El abogado-consultor Jaime Pintos, en su despacho profesional.

El abogado-consultor Jaime Pintos, en su despacho profesional. FOTO CEDIDA

España JAIME PINTOS / Abogado-consultor experto en contratación pública y profesor universitario

"Todo organismo público debería estar sometido a un test de eficiencia en el gasto"

Es el único de los siete hermanos que siguió los pasos profesionales de su padre, un jurista gallego que estuvo destinado como funcionario de Telégrafos en Villacisneros. Fue en esta ciudad donde nació Jaime Pintos Santiago cuatro años antes de que la actual Dajla se convirtiera en el último enclave del Sáhara Occidental en el que se arrió la bandera española (1976). Luego se crio en Vigo (Pontevedra) y posteriormente se trasladó a trabajar y estudiar la carrera de Derecho a Toledo, donde ya se afincó.

Funcionario de carrera en excedencia con más de 20 años de servicio público, Pintos es experto en contratación pública, especialidad que ejerce en su doble faceta de abogado-consultor y docente en la Universidad a Distancia de Madrid (Udima). En plena pandemia, acaba de publicar Planificación y racionalización de la compra pública (Aranzadi), un libro en el que ha coordinado a otros 15 especialistas y que es todo un tratado sobre la materia.

Pregunta.-¿A qué atribuye el empeño del Gobierno por ocultar el dictamen del Consejo de Estado sobre el real decreto-ley para los fondos europeos?
Respuesta.-Sería aventurado por mi parte atribuir esa negativa a alguna cuestión en concreto, lo desconozco. Lo que sí parece lógico y entendible, bajo mi punto de vista jurídico, es que esos dictámenes con carácter general deberían ser públicos y estar al alcance de todos aunque sean facultativos, como el caso del dictamen que nos ocupa, ya que han formado parte del procedimiento, no se refieren a priori a cuestiones de carácter reservado y, de un modo u otro, han formado parte del resultado final de la norma. Constituiría una correcta y positiva manifestación del principio general de transparencia.

Sobra burocracia; ése fue el principal problema que nos encontramos en la contratación pública cuando en marzo nos golpeó la pandemia»

P.-¿Qué Pedro Sánchez haya decidido centralizar la gestión de los fondos ‘Next Generation UE’ en Moncloa es una decisión acertada?
R.-El tiempo dirá si ha sido o no acertada la decisión, eso es algo que tampoco puedo aventurar. Sin embargo, y siempre desde un plano estrictamente jurídico, lo que entiendo que habría que analizar en estos momentos es si esa configuración más centralizada, por ejemplo de los denominados Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE), no llegará a constituir un choque con el actual ordenamiento jurídico y el llamado ‘bloque de constitucionalidad’, porque es de sentido común pensar que no pocos de esos PERTE versarán sobre competencias exclusivas atribuidas a las comunidades autónomas, momento en que esa dicotomía se podrá originar con mayor o menor aspereza. Esa misma situación puede igualmente llegar a confrontarse con la autonomía local reconocida constitucionalmente.

P.-¿Encuentra justificación para que no se conozcan los términos de los contratos que ha firmado la Unión Europea con las empresas farmacéuticas para la compra de las vacunas contra la covid-19?
R.- La compra de vacunas covid-19 se encuentra centralizada a nivel de la Unión Europea, de forma que la Comisión es responsable de negociar con las empresas farmacéuticas mientras que los estados son responsables del uso y la administración de las vacunas. Tanto los acuerdos como los preacuerdos con las farmacéuticas están protegidos -según la Comisión- por razones de confidencialidad que fundamentan en diversos motivos. De este modo no conocemos muchos datos considerados sensibles de estos contratos, como el precio de las dosis, los tiempos de producción y entrega… Vivimos una situación muy excepcional, de eso no cabe duda y no precisa de justificación. Lo que nos debemos preguntar es si toda esta opacidad está verdaderamente planteada de cara al mejor cumplimiento del interés general de los ciudadanos europeos u obedece a otros intereses.

P.-¿Y cuál es su respuesta?
R.-Tiene en estos momentos una muy difícil respuesta con los datos que tenemos. No podría responderle, a no ser que lo hiciera de forma aventurada, sin datos empíricos para ello. Son las directivas europeas de contratación pública las que se aplican a la compra de medicamentos. El procedimiento de negociación para la adquisición de las vacunas covid-19 se lleva a cabo de acuerdo con los requisitos del reglamento financiero de la UE, que contiene normas equivalentes a las de las directivas aludidas. Por tanto, la compra de estas vacunas no debería diferir, al menos no en demasía, en cuanto a la aplicación de las reglas de publicidad y transparencia que se aplica a dicho procedimiento negociado.

P.-En el libro que, bajo su dirección, acaba de lanzar Aranzadi proclama usted que debería ser una prioridad que se establezca un «sistema de gobernanza de la contratación pública eficaz y eficiente». ¿Se derrochan hoy recursos públicos?
R.-Es un hecho que el sistema de gobernanza de la contratación no funciona en España, así lo creo. Acabamos de ver cómo el real decreto que regula los ‘Fondos Next Generation’ orilla las competencias de la Oficina de Regulación y Supervisión de la Contratación Pública (Oirescon) en favor de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa. Es algo que no llega a entenderse del todo en la configuración actual de la gobernanza en contratación pública. El funcionamiento de un sistema se ve mejor que nunca cuando lo sometemos a un test de estrés, como ha sido la propia pandemia y el estado de alarma. Y, ante esta situación concreta, el sistema de gobernanza no ha llegado a dar la respuesta necesaria. Sus carencias, que pueden obedecer a diversas razones, derivan principalmente del hecho de que no constituye ni siquiera un verdadero ‘sistema’, en el sentido de que los distintos órganos estén relacionados entre sí ordenadamente contribuyendo a un determinado objetivo común. Y ésa es la crítica constructiva que hago en el libro. La Oirescon es precisa, como la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, pero debemos replantearnos y redimensionar nuestro sistema de gobernanza a nivel nacional. Todo organismo público -sostenidos por los contribuyentes- debería estar sometido a un test de eficiencia en el gasto, lo que requeriría un redimensionamiento de nuestro sistema de gobernanza a nivel nacional para hacerlo más eficaz, eficiente, vertebrado y también participativo. Estado, comunidades autónomas, entidades locales… incluso el sector privado, porque de esta crisis es fácil pensar que se saldrá mejor y antes a través de la colaboración público-privada.

Una reforma estructural de la Administración pasaría también por la fusión de municipios, como se ha hecho en Bélgica o Alemania»

P.-¿La solución pasa por impulsar un sistema de centrales de contratación que permita la racionalización de la compra pública?
R.-No hay una solución, sino un conjunto de ellas. Nuestro sistema de compra pública no es entendido desde un punto de vista nacional, de Estado, lo que nos genera desventajas y disfunciones con respecto a nuestros vecinos europeos: no tenemos una estrategia nacional de contratación electrónica, tampoco un sistema único de gobernanza, ni siquiera se ha creado una planta de justicia administrativa ordenada, por citar algunos ejemplos. La solución de impulsar un sistema de centrales de contratación que permita la racionalización de la compra pública a nivel nacional es una propuesta -entre muchas otras- que pasa por conseguir una coordinación en los tres niveles de la administración territorial para la creación del mismo. Una buena solución, planificada, estructurada y ordenada, que hoy en día resulta casi utópica, pero para eso está nuestra labor, la de investigación y la de hacer propuestas propositivas. No tiene sentido que todos estemos comprando de todo a la vez.

P.-¿Sigue sobrando burocracia en la contratación pública y faltando más agilidad?
R.-Claro que sobra, podríamos decir que ése fue casi el principal problema que nos encontramos en la contratación pública cuando en marzo nos golpeó la pandemia. Ya en aquel momento hacía una llamada a la simplificación de la actual Ley de Contratos. El resultado ha sido nueve meses después un nuevo real decreto para la gestión específica de los fondos de recuperación que no simplifica, sino que reduce los plazos y aumenta las cuantías máximas de algunos procedimientos de contratación pública para hacerlos más utilizables por los gestores públicos. De manera que se exige lo mismo pero en menos tiempo y para un mayor número de supuestos que antes, contando con los mismos recursos personales y materiales. Con el gravamen añadido que ahora han de tener dos vías diferenciadas para la gestión de expedientes de contratos. En el anterior periodo fuimos el segundo país de la Unión Europea que menos fondos europeos ejecutó, sólo un 34%. Deberíamos, pues, pararnos a pensar cómo simplificar de manera efectiva.

P.-A la espera de esa transformación estructural de la Administración, ¿cómo podría establecerse un sistema de contrataciones públicas que, sin obviar filtros y controles para evitar la corrupción, sea mucho más ágil y racional?
R.-Muchas de las reformas que harían falta son de tal calado que en la actual situación resultan casi utópicas. Por ejemplo, la reestructuración de la planta de compra pública en España, lo que para muchos chocaría de pleno con la autonomía local pero organizaría el sistema nacional de contrataciones públicas de una forma lógica y organizada, muy coincidente con el reparto de competencias en los tres niveles de administración territorial. Una reforma estructural de la administración pasaría -entre otras medidas- por la fusión de municipios, lo que evidentemente afectaría de manera directa a la compra pública, a la economía de escala y a esos recursos por los que antes me preguntaba. Es algo que ya han hecho en Bélgica, Gran Bretaña o Alemania. En España, el número de municipios en los últimos años ha crecido. Como ve, se trata de un tema de calado, cultural podríamos hasta decir. Pues bien, lo mismo ocurriría si quisiéramos establecer un sistema de compra pública más ágil y racional, sin obviar filtros y controles para evitar la corrupción, porque ésta no está en la compra pública, sino en las personas. Intentar revertir el modelo, algo muy complejo. En todo caso, simplificando los procedimientos y adaptándolos a las nuevas tecnologías también se simplifican los controles, sin obviar el poder del control financiero posterior si a los resultados del mismo se les dota de consecuencias.

La transparencia ha resultado también contagiada en la pandemia; en muchos casos está en periodo de cuarentena»

P.-¿La Administración General del Estado está abusando en la pandemia del procedimiento de emergencia en las licitaciones?
R.-Carezco de datos para tener una opinión y darle una respuesta. En mi opinión, deberíamos preguntarnos si con carácter general el conjunto de las administraciones ha hecho un uso, ya no excesivo, sino no previsto, de este procedimiento. Porque el exceso no se debe medir en cantidad, sino en oportunidad legal al caso concreto en el que se haya aplicado. Y, lamentándolo mucho, volvemos al mismo lugar, al sistema nacional de contratación pública, que curiosamente contiene una regulación vaga y dispersa de este procedimiento, lo que no favorece la ausencia de posibles desviaciones de interés, a diferencia de muchos otros que están en ocasiones regulados de forma prolija, incluso excesiva. En definitiva, volvemos a una reforma estructural de nuestro modelo, como promulga el propio real decreto que regula los fondos de recuperación.

P.-¿Desaprovechó el legislador la reforma de la Ley de Contratos del Sector Público de 2017 para haber redactado una norma mucho más racional y eficiente?
R.-La Ley de Contratos fue una de las normas llamadas de consenso, pero el resultado desde el punto de vista práctico no ha sido el óptimo. La respuesta a la pregunta es sí, sin duda. Pese a que la ley contiene verdaderas joyas en su regulación, es preciso simplificar la misma. No podemos tener procedimientos más complejos y garantistas que los que nos exige la UE, como es el caso del procedimiento negociado; las garantías deben buscarse en otra forma de control, como decía. Asimismo, debemos también ver cómo legislan nuestro vecinos europeos, que a la postre pueden ser mucho más productivos que nosotros en una actividad económica que alcanza casi el 20% del PIB.

P.-¿Tiene motivos el Gobierno de Pedro Sánchez para presumir de transparencia, como proclama, en las contrataciones realizadas para luchar contra el coronavirus?
R.- Discúlpeme si no estoy al día de estas cuestiones, pero francamente no sé si el Gobierno proclama o presume de transparencia. Lo cierto, y digo cierto porque los hechos así lo acreditan, es que desde que empezó la pandemia con el estado de alarma, la transparencia parece que haya sido también contagiada de covid-19 y esté en muchos casos en periodo de cuarentena. Son diversos los ejemplos y es algo que no debería ocurrir con carácter general en ningún gobierno, ya sea nacional, regional o local. La transparencia, en mi opinión, no tiene como principal virtud controlar a los gobiernos, sino corregir y mejorar los resultados que de la gestión de éstos se puede obtener. Si no hay información, si no hay datos, no se pueden evaluar los mismos y tomar otras decisiones.

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