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Gernika, el Estatuto que aún divide Euskadi tras 41 años de 'pagos dosificados'

Sánchez se compromete a culminar el desarrollo del primer estatuto, aprobado en 1979, y el único aún incumplido. El traspaso de sus competencias también fue utilizado como moneda de cambio por González, Aznar, Zapatero y Rajoy en sus negociaciones.

La secuencia refleja bien el estado de la cuestión. Esta mañana el PSE lo reivindicará y aplaudirá bajo el viejo roble en la Casa de Juntas. Lo hace todos los 25 de octubre, aniversario de su aprobación en referéndum. Casi a la misma hora, en el exterior, a pocos metros de allí, en el mercado que saltó por los aires en el bombardeó de abril del 37, el líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, lo denunciará como una fórmula superada y necesitada de un salto mayor hacia la soberanía. Lo hará sólo 24 horas después de que por la emblemática localidad vizcaína también pasara la cúpula del PP de Carlos Iturgaiz para defenderlo como símbolo de unidad y arraigo con España. Al PNV, el partido mayoritario en Euskadi y que en 1979 defendió con mayor convencimiento su aprobación, en este 41 aniversario del Estatuto de Gernika no se le espera para conmemorarlo; “no se celebran los incumplimientos”, recuerda.

Hace menos de dos meses que Iñigo Urkullu volvió a jurar -por tercera vez- “humilde ante Dios” el cargo de lehendakari. Lo hizo ante el Árbol ‘sagrado’ del autogobierno vasco. Antes, otros tres dirigentes nacionalistas hicieron lo mismo, ellos ante “Dios humillado”: Carlos Garaikoetxea, José Antonio Ardanza y Juan José Ibarretxe. El único lehendakari socialista, Patxi López prometió el cargo ante un ejemplar del Estatuto de Gernika y “ante vosotros, representantes de la ciudadanía vasca”.

El Estatuto vasco fue el primero en aprobarse pero es el último, junto al de Galicia, en renovarse. Otros lo han hecho hasta en tres o cuatro ocasiones. Más de cuatro décadas después no sólo no se ha actualizado, sino que ni siquiera se ha cumplido. Haber sido el primero en tramitarse le otorga el privilegio de abrir rondas autonómicas, ocupar un puesto preferente en la lista de Comunidades Autonómicas o incluso le reserva a la ikurriña un lugar de prevalencia –junto a la bandera española- en la colocación protocolaria de enseñas en actos institucionales. Una preferencia que se debe en realidad a un empecinamiento y a un avión privado alquilado que voló para ser el primero.

Lo contaba el histórico dirigente del PNV, Xabier Arzalluz, en ‘Así fue’ (Ediciones Foca). Relataba cómo el estatuto catalán era el que estaba llamado a ser el primero. Sus trabajos de elaboración estaban mucho más avanzados que lo consensuado por juristas y políticos vascos. Pero en Cataluña al nacionalismo no le gustó del todo su contenido y el president Josep Tarradellas, retornado apenas dos años antes del exilio, “le echo todas las zancadilla que pudo” para ralentizar su presentación. Arzalluz contaba cómo ante ese freno en Cataluña en Euskadi se aceleró la conclusión de su anteproyecto estatutario: “Una delegación vasca, capitaneada por Juan Etxebarria, viajó en avión privado alquilado a Madrid para presentarlo oficialmente, por eso el Estatuto vasco figura como el primero que se presentó, lo que le dio un derecho de prelación”.

Dosificar transferencias

De ese episodio se cumplen ahora 41 años. Un tiempo en el que el Estatuto de Gernika se ha convertido en una de las armas de negociación política más exprimida. El último capítulo de su larga historia de negociaciones se ha producido hace sólo diez días. El Gobierno de Pedro Sánchez ha remitido la actualización del cronograma que en febrero pasado acordó con el Ejecutivo vasco para el desarrollo íntegro del Estatuto. Es el gran compromiso de Sánchez con el PNV. Oficialmente la negociación sobre las competencias es cuestión de gobiernos, de facto, ha sido objeto de intercambio partidario en el Congreso entre el PNV y los sucesivos presidentes: González, Aznar, Zapatero, Rajoy y ahora Sánchez.

De cumplirse los compromisos, al Estatuto de Gernika sólo le quedaría un aniversario más incumplido; el número 42. Antes de finales del próximo año las 29 competencias que siguen pendientes de transferir deberían estar en manos del Gobierno vasco. La última, la referida a la cesión del régimen económico de la Seguridad Social, figura como completada en poco más de un año. El paso previo por ahora comprometido es tener los “estudios para su examen” antes de noviembre de 2022.

Mucho antes, en marzo próximo, el Ejecutivo central debería haber cedido ya la gestión de las prisiones al País Vasco. Para entonces, otra decena de materias menores (ordenación del litoral, paradores turísticos, servicio de meteorología…) también tendrían que estar ya en Euskadi. El grueso llegaría después, entre la primavera y el otoño del próximo año: 17 competencias: líneas ferroviarias, aeropuertos y puertos, régimen electoral municipal, permisos de matriculación…

Un desarrollo íntegro que el PSOE y Sánchez acceden a acelerar a cambio de la lealtad del PNV, convertido en uno de sus socios más fieles. En otros tiempos los socialistas también supieron recurrir al Estatuto de Gernika para pagar apoyos, dosificando a necesidad su desarrollo.

Un estatuto vivo y muerto

Este domingo la secretaria general del PSE, Idoia Mendia reunirá en la Casa de Juntas de Gernika, símbolo foral vasco, a todos los exconsejeros y actuales consejeros –como ella- del Gobierno vasco junto con la dirección del partido. Lo hará para reivindicar que el Estatuto de Gernika “está más vivo que nunca”: “Hay que celebrarlo por encima de quienes lo daban por muerto o quienes nos mataban por defenderlo”, aseguró esta semana ante la dirección del PSE.

El líder de EH Bildu también se referirá a pocos metros de allí al Estatuto que en 1979 la izquierda abertzale no apoyó y que hoy sigue considerando insuficiente para las aspiraciones soberanistas del pueblo vasco. “Ha llegado el momento de decir basta”.

Este sábado el PP lo reivindicó como símbolo “del foralismo constitucionalismo y la libertad”. El pasado 5 de julio lo hizo su líder Pablo Casado junto con la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, en un acto que selló la alianza en Euskadi entre ambas formaciones.

Aquel acto electoral escenificó con claridad las diferencias de consideración e interpretación que 41 años después aún suscita el Estatuto vasco. La valoración por el amplio espectro político vasco oscila entre el agotamiento crónico con el que lo califica la izquierda abertzale, el desgaste que subraya el PNV, la viveza “más que nunca” que destacan los socialistas y el emblema “del foralismo constitucional” que enarbolan los populares.  

Es en realidad una fotografía fracturada que ya se plasmó el 25 de octubre de 1979, durante el referéndum que debió ratificarlo. La discreta participación del 58% y el 41% de abstención reveló que aquel documento que debía dar forma a la Euskadi democrática e institucional tras 40 años de dictadura no suscitaba una euforia generalizada. Alianza Popular defendió el No, la UCD el Sí, como el PNV y el PSE-EE, y Herri Batasuna la abstención.

Freno a su renovación

Hoy la mayoría de la ciudadanía vasca dice estar satisfecha con el Estatuto. El 83%, según el último Euskobarómetro, plena o parcialmente. Un tercio de la población se conformaría con su cumplimiento íntegro y uno de cada cuatro cree que urge su reforma para dotarlo de mayor grado de autogobierno. Una norma sobre la cual se dio músculo a la autonomía vasca con la recuperación de sus instituciones forales, sus haciendas, el Concierto Económico, la creación de un modelo educativo propio, un sistema sanitario, la Ertzaintza, etc.  

Por el momento, su cumplimiento parece cercano, su superación no tanto. En marzo de 2014 el Parlamento Vasco constituyó la Ponencia de Autogobierno que debía aprobar una propuesta de nuevo estatuto que diera el relevo al de Gernika. Casi siete años más tarde el proyecto está aún en fase de propuestas cruzadas. La legislatura pasada se cerró con la presentación de tres documentos de textos articulados del nuevo ‘estatus’ vasco. Tres conceptos de la senda que Euskadi debería de recorrer: hacia la independencia, hacia un modelo confederal con el Estado o hacia la renovación de la alianza con España.

El juego de trincheras entre izquierda abertzale, partido popular y la alianza con muchos matices de PNV, PSE y Podemos no augura una sencilla reactivación de los trabajos en esta recién estrenada XII legislatura.  Tampoco lo hace la difícil situación sanitaria y económica que ha relegado el debate soberanista en favor de la recuperación social y financiera.

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