Jorge Fernández Díaz, en una comparecencia durante su etapa como ministro del Interior.

Jorge Fernández Díaz, en una comparecencia durante su etapa como ministro del Interior. M. INTERIOR

España

Fernández Díaz, el ministro que nunca sabía nada

El ex titular de Interior negó haber ordenado grabar sus reuniones con el jefe Antifraude de Cataluña y ahora rechaza participación alguna en la 'Operación Kitchen' / El juez, en cambio, lo sitúa en el "centro nuclear" de la operación

«Debo decir que unas grabaciones de unas conversaciones presuntamente privadas, grabadas sin conocimiento de los interlocutores, retenidas durante veinte meses para, a continuación, hacerlas aflorar y difundirlas en los términos en los que se ha hecho (…) estás en una evidente indefensión, no ya sólo porque son ilícitas esas grabaciones, sino porque en el primer momento tengo que reconocer que no sabía de qué iba».

Ésta es la explicación que ofreció en el Congreso Jorge Fernández Díaz el 5 de abril de 2017 cuando compareció en la comisión de investigación sobre la utilización partidista en el Ministerio del Interior acerca de las grabaciones de los dos encuentros que mantuvo en octubre de 2014 con el entonces director de la Oficina Antifraude de Cataluña, el magistrado Daniel de Alfonso. El contenido de las cintas lo difundió el diario Público días antes de las elecciones generales del 26-J (2016), en las que el entonces ministro concurría como número uno por Barcelona en la lista del PP a la Cámara Baja.

«No tengo ni tuve conocimiento. Salvo que se me demuestre lo contrario, me costaría creer que eso es cierto». En junio de 2019, cuando la instrucción del caso Kitchen avanzaba y ya se intuía su posible imputación, Fernández Díaz rechazó cualquier responsabilidad en la operación «parapolicial» -según mantiene la Fiscalía Anticorrupción- que impulsó su departamento para robar presuntamente a Luis Bárcenas documentación comprometedora para altos cargos del PP. Esta vez no lo dijo en el Parlamento sino a un diario (Vozpopuli).

Como en el caso de las grabaciones de sus dos reuniones con De Alfonso, en una de las cuales se le oye decir «Esto la Fiscalía te lo afina» en referencia a una posible investigación sobre la familia Pujol, el ex titular de Interior niega que tuviera conocimiento y mucho menos participación en los hechos que instruye el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón. La puesta en marcha de esta investigación tuvo hace meses consecuencias para él: no fue incluido en las listas al Parlamento europeo en los comicios celebrados en mayo de 2019.

Las grabaciones en Interior

En el escándalo de las cintas, Fernández Díaz aseguró que fue Eugenio Pino -entonces Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía- quien «ordenó» que se grabaran aquellas dos reuniones y quien «dio» los audios al comisario principal Marcelino Martín-Blas -entonces jefe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía y hoy ya jubilado- para que «hiciera la transcripción y el análisis con finalidad operativa». Así lo relata en Cada día tiene su afán, el libro en el que narra su experiencia de 40 años en primera fila de la política.  

El ex ministro dirige ahora el foco de la responsabilidad sobre Francisco Martínez, su antiguo director de gabinete y al que promocionó a la Secretaría de Estado de Seguridad a principios de 2013 tras la renuncia de Ignacio Ulloa. Los dos tendrán que comparecer a final de mes en calidad de imputados en el caso Kitchen, al entender el instructor que los indicios reunidos sitúan el «centro nuclear» de la operación en el Ministerio del Interior.

Fernández Díaz negó que hubiera ordenado grabar las citas con De Alfonso y, como ahora con los SMS, defendió que las cintas estaban «manipuladas»

En un escrito presentado en el juzgado esta semana, la defensa de Fernández Díaz niega que su representado tuviera «participación directa o indirecta» en la operativa con la que se habría tratado de evitar que documentos sensibles llegaran al magistrado que instruye el caso de la caja B del PP, una de las piezas separadas de la macrocacusa Gürtel.

El abogado pide que se revoque la citación del ex ministro como investigado y cuestiona abiertamente la veracidad de los cuatro SMS aportados por Martínez a la causa -protocolizados ante notario- en los que el jefe le daba instrucciones sobre dicho dispositivo policial. Es por lo que pide al juez que ordene la práctica de una prueba pericial que certifique la autenticidad de los mensajes, principal elemento incriminatorio contra él.

«Es indudable que los mensajes de texto son perfectamente manipulables y que los notarios no comprobaron ni pudieron comprobar técnicamente la realidad de las comunicaciones que se les exhibieron», razona el letrado. El juez no ha resuelto aún.

Fernández Díaz también defendió la tesis de que los fragmentos de las grabaciones de su doble cita con Daniel de Alfonso que vieron la luz estaban «manipulados», como defendió en la citada comparecencia del Congreso durante el rifirrafe dialéctico que mantuvo con el diputado del Grupo Mixto Sergi Miquel: «Acepte, como digo yo, un dictamen pericial para ver si yo digo ‘Te lo afina’; yo me someto al dictamen pericial porque tengo tanta convicción en que es falso que yo dijera eso, que espero…».

El 13 de junio de 2019, Francisco Martínez compareció ante el notario de Mahón Alberto Vela Navarro-Rubio para protocolizar varios mensajes que almacenaba en su teléfono móvil. Para el ex alto cargo de Interior, ese mes se produjeron dos circunstancias que encendieron las alarmas, de ahí su decisión de acudir a un fedatario público. Era la garantía de blindarse y poder demostrar llegado el caso que él se limitó a cumplir «instrucciones» de sus superiores en caso de que lo citaran, lo que se confirmó en enero de este año.

No gestionaba los fondos reservados

El 4 de junio, Enrique García Castaño El gordo -ex jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) y ya jubilado- compareció como imputado ante el juez que instruye el caso Kitchen y desveló que entregó un pendrive al entonces número dos de Interior con información que le fue sustraída a Bárcenas. Siete días después, Jorge Fernández Díaz dijo no tener conocimiento del operativo cuando le preguntó el citado diario digital.

Cuestionar la autenticidad de los mensajes no es el único argumento que esgrime el abogado del ex titular de Interior y que afecta a Francisco Martínez. El letrado también recuerda que no era el ministro quien llevaba la gestión y control de los fondos reservados sino la Secretaría de Estado de Seguridad por delegación suya.

La instrucción ha puesto de manifiesto que el espionaje al ex tesorero del PP costó al menos 53.266,22 euros, financiados con cargo a los fondos reservados del Ministerio del Interior. La mayor parte de ese dinero (48.000 euros) es la que se pagó al chófer de la familia Bárcenas Iglesias (Sergio Ríos Esgueva) por su colaboración como confidente policial.  

Levantado ya el secreto de sumario y conocidos los indicios y evidencias reunidos en la sombra por los investigadores durante 22 meses, Martínez y Fernández Díaz tienen una cita a final de mes con el magistrado del caso Kitchen y los fiscales Anticorrupción en la Audiencia Nacional. De ambos testimonios dependerá en gran medida el futuro judicial de otros ex altos cargos sobre los que planea la sombra de la imputación.

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