España BALANCE DE 2020

Transparencia estimó 387 reclamaciones contra el Gobierno por negar información

Interior volvió a ser con diferencia un año más el ministerio más opaco, seguido de Sanidad y Presidencia / El Ejecutivo sigue meses después sin cumplir muchas de las resoluciones con las que el CTBG amparó las peticiones de ciudadanos

De izquierda a derecha, Grande-Marlaska (Interior), Salvador Illa (hoy ex ministro de Sanidad), Carmen Calvo (Presidencia), María Jesús Montero (Hacienda) y José Luis Ábalos (Transportes).

De izquierda a derecha, Fernando Grande-Marlaska (Interior), Salvador Illa (hoy ex ministro de Sanidad), Carmen Calvo (Presidencia), María Jesús Montero (Hacienda) y José Luis Ábalos (Transportes). CV

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) estimó el pasado año 387 reclamaciones interpuestas por ciudadanos que habían intentado sin éxito que diversos ministerios y empresas públicas le aportasen determinada información. Interior fue con diferencia el departamento más opaco, seguido de Sanidad y Presidencia.

En centenares de ocasiones, el Ejecutivo recurrió durante 2020 al silencio administrativo, invocó alguna de las causas de inadmisión que prevé la Ley de Transparencia en su artículo 18, facilitó información de forma parcial o esgrimió que los datos solicitados eran materia clasificada, no eran públicos o estaban afectada por la Ley de Protección de Datos para no entregarlos, decisión que reiteradamente censuró el organismo independiente encargado de velar por la transparencia en las instituciones públicas al analizar los casos. El balance del CTBG arroja una media de más de un revés al día, incluyendo domingos y festivos.

Desglosados los datos por ministerios, Interior fue un año más el que recibió más resoluciones en contra. Fueron 75 -un tercio de ellas en un mismo mes, concretamente junio- las veces que el Consejo de Transparencia concedió diez días hábiles al departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska para que proporcionara la información que inicialmente no había facilitado, no constándole al CTBG (a fecha de 31 de octubre) que hubiera cumplido 28 de estas resoluciones. En reiteradas ocasiones, Interior ni facilita los datos ni recurre ante los tribunales de lo contencioso-administrativo, posibilidad que puede ejercer en el plazo de dos meses si está en desacuerdo con dicho dictamen.

Los presos en libertad condicional en el periodo 2012-2018, el número de guardias civiles y policías nacionales, los desplazamientos de un alto cargo de Interior, las deportaciones de migrantes, el certificado de pago a la consultora que elaboró el informe para la equiparación salarial, el número de agentes heridos en el operativo policial con el que se repelieron los disturbios en Cataluña tras la sentencia del procés, el coste económico de dicho dispositivo (Ícaro) o las denuncias presentadas por el no uso de la mascarilla de protección frente al coronavirus fueron algunas de las peticiones que no encontraron respuesta por Interior o que no colmaron las pretensiones de los ciudadanos, amparados posteriormente por Transparencia.

La pandemia provocada por la covid-19 motivó el pasado año que se incrementara de forma notable el número de peticiones de información dirigidas a Sanidad, ministerio que abandonó Salvador Illa en vísperas de que arrancara la campaña de las elecciones catalanas del 14-F en las que concurre como cabeza de cartel del PSC. Su sustituta es Carolina Darias, hasta ahora al frente de Política Territorial y Función Pública.

Avalancha de peticiones a Sanidad

De acuerdo con las resoluciones consultadas por este diario, el CTBG estimó 47 reclamaciones que se habían formulado contra Sanidad. Entre otros asuntos, las peticiones versaban sobre los informes emitidos en los inicios del coronavirus; los residentes en centros de mayores fallecidos por covid-19 en cada comunidad autónoma; el listado de reuniones mantenidas desde el 1 de enero de 2020 por el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, o el número de rastreadores con que se contaba para detectar posibles contactos de contagiados y romper así la cadena de transmisión.

Uno de los dictámenes emitidos por Transparencia fue el que instó a Sanidad a revelar la identidad de los funcionarios que asesoraron a la hora de decidir a qué fase pasaba cada comunidad durante el proceso de desescalada. El Gobierno se había negado a revelar dichos datos alegando que, en caso de difundirlo, estaría vulnerando el derecho a la protección de datos de los citados expertos. El CTBG rechazó ese argumento y, por el contrario, resolvió que proporcionar esa información favorecía el control de la actividad pública por parte de la sociedad en «decisiones relevantes». 

Los ciudadanos encontraron también amparo por parte del Consejo de Transparencia al menos 41 veces al no ver atendidas las peticiones de información que dirigieron el pasado año a la Presidencia del Gobierno, reacia a facilitar datos -por ejemplo- sobre gastos relativos a desplazamientos y vacaciones de Pedro Sánchez imputados al presupuesto público. No sólo Transparencia; también los tribunales han avalado el derecho de la ciudadanía cuando ha requerido este tipo de información, reiteradamente negada por Moncloa.

El pasado 2 de marzo, el CTBG estimó la reclamación que había presentado un ciudadano tras intentar conocer sin éxito la agenda completa que desplegó el jefe del Ejecutivo durante un viaje oficial a Nueva York en septiembre de 2019 y el coste total que supuso dicho desplazamiento -incluido el de sus acompañantes- para el erario. La Secretaría General de la Presidencia del Gobierno había invocado el supuesto perjuicio a las relaciones exteriores que podría ocasionar el hecho de revelar con detalle todos los encuentros mantenidos por Sánchez en la ciudad estadounidense, al tiempo que eludió cuantificar el gasto ocasionado. A finales de octubre, a Transparencia no le constaba que Moncloa ni hubiera proporcionado la información -como le había instado- ni hubiera recurrido en los tribunales.

Interior volvió a ser un año más el ministerio más opaco, seguido de Sanidad y Presidencia

Presidencia del Gobierno optó al silencio administrativo para no precisar el gasto que había ocasionado la reunión de Pedro Sánchez con sus ministros el 8 de febrero de 2020 en la finca estatal de Quintos de Mora (Toledo), los invitados a dicha jornada de trabajo -en caso de haber existido- y los medios de transporte que utilizaron los integrantes del gabinete para acudir a dicha residencia pública. Siete meses después, el ministerio que dirige Carmen Calvo sigue sin facilitar la información pese al pronunciamiento de Transparencia.

Por número de reclamaciones en contra, tras Interior, Sanidad y Presidencia figura Hacienda. El CTBG emitió 35 resoluciones frente a la postura defendida por el ministerio a cuyo frente se encuentra la sevillana María Jesús Montero, cifra que engloba las que tuvieron como destinatarios otros departamentos y organismos adscritos como la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT), la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Correos o la Corporación Radio y Televisión Española (RTVE).

Completan las diez primeras posiciones Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (28); Justicia (24); Política Territorial y Función Pública (19); Trabajo y Economía Social y Transición Ecológica y el Reto Demográfico (18 cada uno), y Derechos Sociales y Agenda 2030 (13).

Pablo Iglesias y el silencio administrativo

En el caso del departamento del vicepresidente Pablo Iglesias, 11 de las 13 resoluciones estimatorias se dictaron en noviembre, después de que en todos los casos hubiera dejado pasar el plazo de un mes que fija la ley y no hubiera ofrecido respuesta. Las peticiones requerían datos sobre las residencias de mayores bajo gestión indirecta, las inspecciones que se realizaron a estos centros entre 2014 y 2019, los expedientes abiertos y las sanciones impuestas, o el impacto que el coronavirus había tenido en los centros de mayores en Melilla.

Por meses, junio fue el que registró un mayor número de resoluciones estimatorias por parte del Consejo de Transparencia (74), seguido de noviembre (61), octubre (44), diciembre (39), febrero y septiembre (33), enero y julio (27), marzo (24), agosto (17) y abril/mayo (8). El CTBG no recibió reclamaciones en mayo al incluirse en el real decreto por el que el Ejecutivo decretó el estado de alarma la pasada primavera la suspensión general de los plazos administrativos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público.

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