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Zoido enmienda a Fernández Díaz: Villarejo no tenía permiso para sus negocios privados

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Zoido enmienda a Fernández Díaz: Villarejo no tenía permiso para sus negocios privados
Juan Ignacio Zoido y Jorge Fernández Díaz, cuando se produjo el relevo al frente de Interior en noviembre de 2016.

Juan Ignacio Zoido y Jorge Fernández Díaz, cuando se produjo el relevo al frente de Interior en noviembre de 2016. MINISTERIO DEL INTERIOR

Resumen:

El Ministerio del Interior admite que el comisario ya jubilado José Manuel Villarejo, en prisión preventiva desde noviembre, no solicitó nunca autorización para compaginar su labor como agente encubierto al servicio del Estado con sus negocios privados. Este reconocimiento supone una rectificación en toda regla a Jorge Fernández Díaz, antecesor de Juan Ignacio Zoido en Interior y que durante la pasada legislatura defendió la legalidad de la actuación del mando policial retirado. "En la División de Personal de la Policía Nacional no existe constancia de posibles solicitudes del Sr. Villarejo para compaginar su labor policial con el ejercicio de actividades privadas", expone el máximo responsable de este Cuerpo. El mando policial ya jubilado siempre ha defendido que la cúpula de Interior no sólo conocía su actividad como empresario sino que le conminó en ocasiones a crear sociedades como "cobertura" para investigaciones en las que participó.

El Ministerio del Interior admite que el comisario ya jubilado José Manuel Villarejo, en prisión preventiva desde el pasado mes de noviembre, no solicitó nunca autorización para compaginar su labor como agente encubierto al servicio del Estado con sus negocios privados. Este reconocimiento supone una rectificación en toda regla a Jorge Fernández Díaz, antecesor de Juan Ignacio Zoido en Interior y que durante la pasada legislatura defendió la legalidad de la actuación del mando policial retirado.

«En la División de Personal de la Policía Nacional no existe constancia de posibles solicitudes del Sr. Villarejo para compaginar su labor policial con el ejercicio de actividades privadas, por lo que no se ha tramitado autorización alguna al respecto». Así lo asegura el director general de la Policía, Germán López Iglesias, en su respuesta a una petición de información formulada por un redactor de El Independiente al Portal de la Transparencia del Gobierno.

La contestación de Interior coincide con la posición que mantiene la Fiscalía Anticorrupción en la causa que investiga el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional. En un informe aportado a este procedimiento, cuyo contenido ya desveló este diario, los fiscales Ignacio Stampa y Miguel Serrano defienden que Villarejo desarrolló trabajos privados «sin la previa solicitud de compatibilidad e infringiendo las prohibiciones legales establecidas en la normativa de incompatibilidades que afectan a los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía».

Pese a que la Ley del régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía tifipica este incumplimiento en su artículo 7 como una falta muy grave, el Ministerio del Interior -en la etapa de Fernández Díaz como titular y de Ignacio Cosidó como máximo responsable de la Policía- rechazó la posibilidad de sancionar al controvertido comisario, en prisión desde hace cuatro meses por la posible comisión de delitos de blanqueo de capitales, cohecho y organización criminal por orden del juez.

Años después, la incompatibilidad de Villarejo para desarrollar sus negocios es una de las líneas de investigación que se encuentra más avanzada por el magistrado de apoyo del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, Diego de Egea, y la Fiscalía Anticorrupción. Los investigadores sospechan que el polémico comisario jubilado desarrolló una multitud de negocios opacos sin «los servicios desarrollados en su ámbito empresarial» le hubieran sido «previamente encomendado por los servicios policiales ni por los servicios secretos del Estado».

Después de la polémica suscitada a raíz de que El País informara en marzo de 2015 de que Villarejo estaba vinculado a una docena de sociedades que sumaban un capital social de 16 millones de euros, el antecesor de Zoido ordenó la realización de una información reservada para despejar las dudas. «El informe de la Policía es el que nos debe acreditar efectivamente si todo, como yo presumo salvo que se demuestre lo contrario, se ha hecho en el marco de la estricta legalidad”, justificó Fernández Díaz, que suponía que, como Villarejo había montado sus negocios hacía más de 30 años y habían pasado 10 ministros, el mando policial había contado con la autorización de sus antecesores y directores de la Policía.Oficio en el que la Dirección General de la Policía admite que Villarejo no solicitó autorización para compaginar su labor policial con su faceta de empresario.

Oficio en el que la Dirección de la Policía admite que Villarejo no solicitó autorización para compaginar su labor policial con su faceta de empresario. Aquella investigación interna fue encargada a la Dirección Adjunta Operativa (DAO) -a cuyo frente se encontraba entonces Eugenio Pino, quien a su vez delegó en su jefe de gabinete, el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago- y determinó que era acorde el trabajo de José Manuel Villarejo como agente encubierto y como empresario, por lo que no se adoptó ninguna medida disciplinaria.

Villarejo ingresó en la Escuela de Policía en 1972 y desarrolló una primera etapa en el Cuerpo hasta 1983, cuando solicitó una excedencia que se prolongó durante 10 años. En 1993 se reincorporó como miembro en activo en calidad de ‘agente operativo’ para el desarrollo de trabajos de naturaleza reservada y dependiendo funcionalmente de la Secretaría de Estado de Seguridad, aunque adscrito operativamente a las comisarías generales de Información y de Policía Judicial en función de las tareas encomendadas.

No existe constancia de posibles solicitudes del Sr. Villarejo para compaginar su labor policial con el ejercicio de actividades privadas», dice la Policía

El comisario hoy en prisión siempre ha defendido que nunca ocultó a sus superiores que llevaba a cabo actividades privadas mientras pertenecía a la Policía Nacional, al tiempo que ha mantenido que el Estado se aprovechó de esa estructura empresarial. Sin ir más lejos, fueron los argumentos esgrimidos por su defensa en el recurso de apelación presentado el pasado 8 de febrero para que la Audiencia Nacional decretara su puesta en libertad, petición que la Sección Tercera de la Sala de lo Penal rechazó el pasado viernes.

En dicho escrito, el abogado Ernesto Díaz-Bastien reprochaba que el juez Diego de Egea no valorara que los directores adjuntos operativos (DAO) de la Policía Nacional que se sucedieron desde 1993 hubieran manifestado «por escrito» que «conocían las actividades empresariales del señor Villarejo» y que «permitían a este empresario y a la vez policía» desarrollar «importantes labores para la seguridad del Estado y de los ciudadanos».

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Declaraciones del excomisario Villarejo

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Cuando El Independiente entrevistó el pasado mes de junio al comisario jubilado, éste explicó que fue el propio Ministerio del Interior el que en ocasiones le pidió que constituyese sociedades para llevar a cabo las investigaciones en las que participaba. «En 1983 empecé una excedencia de diez años en la Policía y me impliqué en el despacho de abogados e incluso monté una empresa musical. En esos años me seguían pidiendo favores en la Policía porque mantenía buenas relaciones. En otra ocasión me pidieron que, como en Uruguay había una gran colonia de ETA, montara sociedades allí y la Coca-cola en todos los restaurantes la servía yo. Llegó un momento, año 1993, en que el ministro socialista [José Luis] Corcuera me dijo que estaba trabajando divinamente pero que, como estaba fuera, a mis informes no podían darle la entidad debida y que querían darme el estatus de activo para poder decir que quien informaba era un policía. Yo le dije que tenía mis empresas, mis asuntos… Pero me dijo que se iba a crear una unidad de agentes infiltrados y tú sigues tus empresas como cobertura y cuando te encarguemos alguna función en concreto tú actúas. Eso se hace en todos los países occidentales, con la diferencia de que las sociedades me las he pagado y las he mantenido yo y a los agentes encubiertos de cualquier país les montan el chiringuito. Desde que volví en 1993 nunca fui un policía al uso: nunca tuve despacho, nunca tuve comisaría, nunca dependió de mí nadie y nunca tuve acceso a base de datos porque yo no la quise pedir para no contaminar la información que yo tenía, no tuve coche oficial… Nadie sabía que yo era policía».

Reconocimientos del PSOE y del PP

Mientras Villarejo figuraba como administrador de numerosas sociedades desempeñó comprometidos servicios de Estado por encargo de la cúpula del Ministerio del Interior que se fue sucediendo durante cerca de 25 años, como trabajos de investigación antiterrorista tanto en España como en el extranjero y pesquisas sobre el patrimonio oculto que los Pujol tenían en Andorra (Operación Cataluña). De hecho, él fue la persona que, haciéndose pasar por periodista, convenció a María Victoria Álvarez -ex novia de Jordi Pujol Ferrusola– para que denunciara la fortuna del clan.

Esos servicios le valieron diversos reconocimientos, concedidos tanto por gobiernos socialistas como del PP. Así, fue condecorado con la cruz al mérito policial con distintivo rojo (pensionada) en 2009, cuando al frente del Interior se encontraba Alfredo Pérez Rubalcaba. Idéntica medalla se le otorgó cuatro años después por parte del equipo de Fernández Díaz, que en 2012 le había entregado la encomienda a la dedicación al servicio policial en atención a la «dedicación, lealtad e integridad» durante su trayectoria profesional.

La carrera policial del agente con número de placa 14.773 terminó en junio de 2016, cuando alcanzó la edad de jubilación. Villarejo, imputado también en la pieza separada del caso del pequeño Nicolás en la que se investiga la grabación y difusión de una reunión entre policías nacionales y agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y en el caso en el que se investiga el supuesto apuñalamiento de la dermatóloga Elisa Pinto, estaba decidido a ejercer su pasión frustrada: el periodismo de investigación. Su prioridad en los últimos cuatro meses es lograr que el juez lo ponga en libertad.