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Suspensión electoral: la nueva batalla judicial entre independentistas y PSC

Pere Aragonés firma el decreto de suspensión de las elecciones en Cataluña Rubén Moreno

El Diario Oficial de la Generalitat (DOGC) debe publicar este sábado el Decreto 1/2021 de la Generalitat que «deja sin efecto la celebración de las elecciones al Parlament de Cataluña» previstas para el 14F. El Govern independentista ha calcado en su prórroga electoral la fórmula utilizada en su día por el lehendakari Íñigo Urkullu para suspender las elecciones en el País Vasco, la misma que utilizó también Alberto Núñez Feijoo para posponer las elecciones gallegas.

Pero en Cataluña no se ha impuesto la unanimidad que acompañó a los presidentes autonómicos de Galicia y País Vasco. Los socialistas catalanes cuestionan la fórmula, en la que el Govern prevé permitir la presentación de nuevas candidaturas. Y Vox ya ha anunciado que estudiará el decreto. «Si existe algún resquicio legal, lo recurriremos» advirtió Santiago Abascal este viernes desde Barcelona.

«Los socialistas nos oponemos al aplazamiento de las elecciones y más aún si es para llevarlas al 30 de mayo, porque no es una decisión en base a criterios epidemiológicos» advirtió Miquel Iceta tras la reunión de Govern y partidos en el Parlament, de la que ERC salió hablando de una decisión adoptada por «unanimidad».

Aplazamiento electoralista

El líder del PSC cuestionó los criterios sanitarios en los que se ampara el ejecutivo independentista, señalando que las previsiones del propio Departamento de Salud sitúan el pico de la tercera ola del coronavirus el 19 de enero, con tiempo suficiente para revertir la situación. Y el responsable de premsa de JxCat daba la razón a los socialistas en twitter con un comentario que ha encendido las redes.

«Ahora tenemos más tiempo para ganar bien» afirmaba Pere Martí tras confirmarse la prórroga electoral hasta el 30 de mayo. En los últimos días, tanto desde JxCat como sobre todo en ERC han criticado abiertamente la postura del PSC, al que acusan de «electoralismo» por rechazar un aplazamiento electoral que pone en riesgo el «efecto Illa» conseguido por los socialistas con la candidatura del ministro de Sanidad, Salvador Illa.

El comentario de Martí confirmaba que la nueva prórroga electoral beneficia a los planes de JxCat. Pero lo que realmente preocupa a los socialistas, una vez aceptada por inevitable la prórroga electoral, son las condiciones en las que se retomará el proceso electoral tras las vacaciones de Semana Santa.

Pere Aragonés avanzó ayer en la reunión de partidos que la intención del Govern es revisar en abril no sólo el censo electoral, sino también las candidaturas. Con una salvedad: Se convalidarán las candidaturas ya presentadas, pero se abre la puerta a que las que no consiguieron avales suficientes lo hagan entonces. Y se permitirán también nuevas coaliciones electorales. Junts tendrá así tiempo para explorar nuevas alianzas, bien recuperando la entente con PDeCat o bien con la CUP, que les permita recuperar el terreno perdido frente a ERC y el PSC.

Recurso judicial

«Leeremos el decreto de convocatoria con mucha atención» advirtió Iceta, que no quiso avanzar la presentación de un recurso, pero dejó la puerta más que abierta a esa opción. «Sería cambiar las reglas del juego a mitad de partido» denuncian los socialistas. «Es la manera de garantizar tanto el derecho activo como el pasivo al voto» defienden desde el Govern para avalar la medida.

El catedrático de Derecho Constitucional Xavier Arbós señala que, ante el vacío legal en el que se adopta la decisión de posponer las elecciones, el Govern debería ser lo más fiel posible al precedente sentado por los comicios de País Vasco y Galicia, puesto que no ha habido ningún recurso ni decisión judicial que lo cuestione. «Lo más razonable sería seguir las mismas pautas de Galicia y el País Vasco» apunta Arbós.

Y en segundo lugar, «establecer los mínimos cambios posibles». Esto es, mantener la vigencia de todos los actos legales realizados, desde la acreditación de avales por parte de los partidos sin derechos electorales -el caso de JxCat, Vox y PNC- a las candidaturas presentadas o las coaliciones formalizadas, como la de la CUP y Guanyem.

Seguridad jurídica

En este contexto, el jurista ve serios riesgos en la posibilidad de reabrir el proceso de recogida de avales o la presentación de nuevas coaliciones. «O retomamos el proceso en el punto en el que está ahora, o partimos de cero» advierte Arbós, lo que representaría iniciar de nuevo todo el proceso.

Es lo que sucedió en el País Vasco y Galicia, donde decayeron todas las candidaturas y coaliciones proclamadas. «La suspensión de las elecciones es una limitación de un derecho electoral» recuerda Arbós, por lo que «hay que tener mucho cuidado con garantizar la seguridad jurídica» del proceso, y «alejarse de los precedentes y lo ya validado es un riesgo» en este sentido.

Tres decretos

El decreto aprobado este viernes «deja sin efecto» la convocatoria del 14F y fija nuevos comicios el 30 de mayo «previo análisis de las circunstancias epidemiológicas». Pero no entra en el detalle de cómo se retomará el proceso electoral. Será el 6 de abril, si el coronavirus no lo impide, cuando el Govern apruebe el nuevo decreto de convocatoria de elecciones, y el de medidas de acompañamiento, cuando el PSC tomará una decisión definitiva sobre un eventual recurso.

«No me atrevo a extender cheques en blanco, si solo es un cambio de fecha no vamos a objetar, lo que vamos a objetar son cambios de las reglas del juego» advierte Iceta. El PSC asume la actualización del censo electoral, pero no de las candidaturas. «A los partidos que se han presentado con determinadas candidaturas el cambio de fecha no los habilita a cambiarlas». La polémica está servida.

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