España

Jueces pandémicos: desarmados y sin 'vacuna legal'

Magistrados y catedráticos en Derecho Constitucional denuncian los escasos avances legales en el último año que dejan sin herramientas precisas a los tribunales en la resolución de los litigios con las autonomías por la aplicación de medidas anticovid.

La batalla por la vida se libra desde hace un año en los hospitales. El frente por una convivencia restringida con el virus se moldea en despachos de gobierno y parlamentos. El pulso por asegurar derechos y preservar el cumplimiento de la ley lo libran los jueces en los tribunales. Son tres frentes básicos en la ‘guerra’ contra la Covid-19 que vive nuestro país desde la pasada primavera. En el campo sanitario el refuerzo tardó en llegar, pero acumula ya avances y mejoras innegables, del caos inicial a una disponibilidad suficiente de recursos. En el político, el desconcierto dejó paso a los pulsos entre gobiernos, y a un recorrido que ha transitado desde el mando único hasta una ‘cogobernanza’ más o menos fallida.

Donde las ‘mascarillas y EPIS legales’ continúan sin llegar es en los juzgados. Los sucesivos episodios de disparidad en las resoluciones, de pronunciamientos judiciales cuestionados o de carencia de marcos legales y materiales mantienen aún la Justicia legalmente ‘desarmada’ en su lucha contra los efectos del coronavirus. El último episodio se ha vivido esta semana en Euskadi, con un Gobierno autonómico enfrentado a un juez y un magistrado cuestionando en público las medidas del Ejecutivo sobre las que debía pronunciarse horas después.

El análisis es, con matices, casi unánime cuando se pregunta a jueces y catedráticos de Derecho Constitucional. Los jueces acumulan un año aplicando una legislación insuficiente, sin actualizar, sin mejora, para hacer frente a una situación excepcional como la actual. Hace meses que las sorpresas y polémicas se repiten de unas comunidades a otras con resoluciones en ocasiones dispares entre tribunales. Sentencias muy diferentes, con impactos directos en sectores económicos y movilidad social, con afección a derechos fundamentales, ante decisiones de Gobiernos autonómicos. No es un fenómeno nuevo, la libertad de los tribunales lo permite, pero la ausencia de un marco legal preciso y suficiente para un momento tan singular como la pandemia lo ha acentuado.    

Doce meses después de que el virus cambiara nuestras vidas, limitara el ejercicio de nuestros derechos y enfrentara en muchos casos al poder judicial y al político, el marco legal no ha cambiado. “En junio Pedro Sánchez dijo que había que abordar reformas legislativas. Hemos tenido tiempo. Algunas sólo requieren mayoría absoluta, pero no ha habido voluntad política para avanza en cambios de ley, como en la ley de Salud Pública, por ejemplo”, se lamenta María Jesús del Barco, juez decano de Madrid. Señala que muchas de las sentencias “más que dispares” por la ponderación de los jueces lo son por las pruebas que se presentan para adoptar unas u otras medidas, “que en muchos casos no acreditan nada, no justifican que se pueda restringir un derecho fundamental, o aspectos como por qué cerrar a las 21.00 horas y no a las 20.00 o por qué limitar la reunión a cuatro personas y no a seis”.

Leyes «imprecisas» en pandemia

No cuestiona casos como la resolución del presidente de la Contencioso Administrativa del Tribunal Supremo del País Vasco, Luis Ángel Garrido, que ha permitido la reapertura de la hostelería en Euskadi. “Los jueces no nos metemos a científicos. No sabemos de todo, sabemos de derecho y en el resto nos amparamos en la documentación que nos presentan”.

Como Garrido, -que aseguró que se están tomando medidas propias de ‘la Edad Media’- también ella duda del modo en el que se está actuando para atajar la pandemia: “No puede ser que adoptemos medidas que se tomaron en la ‘Fiebre española’. ¿Estamos igual que hace 100 años? ¿Mascarilla y sin salir? No sé si hemos avanzado para esto… las medidas no pueden ser de restricción absoluta de derechos fundamentales y es lo que se está produciendo. A mí, me asusta. Si te acostumbras a vivir sin derechos, el día que te los han quitado no te acuerdas que los tenías. El como el planeta de los Simios, se les prohibió leer uy se les olvidó la lectura”. Del Barco concluye que están trabajando con una legislación deficiente y que ése es un problema “de los señores de la Carrera de los Jerónimos”, no de los jueces”.

Las medidas no pueden ser de restricción absoluta de derechos. Me asusta. Te acostumbras a vivir sin derechos y no te acuerdas que los tenías»

Cree que los gobiernos autonómicos en ocasiones están tomando decisiones sin la suficiente “cobertura legal” y en cuanto un tribunal las rechaza cuestionan a la Justicia. No oculta que los jueces cuentan hoy con herramientas escasas “e imprecisas” en una pandemia, lo que les obliga a valorar más las circunstancias y las pruebas presentadas por las partes: “A los políticos parece que les molesta mucho la independencia judicial, pero es una de las grandezas de nuestra democracia”.     

El catedrático de Derecho Constitucional, y ex letrado del Tribunal Constitucional, Joaquín Urías, considera que el cuestionamiento que en ocasiones se está produciendo de la clase judicial puede estar justificada. “Ha habido casos de extralimitación judicial, con jueces suplantando el criterio político de oportunidad –de aplicación de las medidas antiCovid– aplicando su propio criterio”. Señala que en gran medida estos casos se han producido por carecer de recursos legales suficientemente precisos en un contexto como el actual. “Dar prioridad a la sanidad o a los comercios o la economía es una decisión política reservada a los políticos. Existe un marco legal que los políticos no pueden romper, es ahí donde los jueces juegan un papel importante para evitar que vayan más allá de los límites legales”.

Jueces y políticos, intercambio de papeles

Urías afirma que cuando un dirigente político se encuentra en una situación en la que no existe un criterio legal claro “sólo puede aplicar sus convicciones”: “Un juez no puede hacer eso, sólo puede emplear la ley, pero no actuar afirmando que una cosa le parece más importante que la otra, que es lo que se ha dado en algunos casos como el del País Vasco y otros”.

El catedrático afirma que urge una reforma del marco legal para que el control de las decisiones de los gobiernos no se soporte en la “ponderación” por parte de los jueces sino en la aplicación de legalidad: “La legalidad la aplican los jueces, la oportunidad los políticos. Estamos viendo a políticos que aseguran que la ley ‘dice que…’ y a jueces que, de manera consciente o inconsciente, imponen su criterio político o de oportunidad por encima de la ley”.

El portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Jorge Fernández Vaquero, observa cierta dejación de funciones en la clase política. El poder legislativo no ha puesto los medios para resolver esta inseguridad en la que los jueces han tenido que resolver muchas cuestiones durante la pandemia. Lamenta que transcurrido un año “no se ha tocado ni una coma” del marco legislativo: “Se podían haber hecho muchas cosas. Se podía haber aprobado una ley especial para el Covid que detallará qué medidas se podían adoptar, quién podía hacerlo, con qué procedimientos de control, etc. Se podía haber reformado la Ley Sanitaria, haber modificado la regulación del Estado de Alarma. No se ha hecho nada”.

Ha habido casos de extralimitación judicial, jueces suplantando el criterio político de oportunidad»

Una carencia que en su opinión les ha obligado a “asumir parte del trabajo que el legislador no ha querido hacer”: “El sistema judicial se encuentra que debe solucionar los problemas legales de la pandemia con herramientas legales anteriores a la pandemia y que son inadecuadas”. En estos meses se han modificado por parte de los Ejecutivos derechos fundamentales y los jueces deben resolver aplicando leyes “extremadamente abiertas e inadecuadas que no estaban preparadas par esta situación, y así seguimos”.

El riesgo de limitar derechos

El catedrático de Derecho Constitucional, Miguel Revenga recuerda que la excepcionalidad en la que nos encontramos, con un Estado de Alarma en vigor desde hace meses y que se prolongará por ahora hasta mayo, “permite limitar derechos, pero no suspenderlos”. Considera que decisiones “valientes” como las adoptadas por el Superior del País Vasco entran dentro del contexto en el que está inmerso todo el sistema judicial: “Es un marco jurídico imperfecto, cambiante y con unas circunstancias que muchas veces empuja a cierta improvisación de los jueces. Son los guardianes últimos de los derechos. Siempre han sido ingenieros de lo social”.

Revenga apela al criterio de la “proporcionalidad” como una guía necesaria cuando la ley no es suficiente. Advierte del riesgo que puede suponer no velar por los derechos de modo estricto cuando amplios sectores sociales están dispuestos a “aceptar limitaciones” en pos de la salud: “Hay un riesgo, todo tiene un límite”. Recuerda que el Estado de Alarma no permite la “suspensión de derechos como los de desplazamiento, reunión, empresa, etc.”. “Su defensa sigue siendo la regla, no la excepción. Este es un Estado de Alarma, no de excepción, no nos han suspendido derechos, y ahí se explica el tira y afloja en el que nos encontramos”.

La ausencia de consenso político también ha afectado a la Justicia, según Javier Pérez Royo, catedrático de Derecho Constitucional por la Universidad de Sevilla. Considera que un acuerdo en el ámbito político hubiera permitido un contexto más adecuado. “Ha faltado voluntad para tratar el tema de modo coordinado por parte del Gobierno del Estado y las Comunidades Autónomas “si la hubiera habido se habría reducido la conflictividad judicial, sin duda”. Pérez Royo recuerda que el hecho de que se dicten sentencias incluso dispares para situaciones similares no es algo anormal. “Siempre ha ocurrido, la ley es una pero su aplicación no. Por eso existen los recursos como fórmula de unificación de criterios hasta el Tribunal Supremo”.

Lo del juez del País Vasco es escandaloso. Un animal. Es indigno, se tendría que replantear si puede ejercer»

Unas diferencias de criterios que no cree que puedan explicar comportamientos como los del presidente de la Sala Contencioso Administrativa del País Vasco con sus manifestaciones en relación a los epidemiólogos y las medidas de contención del virus. “Lo de ese juez es escandaloso, cómo lo ha resuelto y los comentarios que ha hecho. Es un auténtico animal, se tendría que plantear si está en condiciones de ejercer la función jurisdiccional una persona que se expresa como él lo ha hecho. Es indigno”.   

Sin ley ni medios

La presidenta del Foro Judicial Independiente, Concepción Rodríguez, suma la falta de recursos legales a los tecnológicos con los que los jueces están afrontando la pandemia. “Los medios tecnológicos dejan mucho que desear. Existe un cierto colapso en la justicia a la que se suma ahora la necesidad de tener que adoptar resoluciones de modo ágil, cuando en muchos casos tenemos que hacerlo con leyes y mecanismos del siglo pasado”.

Rodríguez coincide con sus colegas en que el marco leal “no está preparado” ni se ha adaptado para desenvolverse en un estado de Alarma. A ello añade lo que define como “un problema territorial del Estado” que también tendría su reflejo en el poder judicial y que se concretaría en las distintas respuestas dadas por los tribunales: “Creo que la Administración de justicia está cumpliendo una buena labor. Que no exista una uniformidad en las resoluciones es reflejo de la independencia judicial”.  

 

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