La vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia, Carmen Calvo.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció este miércoles que el IVA de las mascarillas bajará del 21 % al superreducido del 4 %, una medida que se complementará con la reducción del precio máximo de venta de dichas, actualmente fijado en los 0,96 céntimos. Hasta ahora, el Ejecutivo había rechazado hacerlo porque aseguraba que podría incurrir en una ilegalidad e incumplir la normativa europea, e incluso acusaba a otros países europeos de haberlo hecho. Sin embargo, la Comisión ya había aclarado el pasado 5 de mayo a todos los Estados miembro que tenían vía libre para abordar estas reformas. Pese a ello, el Gobierno no realizó ninguna consulta oficial a Bruselas sobre el asunto hasta el 6 de noviembre.
La rebaja o la eliminación del IVA de las mascarillas ha sido una reclamación insistente de la oposición a la que el Gobierno, hasta ahora, no había accedido. Este mismo martes, El Mundo informó de que se había rechazado una propuesta en este sentido citando un informe que esgrimía argumentos económicos: «Si se supone un consumo diario de 50 millones de mascarillas al día, el coste anual de la rebaja de tipo del 21% al 4% supondría 1.568 millones de euros de menor recaudación al año».
"Somos un Gobierno sensible, atento y que atiende los problemas de la gente", afirmó horas después la ministra de Hacienda. Esta decisión se aprobará el próximo martes por Real Decreto-ley y complementará la exención del IVA de la que ya disfruta el material sanitario de protección personal (mascarillas, geles desinfectantes o guantes) en las compras por parte de centros hospitalarios, administraciones públicas o entidades sociales sin ánimo de lucro.
Esperando "el visto bueno" de Bruselas
El argumento de precaución del Gobierno choca con los documentos oficiales de Bruselas, pues fue la propia Comisión Europea quién avaló la reducción el 5 de mayo con un documento en el que permitía a los estados miembros "relajar las tasas" en todos los productos que tuvieran una conexión con el Covid-19. La UE matizó la normativa para señalar que los países que aplicasen la decisión de reducir el tipo impositivo de las mascarillas no serían sancionados.
La base de la polémica está en la lista armonizada de productos a los que se puede aplicar un IVA reducido. Actualmente están tasados, y no incluyen a las mascarillas. Pero en el año 2018 la propia Comisión propuso una reforma para eliminar esa lista y permitir libertad a los Estados miembro. Aunque la reforma todavía no se ha aprobado, la Comisión recordó en ese documento del 5 de mayo que, desde 2016, mantiene que no sancionará a países que incumplan normativas pendientes de aprobación por el Consejo, y cuya versión final haría legal las conductas sancionables.
Este marco normativo europeo, que habían aplicado ya numerosos países de la Unión, había pasado desaparecido para el Gobierno español, que defendía que no podía aprobar dicha medida porque la directiva europea lo impedía. Montero sólo ha explicado que la Comisión Europea le notificó ayer "por escrito" que no iba a multar a España por bajar la tasa de las mascarillas desechables y que la decisión estaba en standby porque se esperaba que Bruselas diera el visto bueno.
Adriana Lastra, la vicesecretaria general del Partido Socialista, había anunciado la misma mañana en el programa La hora de la 1 que España "fue el país que actuó primero en el precio de las mascarillas" al poner un precio máximo que además "fue muy criticado por los economistas neoliberales que decían que no iba a haber mascarillas en el mercado".
Aunque admitió que "hay otros países que están eliminando el IVA de las mascarillas", siguió la estela de Montero al añadir que "hay una directiva europea que lo impide". "Lo que hemos hecho desde el Gobierno ha sido ponernos en contacto con la Comisión Europea, valorar qué distintas medidas se pueden aplicar para que siga bajando el precio de las mascarillas", añadió.
España, de los pocos países que mantenía el 21%
En Portugal el IVA de las mascarillas está fijado al 6 %, en Francia, al 5,5 %, en Alemania al 5 %, y en países como Italia, Bélgica o Países Bajos están exentas de este impuesto.
Dicen que las comparaciones son odiosas y dichos datos han generado numerosas críticas al Gobierno por parte de formaciones como el PP o Ciudadanos, aunque las reacciones a la noticia han sido dispares entre ambos partidos.
El PP ha acusado al Gobierno de recaudar más de mil millones de euros en ventas de mascarillas "mientras mentía" sobre la imposibilidad de bajar las tasas en dicho producto. "Es la cuantía de ocho meses de mentiras. Mientras se mentía se recaudaba", ha afirmado Cuca Gamarra, portavoz del PP en el Congreso.
La exministra de Sanidad, Ana Pastor, también ha cargado contra el Ejecutivo en su cuenta de Twitter, donde ha declarado que el "Gobierno ha tardado 8 meses en anunciar la bajada del IVA de las mascarillas. Siempre tarde".
El vicesecretario de Comunicación de los Populares, Pablo Montesinos, también piensa que el Ejecutivo "solo acierta cuando rectifica" y se pregunta cuándo entrará en vigor la medida.
Edmundo Bal, portavoz adjunto de Ciudadanos, ha sido más neutro y ha felicitado al Gobierno por la noticia tras subrayar que su grupo llevaba meses reclamándola. Siguiendo esa estela, la presidenta de la formación naranja, Inés Arrimadas, ha manifestado que es "una buena noticia que el Gobierno rectifique e impulse al fin esta medida", algo que su partido llevaba pidiendo "desde junio".
Una medida "necesaria, pero insuficiente"
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) también ha recibido con brazos abiertos que el Gobierno haya decidido implementar dicha reducción, pero considera que debería haberse aplicado antes. Para más inri, la OCU considera que las mascarillas deberían estar exentas de IVA y ha pedido al Ejecutivo que la bajada de precio máximo se considere "en todas" y no solo en las quirúrgicas.
El portavoz de Facua, Rubén Sánchez, considera que el precio máximo de las mascarillas quirúrgicas debería ser de diez céntimos, y por eso cree que bajar el IVA al 4 % "era una medida necesaria, pero absolutamente insuficiente".
Por su parte, el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha pedido que la reducción del tipo impositivo se aplique también a los geles hidroalcohólicos, un elemento que considera "indispensable para contener y controlar la enfermedad, preservar el sistema sanitario y proteger la salud pública".
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