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El coste de las prestaciones a la vejez en Euskadi se dispara un 42% en una década

La financiación de prestaciones como la dependencia, las residencias, la asistencia a domicilio o las pensiones absorbe una cantidad equivalente al 24% del PIB vasco. Una cuarta parte de la población vasca supera ya los 65 años.

Cuenta atrás hacia el colapso de las pensiones.

Jubilados en un parque público. Europa Press

La realidad demográfica en el País Vasco hace años que condiciona políticas y presupuestos y lo hará aún más en el futuro. El envejecimiento de la población, el déficit entre nacimientos y fallecimientos, y la mayor esperanza de vida han obligado a reforzar servicios sanitarios, asistenciales y de prestaciones de otro tipo. En el caso de Euskadi, en sólo una década la factura de los servicios requeridos por la atención a la vejez se ha disparado un 42%. Lo hace a un ritmo anual elevado, que sólo entre 2018 y 2019, periodo al que se refieren los últimos informes del Gobierno vasco, aumentó en cerca de un 6%.

Los últimos gobiernos vascos han subrayado de modo reiterado el carácter social y de protección con el que se han venido elaborando los últimos presupuestos. En realidad, es una necesidad acuciante por la evolución de demandas sociales que se ha producido en los últimos años. Un reciente informe del Instituto Vasco de Estadística (Eustat) revela que actualmente la atención a la población mayor de 65 años, en la que se engloba su apartado de ‘vejez’, equivale ya un importe que roza ya el 25% del PIB vasco.

Sólo en 2019 en esta comunidad autónoma se invirtieron 8.570 millones de euros, frente a los 6.004 millones de 2010 o los 4.222 millones de 2005. Los servicios que engloba este apartado hacen referencia al pago de prestaciones relacionadas con la dependencia, los servicios de residencias, la asistencia domiciliaria o el pago de pensiones. La atención a este colectivo conlleva ya un coste superior al que se hace por atención sanitaria, el pago de prestaciones por invalidez, el desempleo o vivienda juntas.

En Euskadi la población mayor de 65 años representa el 25% del total. Un volumen muy relevante que va en aumento cada año que pasa. La estimación es que dentro de dos décadas ese porcentaje se eleve al 33%. El coste per cápita entre los algo más de medio millón de hombres y mujeres que engrosan ese colectivo roza ya los 18.000 euros por año.

Luxemburgo, 34.000, España 14.000

Se trata de una cifra que coloca al País Vasco en una posición complicada para poderla mantener en el futuro pero que por el momento continúa situándole en uno de los lugares de Europa con ratio de protección social para las personas más mayores más elevado. Así, frente a ese nivel de gasto medio por habitante en el País Vasco, la media del conjunto de España es significativamente inferior, roza los 14.000 euros per cápita. En ambos casos las cifras revelan que el colchón de protección sigue aún lejos del que tienen los países con más inversión en sus mayores, como Luxemburgo (34.140 euros per cápita), Austria (25.900 euros), Dinamarca (23.300 euros) o Bélgica (20.900 euros).

Se trata sin embargo de un coste que no soportan las arcas vascas en su totalidad. Muchas de las prestaciones incluidas en el gasto social corren a cargo de la Administración del Estado. En este concepto además de los referidos a la atención y cuidados de los mayores se engloban otras prestaciones de protección social como la atención sanitaria, la invalidez, las ayudas a familias, las prestaciones por desempleo, las prestaciones por vivienda o las ayudas por exclusión social. Entre todas ellas en Euskadi se pagaron 19.564 millones. De ese importe la Administración vasca sólo abonó una tercera parte, el 32%. La cuantía mayor, casi 12.000 millones (el 60%), la soportó el Estado y los 1.353 millones de euros restantes (7%) instituciones privadas.

Se trata de prestaciones sociales que pueden realizarse bien mediante ayudas con pagos en efectivo o a través de prestaciones en especie en los hogares de los beneficiarios. Tras la vejez, con el 44%, y la asistencia sanitaria, con el 26%, el tercer gran bloque que representa la protección social en Euskadi son la financiación de las prestaciones por viudedad y orfandad, que roza los 2.000 millones anuales. Tras esta partida aparece el gasto social en concepto en prestaciones por desempleo, que mientras la tasa de desempleo descendía fue reduciéndose pero que en la actualidad ha vuelto a crecer. En 2019 en Euskadi se pagaron 1.035 millones por este concepto.

Más fallecimientos que nacimientos

Es sólo la fotografía económica de una realidad demográfica que lejos de mejorar los expertos advierten de que se complicará. Para 2041 la previsión es que en Euskadi se pase de los algo más de 500.000 ciudadanos con más de 65 años a algo más de 700.000. Además de un saldo vegetativo negativo, la larga esperanza de vida de los vascos es otro de los factores determinantes. De medio se sitúa en los 83,6 años, tres años y medio más que la media europea. Sin duda son las mujeres las que tienen una mayor esperanza de vida 86,7 años, cinco años más que los hombres.

Una población más anciana, necesitada de más recursos sociales y que tendrían que soportar las nuevas generaciones, cada vez menos numerosas. En Euskadi el año pasado fallecieron 21.560 personas y nacieron poco más de 15.500 niños y niñas. El saldo demográfico negativo es evidente.  

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