la RAE como «un acuerdo producido por consentimiento entre todos los miembros de un grupo o de varios grupos». Por tanto, si se publica en el BOE la decisión, «la Abogacía de la Comunidad de Madrid estudiará las medidas oportunas», advertía el consejero madrileño.

Illa, por su parte, argumentaba lo que desde Madrid ven como una «imposición» del Ejecutivo aseverando que el documento se ha aprobado por «decisión colegiada» de «una mayoría». Y zanjó el debate que durante días ha planeado en Moncloa sobre si debía o no aplicar el 155 sobre Madrid o declarar el estado de alarma en la región con una solución mucho más sencilla: una orden ministerial con el refrendo de 13 comunidades autónomas. Apoyó además su discurso en el razonamiento de que, en base al artículo 65 de la ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, el Gobienro puede tomar las medidas que estime necesarias sobre los territorios «en situaciones de urgente necesidad».

Desde Madrid insisten en que es «falso» que sea una decisión colegiada y recuerdan el significado de esa expresión: «Se trata de un mecanismo jurídico colectivo que delibera y acuerda decisiones democráticamente por consenso, unanimidad o mayoría».

Ellos se quedan con la «unanimidad». Illa, con la «mayoría». El ministro de Sanidad tratará ahora de imponer un plan rechazado por seis territorios que, en total, representan a más del 57% de la población española.

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