El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) trasladará a la Comisión Europea que "el principal impacto" de la reforma legal impulsada por los partidos del Gobierno para limitar la función constitucional del órgano de realizar nombramientos mientras está en funciones "se hará sentir en el Tribunal Supremo".

Es una de las contestaciones del órgano de gobierno de los jueces español a las preguntas que le ha trasladado la Comisión Europea en el marco de la preparación del informe sobre el Estado de Derecho 2021. Los vocales del Consejo, por 17 votos frente a 3 en contra -los de los vocales Enrique Lucas, Clara Martínez de Careaga y Concepción Sáez- y uno en blanco -Roser Bach- aprobaron examinar y aprobar las respuestas a las cuestiones remitidas por la institución europea, como propusieron los ocho vocales Rafael Fernández Valverde, Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Gerardo Martínez Tristán, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, Nuria Díaz y Ángeles Carmona.

Los mismos consejeros también propusieron plantear un conflicto de atribuciones con las Cortes Generales al Tribunal Constitucional al entender que la reforma legal que limita sus funciones invade la "división de poderes, esencial en la democracia como vertebrador de un Estado de Derecho". Una propuesta que fue rechazada por el resto de miembros del Consejo. Finalmente el CGPJ rechazó dirigirse al Alto Tribunal por 13 votos frente a ocho. Con los mismos votos descartó también pedir al Defensor del Pueblo que presente un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial por medio de la ley 4/2021, como solicitaron los mismos vocales.

Lo que sí aprobó el Pleno, reunido hasta bien entrada la noche de este miércoles, fue contestar a las preguntas de la Comisión Europea. A la cuestión '¿Cuál es el impacto esperado de esta ley en el funcionamiento del sistema de justicia?', el Pleno informará a la Comisión: "El principal impacto que la reforma tendrá sobre el sistema de justicia es el de que el CGPJ en funciones no puede proceder a realizar nombramientos de carácter discrecional, es decir, nombramientos de magistrados del Tribunal Supremo y de cargos gubernativos. El impacto mayor de la reforma se hará sentir en el Tribunal Supremo, ya que las presidencias de Audiencias Provinciales, Tribunales Superiores de Justicia, Audiencia Nacional y presidencias de sala se seguirán ejerciendo en funciones hasta que el nuevo Consejo proceda a realizar los nombramientos, aunque ha de tenerse en cuenta que siempre pueden producirse jubilaciones y fallecimientos".

A fecha 30 de abril de 2021 se habrán producido ocho vacantes en el Tribunal Supremo, sobre una planta de 80 magistrados

Los vocales del órgano informarán a Europa de que "A fecha 30 de abril de 2021 se habrán producido ocho vacantes en el Tribunal Supremo, sobre una planta de 80 magistrados (lo que representa un porcentaje del 10%) y 22 puestos gubernativos vacantes sobre un total de 117 (lo que supone un porcentaje del 18,80%).Esta circunstancia afectará también a los nombramientos discrecionales de la jurisdicción militar".

"Sistema de elección de los jueces"

La Comisión Europea también se ha interesado por la encuesta realizada por el CGPJ que muestra que el 90% de los jueces españoles es partidario de volver al sistema de elección de los jueces- miembros del CGPJ por sus compañeros. '¿Contempla el CGPJ alguna iniciativa en este sentido?', ha preguntado. "El CGPJ no ha planteado iniciativa alguna en relación con esta
cuestión, porque carece de iniciativa legislativa", contestará el órgano de los jueces español.

Legalidad de las normas anticovid

En el documento con el que los vocales contestan a las preguntas de la CE, que El Independiente reproduce seguidamente, el órgano también informa sobre la "importante labor de control de
la legalidad de las normas adoptadas a nivel estatal para controlar la pandemia" que ha hecho el Tribunal Supremo así como los Tribunales Superiores de Justicia "en la ratificación de medidas adoptadas por las autoridades sanitarias autonómicas una vez finalizado el estado de alarma".