España

Todos contra Sánchez: partidos y comunidades presionan al Gobierno para evitar "la ley de la selva" el 10 de mayo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Moncloa.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Moncloa. EFE

Pedro Sánchez se ha quedado solo. Ni sus socios políticos comparten la decisión unilateral del Gobierno de no prorrogar el estado de alarma más allá del 9 de mayo o, en su defecto, de aprobar algún otro marco legal que dé suficiente margen jurídico a las comunidades autónomas para restringir la movilidad. Mientras tanto, los días avanzan, la presión crece y los contagios no paran de subir: ayer se superó por primera vez desde el mes de febrero el límite de 200 casos por cada 100.000 habitantes, se notificaron más de 10.400 nuevos contagios y otras 131 muertes.

Con este panorama, la posibilidad de dejar caer el estado de alarma sin más paraguas jurídico que el de la presente legislación ordinaria y los acuerdos que se adopten en el Consejo Interterritorial de Salud sigue siendo factible para el Gobierno. Mientras, el despacho de Pedro Sánchez sigue llenándose de quejas y de peticiones para que reaccione ante la incipiente cuarta ola del virus. Prácticamente todos los partidos de la Cámara Baja y autonomías de uno y otro color político han advertido al jefe del Ejecutivo sobre la inseguridad jurídica y sobre el «caos» que se avecina con el fin de la excepcionalidad legal, por la imposibilidad de las comunidades de dictar toques de queda o cierres perimetrales y el aluvión de resoluciones contradictorias que se prevé que emitan los tribunales.

Pero Sánchez se ha enrocado en una postura que no pocos vinculan con la coincidencia en el tiempo de las elecciones madrileñas. Algunos grupos de la oposición no descartan incluso que se trate de una artimaña electoral y que el jefe del Ejecutivo acabe cambiando de idea una vez haya pasado el 4-M, como él mismo ha dejado caer en sede parlamentaria. «Es insultante jugar con la salud en el ring electoral», criticaba por ejemplo este miércoles Mertxe Aizpurua, portavoz de EH Bildu. En el tenso pleno que se celebró ayer en el Congreso, todos los grupos sin excepción reclamaron al presidente del Gobierno explicaciones sobre qué pensaba hacer a partir del 9 de mayo. Y éste abandonó el hemiciclo sin dar ningún tipo de información al respecto. De hecho, se limitó a reiterar que existen «herramientas suficientes» en la legislación vigente para controlar la pandemia, fiando también la evolución de la curva al avance del plan de vacunación y a la «unidad y responsabilidad individual».

Uno de los más críticos respecto a la decisión de Pedro Sánchez fue Pablo Casado, cuya formación ha registrado de nuevo en el Congreso una proposición de ley con un ‘plan b’ jurídico «simplificado». El PP ya llevó el pasado mes de noviembre, con el estado de alarma ya vigente, una propuesta similar a la Cámara, pero la toma en consideración contó entonces con un rechazo casi total. Ahora, los populares gastan su última bala jurídica para evitar el «caos» el 10 de mayo con una nueva versión de la normativa. Casado vuelve de este modo a ofrecer una alternativa jurídica a Sánchez -pese a tener «el codo dislocado de tanto tender la mano» al Gobierno, como ironizan en el entorno del líder popular-. La iniciativa va acompañada de una petición de tramitación urgente para tenerla lista antes del 9 de mayo -en caso de obtener, claro, los apoyos suficientes-, aunque el Gobierno ya ha reiterado su negativa a aceptarla.

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«¿Se puede saber qué van a poder hacer los españoles a partir del 9 de mayo?», preguntaba la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, cuya formación política permitió al Gobierno sacar adelante el último estado de alarma que finaliza en un par de semanas. Antes, Sánchez se había comprometido con el partido naranja a desarrollar un ‘plan b’ jurídico para no alargar eternamente la legislación extraordinaria. No obstante, casi un año después, Moncloa sigue guardando ese compromiso en el cajón.

Pero las críticas más contundentes vinieron también de los socios habituales del Gobierno, a excepción de los miembros de ERC, confinados tras detectarse un positivo de Covid en el grupo. Muy duro fue por ejemplo el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, que tachó de «temeridad» la intención de Sánchez de poner punto y final al estado de alarma en pocos días. «¿Tiene usted la seguridad hoy, a 14 de abril, de que no va a pasar nada?», cuestionaba Esteban, que instaba al jefe del Ejecutivo a tener «más prudencia» y deslizaba el riesgo que implica para la población deslizar el mensaje de que pueden «relajarse». Tampoco escatimaba en críticas EH Bildu. Su portavoz, Mertxe Aizpurua, reclamó ya el martes un decreto alternativo al estado de alarma para evitar «la ley de la selva» el 9 de mayo. De lo contrario, aseguró, el resultado sería «más inseguridad y más caos».

En el mismo sentido se expresaron otras fuerzas minoritarias, que forman también parte del cuadro de socios habituales de Sánchez, como Más País, Compromís, PRC o JxCat. Íñigo Errejón reivindicó, por ejemplo, la necesidad de evitar un «mercado persa» con las comunidades autónomas por el temor a que comience una «sucesión de guerritas» entre administraciones.

Moncloa carga también con el dictamen del Consejo de Estado, partidario de reformar la legislación sanitaria vigente para no dejar a las comunidades autónomas sin un paraguas jurídico para frenar la pandemia, que sigue en auge en España. En concreto, y como propone el PP, el órgano consultivo propone la reforma de la Ley Orgánica 2/1986 de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, que no contempla actuaciones específicas como los cierres perimetrales o el control de la movilidad nocturna, sino las «medidas que se consideren necesarias» para frenar la enfermedad, una ambigüedad que convierte en necesaria una autorización judicial.

Las autonomías mantienen la presión

Si bien los barones del PP fueron los primeros en reclamar a Sánchez una rectificación sobre su intención de «abandonar a las comunidades a su suerte», como repetían en algunos de estos territorios, las críticas contra el Ejecutivo tampoco entienden en este caso de color político, aunque hay divergencias respecto a qué solución sería la más idónea. Así, mientras el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, apuesta por prorrogar el estado de alarma como la «solución menos mala» para abordar la situación y evitar «el caos» -una opinión que contradice la estrategia de Génova, centrada en su ‘plan B’ jurídico y contraria desde hace meses a más prórrogas de la legislación extraordinaria-; la líder de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se encomendaba a los tribunales para tratar de mantener a raya la expansión del virus en Madrid.

En la línea del presidente gallego se ha situado el líder de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, partidario de prorrogar la alarma un mes en función de cómo evolucionen los contagios; y el de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que planteó la posibilidad de debatir «otro estado de alarma con otras peculiaridades». «No nos podemos quedar en ningún limbo, no le interesa a nadie», subrayó el socialista Emiliano García-Page. En el mismo sentido se viene expresando desde hace días el lehendakari, Íñigo Urkullu, que ha exigido al Ejecutivo la ampliación de la alarma por la «insuficiencia de garantías jurídicas» en el escenario que se abre tras el 9 de mayo.

La petición se ha hecho prácticamente unánime, y territorios como Aragón o Cantabria se han unido a la propuesta, eso sí, con matices: mientras algunos abogan por la prórroga de la alarma, otros presionan a Sánchez para que dote a las comunidades autónomas de los instrumentos jurídicos y legales necesarios, como es el caso de Miguel Ángel Revilla. «No podemos ir cada uno por nuestro lado», opinaba. Todos ellos coinciden en todo caso en que la pelota está en el tejado de Sánchez, al que advierten de que, en estas circunstancias, el país podría precipitarse en pocas semanas a lo desconocido.

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