Jorge Fernández Vaquero (AJFV): "El sistema que tenemos permite, fomenta y beneficia el uso partidista del CGPJ"

El cinco de mayo no sólo habrá ganadores y perdedores por el designio de los ciudadanos en la Comunidad de Madrid, sino que también se producirá -previsiblemente y tras las reprimendas de la Comisión Europea- una nueva reunión entre el PSOE y el PP para desencallar un asunto que lleva más de dos años varado: la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El aplazamiento de las negociaciones hasta que pase la fecha electoral "ya nos da una idea de cuáles son los parámetros que están barajando el Partido Popular y el Partido Socialista", señala en una entrevista con El Independiente Jorge Fernández Vaquero, magistrado y portavoz nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), y de la urgencia que ambas formaciones le dan a la necesidad de solucionar la actual situación del órgano de gobierno de los jueces.

La Unión Europea ya dado varios tirones de orejas por la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y por su versión 'dura'. Por esta última, la vicepresidenta responsable de Justicia de la Comisión Europea, Vera Jourova, trasladó en una reunión telemática al ministro de Justicia español, Juan Carlos Campo, que la propuesta de reducir los tres quintos necesarios del Congreso de los Diputados para elegir a los vocales judiciales del CGPJ a una mayoría simple en una segunda vuelta suscitaba "serias preocupaciones" desde el órgano comunitario. Asimismo, el presidente del Grupo de Estados Contra la Corrupción (GRECO), Marin Mrcela, se dirigió al Gobierno para exponerle que esa reforma "se desvía de los estándares del Consejo de Europa relativos a la composición de los consejos judiciales y la elección de sus miembros y puede suponer una violación de los estándares anticorrupción del Consejo de Europa".

Para Fernández Vaquero, los avisos europeos surgen como respuesta a la presión que han ejercido las asociaciones judiciales durante los más de dos años que el CGPJ lleva en funciones. "Las manifestaciones de la vicepresidenta son consecuencia directa de la carta que remitimos las asociaciones judiciales", asegura, para luego recalcar que lo realmente importante de la petición de Jourova es que la reforma del Poder Judicial vaya "más allá" para adecuarse al estándar europeo, que dicta que "por lo menos la mitad de los miembros del Consejo los deben elegir los jueces".

PREGUNTA.- El ministro de Justicia, tras las advertencias de la Comisión Europea, instó al PP a reunirse de nuevo a más tardar el 5 de mayo para desbloquear la renovación del CGPJ. ¿Considera que esa cita se ha pospuesto demasiado? ¿Se le está dando prioridad a las elecciones antes que a la composición del órgano judicial?

RESPUESTA.- A lo que se le está dando más prioridad es a los intereses de cada partido desde hace años. El hecho de que se posponga una reunión para tratar de acercar posturas en relación al Consejo por una cita electoral ya nos da una idea de cuáles son los parámetros que están barajando el Partido Popular y el Partido Socialista. Pero esto no es nuevo. Si ya estuvieron a punto de alcanzar un acuerdo y se rompió fue porque había elecciones en Cataluña y antes de eso fue por otros motivos, y siempre se van anteponiendo los intereses de cada partido al interés que pueda haber en solucionar la situación en la que se encuentra el CGPJ.

Ese acuerdo no va a solucionar ningún problema y simplemente va a ser un pacto que hagan PP y PSOE porque les interesa en ese momento

Pero la reunión, la negociación y el acuerdo, si es que se producen el día 5 de mayo, también van a estar basados en los intereses de los dos partidos. Aunque ellos lleguen a un acuerdo para renovar el Consejo, ese acuerdo no va a solucionar ningún problema y simplemente va a ser un pacto que hagan PP y PSOE porque les interesa en ese momento y por las razones que sea. El problema es el sistema que tenemos, que permite, fomenta y beneficia ese uso partidista de las instituciones, en este caso del Consejo. Se ha demorado más de la cuenta, pero lo que va a darse no deja de ser una manifestación más de ese uso en su propio beneficio de las instituciones.

P.- ¿Considera que las advertencias de Bruselas a España por la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial han sido una respuesta a la presión que estaban ejerciendo los miembros de la justicia contra esta norma?

R.- Las manifestaciones de la vicepresidenta de la Comisión Europea y del comisario de Justicia de hace dos semanas sí son consecuencia directa de la carta que remitimos las asociaciones judiciales. Ahora bien, lo importante de esta reacción no es que la Comisión Europea dijera que no le parecía admisible la reforma de las mayorías necesarias para elegir a los miembros del CGPJ que estaba en trámite, porque esto ya lo había dicho la CE. Para mí lo importante de esa reacción es que va más allá y dice: "Oiga, no sólo es que esta reforma es inadmisible, es que no basta con renovar el CGPJ". Es cierto que es una anomalía que el Consejo siga sin renovarse. Eso deteriora la institución y no es razonable, pero no basta con eso; hay que dar un paso más y llegar al estándar europeo.

El estándar europeo es que por lo menos la mitad de los miembros del Consejo los deben elegir los jueces. Eso es lo importante y, aunque no es novedoso porque la CE lo había dicho antes, que lo diga tan directamente y de una forma tan clara sí es el verdadero éxito inicial de la presión que ejercimos las asociaciones judiciales y una corriente de opinión en medios de comunicación y en personas con capacidad de influir en la sociedad, que estaban empujando en el mismo sentido.

P.- ¿Cómo reformarían ustedes el Poder Judicial?

No puede ser que los jueces y magistrados pasen de los tribunales a la política y luego vuelvan sin solución de continuidad

R.- Lo primero y más importante es reformar ya, no dentro de un año ni dentro de dos, la forma de elección de los vocales judiciales del Consejo, para que los 12 que, según la Constitución, tienen que ser jueces en activo sean jueces elegidos por votación entre los jueces. Y los otros ocho, cuatro por el Congreso y cuatro por el Senado, entre profesionales de prestigio que no sean jueces. Y con eso tenemos una composición equilibrada, por lo menos tal y como la diseñó la Constitución.

Lo segundo es reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para cerrar las puertas giratorias. No puede ser que los jueces y magistrados pasen de los tribunales de justicia a los puestos políticos y luego vuelvan sin solución de continuidad. Matizo: no hay ningún problema en que un juez vaya a la política, tiene derecho a hacerlo como cualquier otra persona. El problema está que vuelva de seguido. Eso es lo que hace mucho daño y esa vuelta hay que cercenarla, limitarla o condicionarla.

La tercera cuestión necesaria es reformar los nombramientos que se hacen de los cargos discrecionales dentro de la carrera judicial. Hay que limitar y establecer criterios objetivos que reduzcan la discrecionalidad al ámbito imprescindible. El margen de elección que tiene ahora el Consejo de discrecionalidad es tan amplio que en realidad no se sabe si responde a mérito y capacidad o si responde a otros criterios. Hay que reducirlo para reforzar la legitimidad del sistema, del propio Consejo ante la sociedad y ante los propios jueces.

P.- Desde la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), ¿se sienten escuchados por el Gobierno cuando opinan sobre la reforma del CGPJ?

R.- En absoluto. Nosotros no nos sentimos escuchados prácticamente por nadie, salvo por los medios de comunicación y por nuestros propios compañeros. Con independencia de pertenecer a una asociación u otra, el sentir común es este; podemos diferir en matices, pero hay un cierto consenso en que estas reformas son necesarias. El Gobierno no tiene ninguna receptividad a lo que nosotros decimos, porque le da igual lo que nosotros decimos. Sólo reaccionan cuando su imagen sufre algún daño, por ejemplo, han reaccionado a la intervención de la UE, motivada por nuestra carta, porque les hacía daño políticamente.

P.- ¿Qué piensa cuando escucha decir a quien fuera vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, que en España "vivimos en una democracia mejorable"?

R.- El problema es a qué se refiere él o qué considera él que debería ser mejorable. Que nuestra democracia es mejorable es una verdad irrefutable; no tenemos un funcionamiento perfecto como sistema democrático. Por otro lado, no hay ninguna democracia en el mundo que tenga un funcionamiento perfecto, todas las democracias son mejorables. Nosotros, en mi opinión, tenemos ámbitos importantes que mejorar en cuestiones esenciales.

La cuestión es cuando se vincula permanentemente ese propósito de mejora con unas determinadas actuaciones del Poder Judicial, cuando el vicepresidente del Gobierno cada vez que había una resolución que a él no le convenía políticamente, vinculaba esa resolución judicial con un deficiente funcionamiento democrático de las instituciones del país. Ese es el problema, porque lo que están haciendo es deslegitimar el Poder Judicial presentándolo como un enemigo de la democracia. Y eso en sí mismo es extremadamente grave para la propia democracia.

P.- ¿Mejoraba la democracia de nuestro país la reforma que se estaba preparando del CGPJ?

Las reformas del CGPJ que se han tramitado hay que entenderlas como instrumentos de satisfacción de intereses particulares

R.- Esa reforma no se puede interpretar en clave de búsqueda de mejorar ni de solucionar nada. La que se estaba tramitando y la que se ha tramitado y se ha aprobado solamente hay que entenderlas como instrumentos de satisfacción de intereses particulares. De la misma manera que el Consejo no se ha renovado porque el PP lleva dos años poniendo trabas, las que sean, unas más solidas y otras menos sólidas; no ha querido llegar a un acuerdo por las razones que sean. Si eso lo ha hecho porque le interesaba al propio Partido Popular, de la misma manera tanto la reforma que estaba en trámite como la que han aprobado hay que entenderlas como la forma que el PSOE y Unidas Podemos han buscado para intentar lograr su propio objetivo y en su propio beneficio, que es conseguir que se renueve el Consejo como ellos quieren, con los que ellos quieren colocar.

El problema, en el fondo, no es que el CGPJ esté sin renovar, porque renovándolo no se soluciona el verdadero problema, que es que tenemos un sistema pensado para que los partidos políticos mayoritarios puedan satisfacer su propio beneficio. Están colonizando, instrumentalizando y casi saqueando las instituciones, en concreto el CGPJ.

P.- En diciembre, Íñigo Errejón dijo en el Congreso que existía un "sesgo" elitista que marcaba el "carácter de la justicia española" y que ese sesgo hacía que el Poder Judicial que pareciese muy poco a la sociedad real. Añadió, además, que "democratizar la justicia es también democratizar el acceso a quién puede llegar a la carrera judicial". ¿Qué respondería ante esas afirmaciones?

R.- Desde los prejuicios no se puede conocer la realidad, y mucho menos solucionarla. Todo eso son prejuicios. Esta pregunta me la han hecho más veces y nadie ha sido capaz nunca de aportarme un solo dato que demuestre esas afirmaciones. Esto es como el dogma de la Santísima Trinidad: ellos te dicen que los jueces son de derechas y tú te lo tienes que creer, tienes que tener fe, porque, si no la tienes, nadie es capaz de demostrarlo. 

Hay gente que se cree que los jueces son de derechas, y no de derechas, sino casi franquistas

Eso es como una religión que postula que los jueces son de derechas, y no de derechas, sino casi franquistas. Y eso hay gente que se lo cree, como hay gente que cree en la divinidad, con el mismo tipo de creencia acrítica y sin que nadie aporte ningún tipo de dato. No existe un estudio tan profundo como para tener una verdad científica sociológica. Pero los datos que tenemos apuntan sistemáticamente desde hace años a que tenemos una carrera judicial en la línea de la sociedad española. 

Ahora bien, el sesgo que hay en la carrera judicial no lo introduce la forma de acceso a la carrera más que muy superficialmente; el sesgo que tiene la carrera judicial es que es una carrera que exige una titulación universitaria para el acceso, y la universidad tiene un sesgo. Es ahí donde nadie quiere meter la mano de verdad, eso no les interesa. En España, aunque el acceso a la universidad tiene un sistema de becas que facilita que amplias capas puedan ir, sigue siendo minoritario. El acceso a la universidad no es mayoritario. Y ahí hay un determinado sesgo socioeconómico muy matizado. 

Ese es el sesgo que tiene la carrera judicial, que luego la forma de acceso por oposición libre puede incrementar levemente, pero no es de manera significativa. En todo caso, si tanto lo repiten, ya va siendo hora de que alguien aporte algún dato que sustente esa afirmación. El único interés de los que una y otra vez dan la matraca con este tema, y esto no lo digo por Íñigo Errejón, es que justamente quieren que la carrera judicial tenga un determinado sesgo, el que a ellos les gusta.

P.- ¿Qué opinión tiene del actual ministro de Justicia, Juan Carlos Campo?

R.- Es una persona muy afable en el trato y tengo que reconocer que el equipo del Ministerio de Justicia siempre ha intentado mantener abierta la comunicación con las asociaciones judiciales. No obstante, creo que, por un lado, se ha encontrado con que en las decisiones más importantes en materia de Justicia no ha tenido participación o no ha sabido hacer valer los intereses generales. Hay asuntos, como los del CGPJ, que se han decidido directamente en otros ámbitos que no son el Ministerio de Justicia, y esto a él le deja en un mal lugar.

Juan Carlos Campo se ha encontrado con que en las decisiones más importantes en materia de Justicia no ha tenido participación

Por otro lado, en muchas ocasiones, el diálogo y la comunicación no pasan por reunirse muchas veces, sino que pasan por que sea bidireccional y que las dos partes podamos hacer aportaciones. Ahí ha faltado un poco también por parte del Ministerio. Hemos tenido muchas reuniones en las que nos informaban de cosas que ya se sabían por la prensa o porque se habían hecho públicas, y eso no es establecer un diálogo.

P.- Más allá de las reformas que se vayan a llevar a cabo o no el CGPJ, ¿qué necesita la Justicia española (digitalización, mayor claridad para ser comprendida por los ciudadanos, etc.)?

R.- Se está tratando de introducir, potenciar y desarrollar las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y la digitalización. Se está intentando avanzar en eso. Ahora el Gobierno acaba de aprobar un anteproyecto de ley para introducir una nueva forma de organización judicial y el Ministerio ha promovido una reforma de agilización procesal.

En general, es una pequeñísima parte de lo que verdaderamente hace falta, porque lo que hace falta son reformas que mejoren el funcionamiento de los tribunales, por un lado, y reformas que aproximen, por otro lado, la justicia a la sociedad. Las dos son igual de importantes, porque una repercute en la eficacia y la otra refuerza la legitimidad de la justicia.

La digitalización implica la interoperabilidad. No puede ser que tengamos sistemas informáticos incompatibles entre las comunidades autónomas. Hay que dotar a los juzgados de los equipos necesarios para que se puedan utilizar las nuevas tecnologías. La digitalización exige también que el CGPJ uniformice las herramientas de las que disponemos los jueces.

En cuanto a la faceta de acercar la justicia a la sociedad, se pueden explorar muchas posibilidades. Se debería recuperar la figura de un portavoz del Consejo, alguien que fuera la voz de la institución e indirectamente la voz de los jueces ante asuntos que también les conciernen y que están en los medios de comunicación. A la hora de explicar sentencias, se podría estudiar la figura de los jueces divulgadores, que existen en otros sistemas y que son jueces que están en activo y que se encargan de hacer de enlace con los medios de comunicación a la hora de tener que explicar el contenido de una sentencia y para hacerlas un poco asequibles para los propios informadores.

Creo, además, que habría que reforzar la imagen corporativa del Consejo, porque tú ahora vas a un tribunal de justicia y ahí está presente el Ministerio de Justicia y la comunidad autónoma, pero el CGPJ no aparece por ningún lado. El Poder Judicial es un poder invisible. Está el juez, pero no tiene una representación gráfica más que en el buzón de quejas. 

Había un punto en el que te podías ir a tomar una cerveza y no podías ir a un juzgado; plantearía si el Poder Judicial es un estorbo para el Ejecutivo

P.- ¿Qué retos y qué novedades ha dejado el Covid-19 en la Justicia?

R.- La respuesta frente al coronavirus lo que ha supuesto es que se abra la puerta a la utilización de medios telemáticos para realizar actos procesales, cuando antes era todo muy presencial. Es el principal salto que se ha producido, pero se ha hecho por necesidad y de una manera un tanto precipitada y no debe de permanecer como está ahora. Si se quiere hacer bien, hay que regularlo y hay que establecer unos estándares mínimos que ahora mismo no tenemos.

El coronavirus ha traído un impulso procesal, por parte del legislador como de los propios jueces y abogados, para reducir la inmediación y la oralidad. Durante muchas décadas se ha buscado que lo principal de un proceso fuera un acto en el que estaban presentes el juez y las partes y se hacía todo de manera oral, se escucha a los testigos y se valora la prueba, y, de repente en un año y debido al coronavirus, todo eso ha saltado por los aires y ahora hay un impulso muy importante a que se haga todo por escrito y sin necesidad de hacer ese acto oral. Esto no necesariamente es bueno, porque el coronavirus se ha enfocado a prescindir de muchos trámites que a final suponen convertir el procedimiento judicial en algo preferentemente escrito.

Y una tercera cuestión que puso de manifiesto esta situación es qué lugar ocupa el Poder Judicial, porque los tribunales de justicia pararon en buena medida, pero luego el Gobierno y el legislador fueron muy reticentes a la hora de que volviera a recuperar su actividad. Allá por mayo del año pasado, nosotros tuvimos que exigir públicamente al Gobierno que reanudara la actividad de los tribunales, aunque fuera poco a poco. Porque había un punto en el que estaban abiertos los bares, te podías ir a tomar una cerveza, y no podías ir a un juzgado. Yo plantearía hasta qué punto el Poder Judicial es un estorbo para el Poder Ejecutivo, no por el Gobierno de España de ahora sino como reflexión general para la sociedad.