Imagen de Villarejo, Eugenio Pino y Marcelino Martín Blas, imputados en el caso Kitchen

Carmen Vivas

España

La guerra de comisarios vuelve a la Audiencia Nacional con 'Kitchen'

El antiguo Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino implica en el operativo al ex jefe de la Unidad de Asuntos Internos Marcelino Martín-Blas, igual que dejó escrito Villarejo cuando aún estaba en activo

La investigación sobre el operativo de espionaje desplegado desde la Policía alrededor del ex tesorero del Partido Popular Luis Bárcenas y su familia entre 2013 y 2015 para recuperar, supuestamente, documentación comprometedora para dicho partido en sus manos y evitar que llegara al juez que investigaba el caso Gürtel reaviva las históricas rencillas entre quienes ocuparon los puestos de máxima responsabilidad en la cúpula policial durante el Gobierno de Rajoy y ahora están jubilados e investigados en la Audiencia Nacional por su presunta participación en dicha operación, denominada Kitchen.

Se trata del comisario ya jubilado y hoy en prisión preventiva José Manuel Villarejo y del ex jefe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía (área dedicada a investigar a otros policías) Marcelino Martín-Blas. Precisamente en las fechas que se habría llevado a cabo la operación Kitchen, Martín-Blas impulsó dos investigaciones -la del caso Emperador alrededor de la organización criminal del empresario chino Gao Ping y la del caso Nicolás, sobre las andanzas del joven Francisco Nicolás Gómez Iglesias que se hizo pasar por agente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y asesor de vicepresidencia del Gobierno- en las que apuntó hacia prácticas corruptas de Villarejo y otros agentes de su órbita.

Algunos de esos agentes están ahora investigados en el caso Tándem de la Audiencia Nacional como miembros de una «red mafiosa policial» o «red parapolicial» -según la describen los fiscales Anticorrupción- liderada por Villarejo. Según la acusación, éstos habrían recibido dádivas y dinero en efectivo por facilitar al comisario datos confidenciales a los que podían acceder por sus puestos para que sacara adelante trabajos privados a empresas del Ibex-35 pagados con cantidades millonarias en su empresa privada Cenyt mientras seguía en activo en el Cuerpo. Así lo sostienen los investigadores en las distintas piezas en las que se desgrana la macrocausa contra él y en la que ya se le piden penas de 100 años de cárcel.

Desde las investigaciones Emperador y Nicolás, Villarejo entendió que Martín-Blas era su enemigo y denunció ante sus responsables en la Policía, que finalmente le destituyeron, que «trabajaba para el CNI», que «fabricaba pruebas en causas criminales» o que hacía «gestiones de máximo secreto para la dirección del PP ajenas a funciones policiales».

Así se puede leer en una denuncia redactada por Villarejo en enero de 2015 en la que también dejó caer que Martín-Blas sabía que la Policía captó a Sergio Ríos, chófer de Bárcenas y persona de su máxima confianza, como confidente o informador del operativo Kitchen. «Sabe perfectamente que los números a que se refiere los emplea el denunciante (refiriéndose a sí mismo) para ocultar su identidad, entre otros, con colaboradores de gran nivel de riesgo y sensibilidad como es Sergio López (‘Cocinero’) y otros» se puede leer en dicho escrito que ha salido a la luz esta semana, cuando Martín-Blas tenía que volver a declarar en la Audiencia Nacional como investigado para despejar si participó en el operativo de espionaje policial a Bárcenas o no. Forma parte de un informe que la Policía realizó, buscando en los archivos requisados a Villarejo en su detención, y en el que recogió la información que hubiera de la posible relación de Martín Blas con Kitchen, como pidió el juez. Un informe, por cierto, del que García-Castellón ha ordenado retirar información por contener secretos de Estado.

Pino, jefe de los dos comisarios enfrentados

Martín-Blas asegura que no participó en el operativo. El juez le mantiene imputado y quiere escucharle porque unos documentos del Ministerio del Interior sitúan un coche de la Unidad de Asuntos Internos que él dirigía en las proximidades de la casa de los Bárcenas en las fechas en que otros policías vigilaban la zona. Un agente de dicha unidad que utilizó el mencionado coche declaró como testigo que sí hizo algún seguimiento a la esposa de Bárcenas, Rosalía Iglesias. Su jefe Jesús Vicente Galán, subordinado de Martín-Blas, dijo que éste le había encargado ir a vigilar un Citroën C4 negro por la zona de casa de Bárcenas en esas fechas.

Cuando el juez citó como investigado a Martín-Blas en febrero de 2019 lo hizo basándose en la declaración del ex Director Adjunto Operativo (DAO), o número dos de la Policía, Eugenio Pino, a quien atribuye haber puesto en marcha el operativo. Bajo su mando estaban tanto Villarejo como Martín-Blas, puesto que era el máximo responsable operativo de la Policía. A partir de 2013 el ex jefe de Asuntos Internos entendió que Pino y Villarejo estaban compinchados y le tendían trampas para apartarle de su responsabilidad.

Mientras el enfrentamiento que mediáticamente ya se conoce como la guerra de comisarios entre Martín-Blas y Villarejo es conocido, hasta la investigación de Kitchen Pino y el ex jefe de Asuntos Internos nunca habían entrado en liza. Sin embargo, durante sus declaraciones en sede judicial Pino implicó a Martín-Blas en el operativo llegando a afirmar que había hecho entregas de dinero al chófer Sergio Ríos, aunque después se desdijo.

Martín-Blas pide que un médico forense reconozca a Pino para ver si padece un «trastorno psicológico» que «condicione su percepción de la realidad o sus recuerdos»

Martín-Blas, a través de su defensa, ha presentado un escrito ante el instructor Manuel García-Castellón -al que tuvo acceso El Independiente– en el que pide que un médico forense reconozca a Pino para ver si «padece algún trastorno neurológico, psiquiátrico, psíquico o de la personalidad que condicione su percepción de la realidad o sus recuerdos, de tal forma que el relato de los hechos que hace en sus declaraciones no se corresponde con lo realmente sucedido». También recuerda que Pino, además, en declaraciones de otras causas judiciales se ha referido a la «manifiesta animadversión que reconoce sentir hacia D. Marcelino Martín-Blas». Éste dice que la propia defensa de Pino puso de manifiesto «episodios de amnesia global transitoria».

En cuanto a lo que declaró su subordinado Galán, dice que es mentira y le relaciona con Pino, quien le propuso, según expone también en su escrito, como agregado en la Embajada de España en Mauritania y para que se le concediera una cruz al mérito policial con distintivo rojo (pensionada).

Vuelven los fantasmas del pasado

Así, la investigación alrededor del operativo policial de espionaje a Bárcenas (se investiga si encargado por el Gobierno de Rajoy) trae de nuevo a escenario los fantasmas del pasado de los comisarios que tuvieron el mayor control de la Policía y ahora están jubilados, como son los casos del pendrive de Pujol (ya juzgado y con sentencia absolutoria para Pino), caso Nicolás o doctora Pinto y Javier López Madrid.

No en vano en noviembre, meses antes de someterse al primer juicio por calumnias contra el ex director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Félix Sanz Roldán, Villarejo presentó al juez de Tándem un escrito de 100 páginas en el que relata su propia versión de un sinfín de hechos en los que se presenta como protagonista de las operaciones más sensibles de Estado ocultadas de manera conspiranoica por poderes oscuros que quieren mantenerle preso, según asegura. De paso, volvió a hacer un traje a Martín-Blas insinuando que se sintió maltratado por la ex secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, a la que la Fiscalía pidió investigar también en la operación Kitchen.

Villarejo afirmó en dicho escrito que Martín-Blas se disputó el puesto de DAO con Pino pero que el segundo fue nombrado por Cosidó en detrimento de Martín-Blas, que «carecía de la mínima formación universitaria y por el historial de fracasos en los anteriores destinos, pese a ser de un bajo rango como Comisario de distrito».

Los casos que desataron la «guerra»

El enfrentamiento entre Martín-Blas y Villarejo tiene su origen en 2013, cuando el segundo era un agente operativo adscrito a la Dirección Adjunta Operativa -al frente de la que se encontraba Eugenio Pino- y el primero dirigía la Unidad de Asuntos Internos de la Policía.

En septiembre de aquel año, Martín-Blas presentó un informe ante la Fiscalía Anticorrupción en el que exponía una supuesta connivencia de varios comisarios de Policía -entre ellos Carlos Salamanca, próximo a Villarejo- con el empresario chino Gao Ping. Incluyó en la relación presuntamente delictiva al hijo de Villarejo, José Manuel Villarejo Gil.

A partir de entonces, el jefe de Asuntos Internos sospechó que Pino y Villarejo le tendían trampas para atribuirle comportamientos irregulares en su trabajo. En 2014, Eugenio Pino encargó a Martín-Blas que investigara a un joven (Francisco Nicolás Gómez Iglesias, más conocido como el Pequeño Nicolás) que se hacía pasar por asesor de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y agente del CNI.

El trabajo le costó a éste el puesto como jefe de Asuntos Internos, después de que enviara al juzgado que instruía las diligencias un informe «falso a sabiendas» -dijo Eugenio Pino- en el que identificaba a Villarejo como la persona que aparecía junto a Gómez Iglesias en un parque madrileño y destacaba que el joven había declarado que conocía al comisario. Por eso tenía algunas anotaciones sobre él.

Menos de un mes después de haberle cesado, el entonces instructor del caso, Arturo Zamarriego, puso a Martín-Blas y al inspector jefe Rubén Eladio López, subordinado suyo, en una comisión judicial para que siguieran con la investigación del Pequeño Nicolás prohibiéndoles comunicar a sus superiores cualquier dato que consiguieran.

Otra de las razones por las que Pino había pedido que el director general de la Policía que apartara a Martín Blas como jefe de Asuntos Internos fue su participación en una reunión con dos agentes del CNI -celebrada en la tarde del 20 de octubre de 2014– que fue grabada y posteriormente difundida por los medios de comunicación. El esclarecimiento de la autoría de dicha grabación centró el trabajo de la comisión judicial del caso Nicolás, cuya disolución había solicitado sin éxito el fiscal en varias ocasiones al apreciar falta de apariencia de imparcialidad: dos de los tres policías víctimas de la grabación eran los que investigaban los hechos. Sólo se desmanteló tras la marcha del juez Zamarriego a la Sección 23 de la Audiencia de Madrid en marzo de 2017 y la llegada de una nueva magistrada.

La grabación de la reunión con el CNI

Previamente, en un informe presentado antes del verano de 2016, Martín-Blas había pedido al instructor que citara a declarar como responsables de haber hecho esa grabación tanto a Eugenio Pino como a José Manuel Villarejo. Mantuvo que se había analizado el tráfico de llamadas y la única que «había entrado en el entorno de esa reunión a esa hora y ese día» procedía de un periodista de Información Sensible (Carlos Mier), diario digital vinculado a la esposa del comisario José Manuel Villarejo. Ello demostraría, desde su punto de vista, que el policía hoy preso estaba detrás de esa grabación.

Aunque la investigación de los hechos fue polémica y la Fiscalía consideró que era prospectiva, en el escrito de acusación mantuvo que al llamar el periodista al comisario se «activó algún tipo de aplicación informática sin que pudiera ser advertido por el sr. Martín-Blas». Fue después de que una empresa proveedora del Centro Criptológico Nacional (CCN) expusiera en un informe que hay programas que permiten instalar software espía en los teléfonos.

En el escrito que Villarejo entregó al juez en noviembre de este año, también quiso dar su versión sobre estos hechos. «Acusarme de haber empleado un programa espía que había puesto el DAO Pino y el comisario García Castaño en el teléfono de Martín Blas para grabar una conversación con miembros del CNI sobre el sumario secreto que investigaban demuestra el grado de desprecio a la verdad que impera en un país, en teoría con un garantista estado de derecho. Al final, aunque no había programa cuando analizaron el teléfono, se me ha imputado como inductor de la colocación del programa ‘fantasma’ y no se persiga a los autores en teoría materiales que según dicen fueron quienes instalaron y que nunca fueron imputados a diferencia de a mí que lo fui siempre. Siguiendo la consigna de mis perseguidores, nunca se acusa a los supuestos autores materiales de los hechos, pero sí a mí por ser el supuesto inductor al convencerlos de que delinquieran para mí … planteamientos que exponen sin ningún atisbo de rubor».

Los comisarios jubilados parecen no estar dispuestos a bajar sus lanzas, tampoco en el último caso que les enfrenta, la investigación que el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional instruye desde hace más de dos años con el nombre de Kitchen.

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