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El informe que avaló los negocios de Villarejo se hizo a toda prisa y sólo con los datos que él aportó

El inspector jefe que analizó si el comisario hoy preso incurría en incompatibilidad desvela ante el juez que tuvo tan sólo “dos semanas y media” para hacer el dictamen y reconoce que ni investigó a qué se dedicaban las empresas ni cotejó la información

El inspector Fuentes Gago, cuando declaró en el Congreso de los Diputados.

El inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, cuando declaró en el Congreso de los Diputados. EP

El informe con el que el Ministerio del Interior concluyó en abril de 2015 que la actividad privada de José Manuel Villarejo era compatible con su función como comisario se hizo «con premura», sin que se comprobara en organismos oficiales la información facilitada por el propio policía sobre sus empresas y sin analizar el objeto social de las compañías que controlaba el funcionario, entonces aún en activo en el Cuerpo Nacional.

Así lo reconoció el inspector jefe que firmó este dictamen, José Ángel Fuentes Gago, cuando el 7 de marzo de 2019 declaró como investigado ante el juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Kitchen. «Con la información que tenía no podía hacer nada más», defendió durante el incisivo interrogatorio al que lo sometió el fiscal Ignacio Stampa.

Fuentes Gago detalló que fue Ignacio Cosidó, entonces director general de la Policía, quien directamente le encargó que elaborara una información reservada en la que analizara la posible incompatibilidad de un funcionario de policía que gestionaba empresas mercantiles de titularidad propia. El encargo tuvo lugar después de que El País desvelara el 10 de marzo de 2015 que Villarejo estaba vinculado a una docena de sociedades que sumaban un capital social de 16 millones de euros.

El 20 de abril de 2015, el inspector jefe envió un informe de ocho páginas a la Dirección Adjunta Operativa (DAO) en el que concluía que el comisario hoy preso no incumplía la Ley de incompatibilidades al servicio de las administraciones públicas porque su actividad privada «no supone un menoscabo del estricto cumplimiento de sus deberes», «guarda respeto absoluto al horario asignado al puesto de trabajo que desempeñe» y «no tienen relación con asuntos relacionados o que se refieran a las actividades que desarrolle en el Cuerpo Nacional de Policía o que sean de su competencia».

La resolución que Cosidó no emitió

De esta forma, el mando policial consideró que no era preceptiva la apertura de un expediente disciplinario al no vulnerar Villarejo la normativa. Con todo, Fuentes Gago insistió durante su declaración en que el documento era un «informe propuesta sin más» que debió haberse acompañado posteriormente de una resolución en la que la Dirección General de la Policía avalara o se desmarcara de sus conclusiones. Ese documento no existió.

Ese dictamen choca frontalmente con la tesis que mantienen los fiscales del caso Villarejo desde que se inició la instrucción del procedimiento. Éstos sostienen que el comisario retirado desarrolló trabajos privados «sin la previa solicitud de compatibilidad e infringiendo las prohibiciones legales establecidas en la normativa de incompatibilidades que afectan a los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía». Villarejo, por contra, sostiene que sus actividades empresariales «eran conocidas por los mandos policiales competentes», como han reconocido los últimos tres DAO con los que trabajó (Agustín Linares, Pedro Díaz-Pintado y Eugenio Pino) en escritos enviados al juez.

Fuentes Gago dice que sólo tuvo «dos semanas y media» y que no investigó a qué se dedicaban las empresas de Villarejo

Cuando Fuentes Gago puso su firma a ese documento quedaba un año y medio para que la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional detuviera a José Manuel Villarejo en el curso de la Operación Tándem por lucrarse haciendo un uso fraudulento de información reservada a la que podía acceder por su condición policial y de la que se sirvió para elaborar ‘informes de inteligencia’ que vendió a los clientes -entre ellos algunas de las principales empresas presentes en el Ibex 35, como el BBVA o Iberdrola- a través de su grupo empresarial (Cenyt). La macrocausa se ha desgajado ya en unas 25 piezas separadas.

Fuentes Gago explicó al fiscal que la documentación que manejó para elaborar su informe se limitó a un documento aportado por el propio Villarejo con el detalle de su conglomerado de empresas, el historial profesional de aquél y una copia de la noticia que había publicado el citado diario. Según declaró, Interior tenía prisas porque tanto el ministro (Jorge Fernández Díaz) como el director general de la Policía (Cosidó) tenían en breve comparecencias en las Cortes y «querían algo». «Sin tener más elementos de juicio, con la premura que me lo pedían… Yo no pude hacer nada», se justificó.

Fiscal.-¿Por qué no pidió información al Registro Mercantil o a cualquier otro organismo para ver si la información que le suministraba el propio interesado era correcta?
Fuentes Gago.-Porque no tuve tiempo. Además, se lo voy a decir. El señor Director Adjunto Operativo, que me vio compungido por esto porque lo querían ya y no tenía tiempo para hacerlo bien, me dijo: ‘Mira, tú haz un informe con lo que puedas y rápido porque lo están pidiendo de arriba y ya está. Y no te preocupes porque yo estoy investigando ya’. Fue cuando me entero de que había hablado con el comisario general de Policía Judicial para abrirle una investigación…

El inspector jefe dijo que no fue «más allá» porque estaba convencido de que esas actuaciones previas que le habían encargado serían «corregidas» en la jurisdicción penal como consecuencia de la investigación policial que se había puesto ya en marcha. Esas pesquisas, sin embargo, las terminó archivando la Fiscalía.

Según Fuentes Gago, a los dos días de que le hicieran el encargo ya le estaban pidiendo sus superiores «un borrador» y tan sólo dispuso de «dos semanas y media» para realizar un trabajo que requería más tiempo, defendió ante el juez y los fiscales.

F.-¿En algún momento de su informe usted dice que necesita más tiempo para poder analizar la situación de facto que le planteaban?
F. G.-Lo pongo aquí: ‘A tenor de la información que obra en nuestro poder…’. Implícitamente está.
F.-¿Usted dice en algún punto que le falta información o que serían necesarias menos prisas para [obtener] más información?
F. G.-Se lo dije al director un par de veces, le dije que no puedo…
F.-…pero de palabra, no se lo dijo por escrito.
F. G.-No, no.

Para sorpresa del Ministerio Público, Fuentes Gago reconoció que no analizó el objeto social de las empresas a las que estaba vinculado el antiguo agente encubierto porque entendió que ésa no era su función al tratarse de un procedimiento relativo a un posible expediente disciplinario y que su análisis se centró exclusivamente en analizar si aquél tuvo ingresos por su actividad profesional.

«Mera conservación de una empresa»

«La titularidad y administración de una empresa sí puede formar parte del patrimonio personal o familiar que no deriva en incompatibilidad siempre que en el mismo no se realice más actividad de administración que la simple gestión de lo que ya es propio, sin una implicación u ocupación en la empresa en modo que exceda de la mera conservación de una empresa -obviamente generadora de recursos- ya integrada en el patrimonio personal, sin merma de la imparcialidad y la eficacia, lo que -según propia manifestación del interesado- acontece en este supuesto», razonó en el informe.

El fiscal también le afeó que no hubiera realizado una búsqueda por internet acerca de Cenyt Argo (una de las filiales del grupo controlado por Villarejo), lo que le habría permitido leer en la propia web de la empresa que tenía «vínculos operativos e institucionales con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado». «Tenía la obligación de cotejar la información de El País por orden del director general de la Policía», reprochó Ignacio Stampa.

El DAO me dijo: «Haz un informe con lo que puedas y rápido porque lo están pidiendo de arriba»

En un momento del interrogatorio, el representante del Ministerio Público le preguntó si el hecho de haber dado «por bueno» todo lo que había dicho Villarejo en su escrito y no haber comprobado «nada» era en realidad una «cobertura» para no tener que abrirle expediente disciplinario a aquél. «Yo no lo hago con ese objeto», respondió.

Fuentes Gago sostuvo que no tiene «nada que ver» con los hechos que se investigan en el caso Kitchen. Cuando en el verano y el otoño de 2013 se llevaron a cabo los seguimientos a la esposa de Luis Bárcenas para tratar de descubrir dónde escondía el ex tesorero del PP la supuesta documentación comprometedora para altos dirigentes del partido, el inspector jefe ejercía en Santander y le quedaban meses para incorporarse a la DAO en Madrid en comisión de servicio.

«No entiendo esta persecución», mantuvo el mando policial, que ya estuvo imputado durante dos años en la pieza separada del caso del Pequeño Nicolás en la que se investigó la grabación y posterior difusión de una reunión que mantuvieron policías y agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) el 20 de octubre de 2014. Fue desimputado al término de la instrucción. 

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