España CRISIS DEL CORONAVIRUS

Las sanciones por incumplimientos en el estado de alarma superan los 144 millones

Las delegaciones del Gobierno han iniciado hasta ahora 200.000 expedientes sancionadores, una sexta parte de las denuncias presentadas por los cuerpos policiales por no respetarse las limitaciones de movimiento / Andalucía totaliza una cuarta parte

Agentes de la Policía Nacional, en un control de movilidad a la entrada de la localidad balear de Manacor.

Agentes de la Policía Nacional, en un control de movilidad a la entrada de la localidad balear de Manacor. EP

El número de expedientes sancionadores iniciados por las delegaciones del Gobierno tras las denuncias interpuestas por los cuerpos policiales durante el estado de alarma rozan los 200.000, superando las cuantías propuestas los 144 millones de euros. Con diferencia, Andalucía es la comunidad en la que se contabilizan más infracciones castigadas económicamente.

Así se detalla en la respuesta que la Dirección General de la Administración General del Estado en el Territorio -dependiente del Ministerio de Política Territorial y Función Pública- ha ofrecido en respuesta a una petición de información realizada a través del Portal de la Transparencia. Los datos alcanzan hasta el 5 de noviembre y no incluyen los relativos a Cataluña, comunidad que ostenta la competencia sobre procedimientos sancionadores.

Concretamente, las sanciones cursadas en 16 de las 17 comunidades y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla ascienden a 199.917, de lo que cabe deducir que tan sólo se ha terminado tramitando una sexta parte de todas las que se impusieron (en torno a 1,2 millones) por incumplir las medidas restrictivas de circulación incluidas en el decreto que reguló el estado de alarma entre el 14 de marzo y el 21 de junio.

Incumplir el confinamiento domiciliario, las limitaciones de movimientos o no usar mascarillas en aquellos espacios en los que es obligatorio se considera desobediencia, lo que la Ley de protección de la seguridad ciudadana -más conocida como Ley mordaza– tipifica como infracción grave en su artículo 36.6: «La desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación».

Las delegaciones del Gobierno han iniciado 200.000 expedientes hasta ahora, un 17 % de todas las propuestas de sanción

De acuerdo con los datos facilitados por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, el 25,26 % de los expedientes iniciados (50.508) corresponde a propuestas de sanción que interpusieron la Policía Nacional, la Guardia Civil y las policías locales en Andalucía. A 1 de junio, aquéllas ascendían a 187.084, lo que da una idea del porcentaje que finalmente se ha tramitado.

Uno de los muchos sancionados en esta comunidad fue Joaquín de Bélgica, que incumplió la cuarentena de 14 días que debían guardar los extranjeros que llegaban a España y asistió en Córdoba a sendas fiestas los días 25 y 26 de mayo: una en una finca de Hornachuelos y otra en una vivienda del barrio de El Brillante, en la capital. La Subdelegación del Gobierno impuso al sobrino del Rey Felipe de Bélgica una sanción de 10.400 euros, si bien se acogió a la modalidad de ‘pronto pago’ y tan sólo tuvo que abonar 5.200 euros.

Tras la andaluza figuran otras dos regiones costeras: Canarias (31.153) y la Comunidad Valenciana (21.784). A éstas le siguen Castilla y León (20.974), Castilla-La Mancha (17.014), Galicia (13.167), Murcia (7.182) y Extremadura (4.901). Incluyendo a las ciudades autónomas, el número de expedientes sancionadores en Madrid (4.726) es el noveno más bajo de todo el país, superando tan solo a La Rioja (4.161), Cantabria (4.115), Asturias (3.832), Baleares (3.609), Navarra (3.157), Melilla (2.622), Ceuta (1.800) y el País Vasco (148).

Propuestas de sanción en Cataluña

De Cataluña no ha trascendido el número de expedientes que se han tramitado, pero sí las propuestas de sanción registradas durante la primera declaración del estado de alarma. En respuesta a una pregunta escrita del diputado de EH-Bildu Jon Iñarritu, el Gobierno las cifró en 151.669. De éstas, el 97 % (147.130) fueron formuladas por los Mossos d’Esquadra y las policías locales.

La Ley mordaza asigna a los delegados del Gobierno la competencia para la tramitación de los procedimientos sancionadores. En el caso de Cataluña y el País Vasco, una vez que el ministro del Interior dejó de ostentar el mando único el 24 de mayo, sus policías autonómicas pasaron a comunicar las multas a sus respectivas consejerías en atribución de las competencias que poseen en materia de seguridad ciudadana.

En cuanto a la cuantía de las sanciones iniciadas hasta principios de este mes, el importe asciende a 144.069.676 euros, lo que arroja una media de 720,6 euros por propuesta. De la cantidad total, las actuaciones llevadas a cabo en Andalucía (39.418.196 euros) representan el 27,3 %. Le siguen Canarias (26,4 millones), la Comunidad Valenciana (15,25 millones) y Castilla y León (13,83 millones).

Política Territorial y Función Pública ha derivado al Ministerio de Hacienda el apartado de la solicitud de información tramitada a través del Portal de la Transparencia en el que se requería el importe del dinero que ya se haya ingresado en el Tesoro Público, sin que se haya ofrecido aún la respuesta. De recaudarse en su totalidad, los 144 millones de euros darían para comprar -por ejemplo- 200 millones de unidades de mascarillas quirúrgicas al precio máximo que el Gobierno aprobó el pasado jueves (0,72 euros).

Andalucía es la comunidad en la que la cuantía de las sanciones tramitadas alcanza el mayor importe

Excluidas Cataluña y el País Vasco por la razón antes señalada, Madrid es la decimotercera comunidad atendiendo al montante económico de las sanciones tramitadas: 2,87 millones de euros. Tan sólo supera a dos regiones mucho menos pobladas -Cantabria (2,41 millones de euros) y Navarra (1,93 millones de euros)- y a las ciudades autónomas de Melilla (1,57 millones de euros) y Ceuta (1,01 millones de euros).

Entre los 4.726 expedientes sancionados a los que ha dado curso la Delegación del Gobierno en Madrid no figura la relativa a Mariano Rajoy, que, como informó La Sexta, se saltó el confinamiento para hacer ejercicio en los aledaños de su casa. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, llegó a confirmar que se estaban realizando las «investigaciones oportunas para comprobar» si el ex presidente del Gobierno se había saltado las limitaciones acordadas.

El pasado 14 de abril, justo un mes después de que entrara en vigor el estado de alarma con el que el Gobierno frenó la expansión del coronavirus, Interior emitió un documento orientativo con los criterios de graduación de las propuestas de sanción a fin de que las delegaciones del Gobierno pudieran homogeneizar su actuación en la tramitación de los expedientes ante casos similares.

De 601 a 10.400 euros

Así, para un desplazamiento no autorizado sin la existencia de circunstancias concurrentes se proponía una sanción de 601 euros, la mínima prevista. Esa cuantía se duplicaba en el caso de que se constatara una persistencia en la vulneración de la restricción establecida.

La realización de actividades no permitidas en establecimientos comerciales o industriales se penalizaría con 2.000 euros, si bien ello dependería de la reiteración. Algo mayor era el castigo en el caso de que se detectara la presencia de menores o personas con discapacidad en el interior de un vehículo sin causa justificada: 1.500 euros.

En el caso de los desplazamientos no autorizados a las segundas residencias, se proponía una sanción de 1.500 euros, al igual que si el infractor trataba de forma deliberada de evitar o dificultar su identificación. Si el acta se levanta por la organización o participación en actividades en común como festejos y celebraciones, como en el caso del príncipe de Bélgica, la propuesta es de 10.400 euros. Es el mismo importe que en el caso de que el infractor -sin llegar a constituir infracción penal- tuviera una actitud violenta o amenazante hacia el agente de la autoridad interviniente.

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