El comisario principal ya jubilado Enrique García Castaño ha insistido este jueves en el Congreso de los Diputados que no había "absolutamente" nada en el estudio de la esposa del ex tesorero del PP cuando accedió a su interior en el marco del operativo desplegado por la Policía Nacional en 2013 y que nunca ha visto "un pendrive o un papel" de Luis Bárcenas. "Es una leyenda urbana falsa", ha defendido.

García Castaño ha comparecido ante la comisión parlamentaria que trata de depurar responsabilidades políticas ante el presunto uso de recursos humanos y económicos por parte de la cúpula del Ministerio del Interior durante la etapa de Fernández Díaz para favorecer los intereses políticos del PP y anular pruebas inculpatorias en casos de corrupción. Es la operación en la que el juez de la Audiencia Nacional García-Castellón investiga si el Ministerio del Interior desplegó un operativo para robar presuntamente documentación que guardaba Luis Bárcenas sobre dirigentes populares para que no llegaran a la Justicia.

Si bien ha empezado su intervención excusando su declaración para no "violentar" la Ley de secretos oficiales y la Ley reguladora de los gastos reservados, el mando policial ya retirado ha terminando respondiendo a la mayoría de las preguntas formuladas por los diputados y se ha ratificado en todo lo que ha declarado como imputado en sede judicial en las seis ocasiones en que lo ha hecho, al tiempo que ha insistido en que actuó siempre "en cumplimiento de las órdenes recibidas por los superiores".

El ex jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Nacional ha calificado de "absoluta" e "irrestricta" la colaboración que viene mostrando con la Justicia desde que fue llamado al procedimiento en calidad de investigado por su participación en este dispositivo y ha defendido que su cooperación ha sido "absolutamente determinante" para el avance de las pesquisas que instruye el titular del Juzgado Central 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón.

Tras asegurar que no existe un solo documento en el Ministerio del Interior que aluda a una Operación Kitchen, García Castaño ha explicado que fue reclamado por el entonces Director Adjunto Operativa (DAO), Eugenio Pino, para que ayudara a "culminar" una investigación sobre Luis Bárcenas a la que le "faltaba una pata". En concreto, el encargo -ha indicado- era descubrir quiénes eran los testaferros del ex tesorero del PP, qué cantidad de dinero se había llevado de las mordidas obtenidas por la adjudicación de contratos públicos por parte de administraciones gobernadas por el PP y dónde lo escondía.

La captación del chófer

El mando policial ha dicho que, tras la encomienda que le hizo Pino, llevó a cabo un acercamiento con el chófer de la familia Bárcenas Iglesias para que colaborara en la consecución de los fines apelando a la antigua condición de militar de aquél y su deber de ayuda a España, pero que el conductor (Sergio Ríos Esgueva) dio un "respingo" cuando le habló de "su jefe" y se puso a la defensiva.

Fue entonces cuando Sergio Ríos entró en contacto con el inspector Andrés Gómez Gordo, con el que había coincidido durante su etapa en la Comunidad de Madrid, para explicarle que se había producido esa aproximación. Gómez Gordo planteó en la Policía que el chófer podría colaborar pero siempres que él participara en el operativo, por lo que fue adscrito a la DAO. Como han puesto de manifiesto las grabaciones que hizo a espaldas de sus interlocutores, también Villarejo intervino en el dispositivo "por órdenes del ministro y del Secretario de Estado de Seguridad", ha añadido el compareciente.

García Castaño dice que, "por supuesto", que el ministro Fernández Díaz y su 'número dos' conocían la 'Operación Bárcenas'

A preguntas del diputado socialista Felipe Sicilia, el ex jefe de la UCAO ha reiterado que, en el curso de la Operación Bárcenas, accedió al interior del estudio de restauración que tenía alquilado Rosalía Iglesias en la madrileña calle del General Díaz Porlier engañando a la señora de la limpieza tras hacerse pasar por un marchante de arte, de ahí que se presentara con un "Crucificado de su pueblo" que utilizó como "muleta". Fue después de que el chófer de la familia hubiera comentado que ese habitáculo podría haber "talones y cuentas bancarias" de Bárcenas. No había "absolutamente nada" en su interior, ha apostillado.

García Castaño también ha desmentido que se hubiera hecho con un lápiz de memoria con información comprometedora que custodiaba el ex tesorero del PP, como Villarejo parece creer en algunas de las conversaciones que constan en las actuaciones del caso. "Hay una leyenda urbana con los pendrive del señor Bárcenas que es falsa. Ni he visto un pendrive, ni he visto un papel, ni he visto nada del señor Bárcenas", ha destacado.

La investigación del caso Kitchen no ha resuelto aún la incógnita de si Bárcenas guardaba en un pendrive la conversación que mantuvo con Mariano Rajoy en la sede nacional del Partido Popular de la calle Génova y que grabó supuestamente a espaldas de éste cuando negociaba su salida del partido tras conocerse que escondía cuentas en Suiza y que había cobrado 1,3 millones de la red Gürtel. La obtención de esa grabación es motivo de interés para Villarejo, según se deduce de las grabaciones que mantiene con otros imputados como el chófer o el propio García Castaño.

"Oportunidad e inmediatez"

Si existe ese lápiz de memoria no llegó al Ministerio del Interior durante el desarrollo del operativo puesto en marcha por la Policía cuando Luis Bárcenas se encontraba en prisión preventiva. Como ya declaró en la Audiencia Nacional, el ex jefe de la UCAO ha explicado que sí entregó el volcado de la información contenida en dos móviles antiguos del ex tesorero del PP al ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez -imputado en el procedimiento- que le había proporcionado el chófer Sergio Ríos, captado como confidente policial a cambio de 2.000 euros al mes durante dos años.

Al hilo de esa respuesta, el diputado Sicilia le ha preguntado si contaba con autorización judicial para acceder al contenido de esos dispositivos para no vulnerar el derecho a la intimidad. El compareciente ha reconocido que actuó sin el aval del juez y que lo hizo "por oportunidad e inmediatez", ya que el chófer le había dicho que sólo tendrían media hora para analizarlo.

También ha considerado "normal" que en determinadas operaciones no se informara a su superior, en este caso el comisario general de Información (entonces Enrique Barón). Para ilustrar esta afirmación ha recordado que, cuando el Gobierno de José María Aznar le encargó la "logística de la negociación con ETA", se le ordenó que no compartiera información ni supiera nada con el propio ministro del Interior.

El ex mando policial asegura que "todo el mundo sabía" en Interior que Villarejo tenía empresas

Enrique García Castaño ha dicho que fue informando "puntualmente" tanto al DAO como al entonces jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y que la información obtenida con los seguimientos llevados a cabo por la unidad que él dirigía se grabaron en el Grupo de Análisis y Tratamiento de la Información (GATI). En este punto, se ha preguntado por qué los investigadores de la UDEF no llevaron esos documentos al juzgado que instruía el caso Bárcenas, después de que el inspector jefe Manuel Morocho dijera ante la comisión de investigación que la trama Kitchen dio "datos erróneos" para confundirles.

El ex jefe de la UCAO ha reconocido que detectaron movimientos de cuerpos no policiales cuando hacían seguimientos a Rosalía Iglesias en busca de pistas que le llevaran al botín de su marido, pero ha eludido decir quiénes podrían ser al no tener pruebas. "Éramos los tontos de la película. Veíamos cosas raras", ha señalado. También ha comentado algunos de los servicios prestado al país -se ha considerado uno de los mayores expertos en terrorismo yihadista- y se niega a ser el "mamporrero de la Kitchen" tras más de cuatro décadas de trayectoria profesional.

García Castaño ha llamado la atención sobre el hecho de que Bárcenas no sólo no denunció el supuesto de robo de material tras el dispositivo Kitchen sino que declaró a El Mundo que tenía cajones con documentos y pendrives "a buen recaudo". Ha sido en ese momento cuando el diputado del PP Luis Santamaría ha acusado sin pruebas al periodista Raúl del Pozo de escribir a sueldo de la familia Bárcenas, posibilidad que el compareciente ha descartado.

El comisario principal no tiene dudas de que tanto el ministro como el secretario de Estado de Seguridad -"por supuesto", ha enfatizado- "conocían la investigación" que la Audiencia Nacional investiga desde finales de 2018, al tiempo que ha sugerido que también debía estar al tanto el entonces director general de la Policía (Ignacio Cosidó) por "lealtad" de Eugenio Pino. También considera que Mariano Rajoy debía estar informado porque Villarejo "siempre ha tenido acceso a los presidentes del Gobierno" a través de personas interpuestas.

Interior conocía las empresas de Villarejo

El ex mando policial ha asegurado que "todo el mundo sabía" en el Ministerio del Interior que José Manuel Villarejo tenía empresas y que incluso algunos directores adjuntos operativos de la Policía llegaron a despachar con él en las oficinas que su grupo (Cenyt) tenía en Torre Picasso, en el distrito financiero de Azca. No sólo eso, García Castaño también ha mantenido que el Cuerpo Nacional utilizó esas compañías en investigaciones oficiales como "tapadera".

El comisario principal ya retirado, que ha permanecido en activo durante 44 años, también se ha referido durante su conversación a su papel en las investigaciones del 11-M -"evité un montón de muertes que iba a haber diez después", ha dicho- y del caso Faisán (relativo al chivatazo a ETA), entre otras actuaciones profesionales.

También ha lamentado que no le hayan dejado hablar en sede judicial de la llamada Operación Cataluña, a la que se ha referido en tres ocasiones durante sus comparecencias ante el juez del caso Villarejo. En este sentido, García Castaño ha revelado la existencia de una reunión en el Ministerio del Interior "en 2013" en la que estuvieron presentes el ministro (Fernández Díaz), el secretario de Estado de Seguridad (Francisco Martínez) y diversos agentes policiales. El objetivo de ese operativo era la situación en Cataluña, la corrupción y la seguridad de instituciones y cargos políticos, negando que hubiera incluido algún dispositivo de vigilancia o pinchazo de teléfonos.