Imagen de un guardia civil de espaldas mirando La Línea de la Concepción en Cádiz

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Ser guardia civil en el Campo de Gibraltar: "Lo único que queremos es volver a casa vivos"

Los disturbios de esta semana en La Línea por un bulo demuestran la “animadversión” de un sector de la población hacia las fuerzas de seguridad por la presión policial / “Necesitamos que se nos oiga. La situación es ya insostenible”, clama una agente

A un guardia civil le han tenido que poner protección después de que se empapelara La Línea con su fotografía y se le señalara públicamente, un vehículo policial ha recibido el impacto de un proyectil, un inspector resultó gravemente herido tras ser embestido en Algeciras por un vehículo cargado con fardos de hachís cuando se encontraba de servicio, tres agentes sufrieron lesiones por disparos de escopetas de caza cuando inspeccionaban una plantación de marihuana en Bornos… No es el guion de una serie televisiva sobre narcos, sino la realidad a la que con demasiada frecuencia se enfrentan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Cádiz, muy especialmente en la comarca del Campo de Gibraltar.

El último episodio se ha vivido esta semana en La Línea, cuando el bulo de que unos guardias civiles no habían querido socorre a los dos hombres que se ahogaron cuando intentaban alcanzar la costa a nado tras volcar la embarcación en la que viajaban prendió la mecha y se registraron graves disturbios. Ello ha obligado a reforzar la presencia policial en esta ciudad, cuyo nombre vuelve a aparecer nuevamente en las páginas de sucesos de los diarios.

«Lo único que queremos es volver a casa vivos y que cuando nuestras familias vayan al supermercado, a comprar el pan, al parque o a cualquier otro sitio no les pase nada», resume la secretaria general de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en Cádiz, María del Carmen Villanueva. Ni productividad ni equiparación salarial: la verdadera «prioridad» de los agentes destinados en esta provincia es no perder la vida estando de servicio, según le contó emocionada Villanueva a sus compañeros de uniforme el pasado miércoles durante su intervención en la asamblea general ordinaria anual de la asociación. Los asistentes le tributaron una ovación.

Situada a 14 kilómetros de uno de los mayores productores de hachís del mundo, vecina de Gibraltar y con una de las tasas de desempleo más elevadas del país, esta comarca gaditana es desde hace años el epicentro caliente de la actividad de las bandas dedicadas al tráfico de drogas y al contrabando de tabaco. La presión de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ha logrado descabezar muchas de las bandas criminales y reducir drásticamente la actividad delincuencial, pero asociaciones de la Guardia Civil y sindicatos policiales siguen demandando más medios humanos y materiales para recuperar el «principio de autoridad».

«Salir de patrulla a día de hoy en cualquier unidad de la provincia de Cádiz es una acción que tiene un alto riesgo para la integridad de los guardias civiles», sostiene Villanueva, destinada actualmente en el Servicio de Intervención de Armas de la Comandancia de Cádiz y con más de dos décadas de servicio en el Cuerpo tras una breve etapa en el Ejército. La funcionaria llama la atención sobre la «agresividad» que demuestran hoy los delincuentes, que han demostrado en más de una ocasión «no tener límites» cuando se han visto acorralados.

La Guardia Civil ha tenido que ponerle protección a un agente después de que empapelaran La Línea con su fotografía

«En 2020 utilizaron armas de fuego cuando protegían una plantación de marihuana para repeler la acción de los guardias cuando fueron a identificarlos, hace poco les encontraron armas de guerra a los guardeses de un local de Sanlúcar de Barrameda donde tenían droga, en persecuciones ya no evaden a la autoridad sino que se enfrentan a ella con agresiones y atropellos… Cada vez está la calle más peligrosa», comenta a este diario Villanueva. Ésta advierte de que la «merma» de guardias civiles y el hecho de que se le esté dando «prioridad» a la costa está provocando un cierto desplazamiento de la actividad a la sierra, donde se han localizado diversas plantaciones de marihuana.

En agosto de 2018, dos meses después de la llegada al cargo de Grande-Marlaska, el Ministerio del Interior puso en marcha un plan especial de seguridad para el Campo de Gibraltar. El operativo incluía un importante refuerzo de policías nacionales y guardias civiles (356 agentes en total) en todos los municipios de la comarca y la puesta a disposición de los agentes de vehículos y medios tecnológicos (cámaras, material informático, equipos de seguimiento y localización…) para poder hacer frente a las bandas dedicadas al narcotráfico y el contrabando.

Esa presión policial está dando sus frutos. Hasta el 31 de mayo de 2020, el dispositivo había permitido la incautación de más de 268,2 toneladas de droga (258.300 kilogramos de hachís, 8.545 de cocaína, 501 de heroína y cantidades menores de otras sustancias) y 1.286.277 cajetillas de tabaco, así como la detención de 1.806 personas por su implicación en el tráfico de drogas y contrabando. El plan ha posibilitado también el aumento de las investigaciones patrimoniales por blanqueo de capitales, lo que ha permitido debilitar las estructuras que sostienen económicamente a los clanes.

El desencadenante que motivó esa respuesta del Estado tuvo lugar en febrero de 2018, cuando un grupo de encapuchados irrumpió en el Hospital de La Línea de la Concepción y logró liberar a un narco (Samuel Crespo) que había sido detenido por la Policía Nacional y estaba bajo custodia. Los propios guardias civiles alertaron del inicio de un «cartel de la droga» y de la necesidad de tomar medidas para que las bandas no terminaran corrompiendo con sus tentáculos a las instituciones públicas.

Desde entonces, partidos políticos (como PP, Vox y Ciudadanos), asociaciones profesionales de la Guardia Civil, sindicatos policiales y plataformas ciudadanas vienen pidiendo al Ministerio del Interior que catalogue el Campo de Gibraltar como Zona de Especial Singularidad. Ello llevaría aparejado un refuerzo policial y judicial y la concesión de incentivos económicos y laborales para reconocer la labor que ejercen los agentes destinados en esta comarca gaditana, principal puerta de entrada de la droga en España.

¿Zona de Especial Singularidad?

De momento, esta pretensión sigue sin prosperar. El pasado martes, los grupos parlamentarios de PSOE, Unidas Podemos y EH-Bildu tumbaron la proposición no de ley del Partido Popular para que se declarara este territorio -formado por siete municipios y con una población de más de 272.000 habitantes- como Zona de Especial Singularidad. Entre otras medidas, la iniciativa buscaba la creación de una Unidad de Prevención y Reacción (UPR) con base en La Línea, la construcción de una nueva comisaría en esta ciudad y habilitar más estaciones del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE). 

«Pensamos que hasta que no haya un muerto no se van a tomar medidas. Llevamos muchos años pidiendo que se declare Zona de Especial Singularidad, pero no sólo para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Se necesitan profesores, más juzgados, una Administración más ágil que pueda ordenar la destrucción de las embarcaciones que se interceptan y de la droga incautada…», enumera María del Carmen Villanueva, que cuantifica en unos 17.000 los kilos de sustancias estupefacientes que custodian los distintos acuartelamientos de la Guardia Civil en la provincia.

En esta línea ahonda Francisco Mena, portavoz de la plataforma ‘Por tu seguridad, por la de todos’. Este colectivo llevó en noviembre de 2018 a la Comisión Europea una propuesta de Plan integral del Campo de Gibraltar, en el que se incluían diversas medidas para tratar de atajar el grave problema del narcotráfico en la zona: refuerzo policial, inversiones educativas, lucha contra el desempleo…

Necesitamos que se nos oiga. La situación es ya insostenible en Cádiz», clama la líder de la AUGC en esta provincia

«Si alguien piensa que sólo con Guardia Civil y Policía Nacional se va a resolver el problema se equivoca. Para dar una respuesta se necesitan medidas en materia de formación, educación, vivienda, servicios sociales y empleo para dar salida laboral a esa gente que está en el narcotráfico porque no tiene otra oportunidad», sostiene Mena, que demanda inversiones a corto, medio y largo plazo al Estado y a la Junta de Andalucía.

La pandemia del coronavirus ha agravado la situación que vive en materia de desempleo La Línea, el municipio español de más de 40.000 habitantes con una tasa de paro más elevada (un 41,74 % con datos referidos al pasado mes de abril, 12 puntos más que en agosto de 2019). En ese segmento hay otras tres ciudades gaditanas entre las cinco primeras: Jerez (34,97 %), Chiclana de la Frontera (34,41 %) y Sanlúcar de Barrameda (33,90 %).

A juicio del portavoz de ‘Por tu seguridad, por la de todos’, el trasfondo del «estallido social» que se ha registrado esta semana en La Línea es la «animadversión» que ha desarrollado una parte de la ciudadanía hacia las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por la intensificación de la presión policial en los últimos tres años. Y advierte: «O implementamos otras medidas o vamos a tener que tomar policialmente el Campo de Gibraltar durante años».

A la espera de que se refuercen las medidas, María del Carmen Villanueva lanza un mensaje: «Me gustaría que todo el mundo supiera las circunstancias y la presión con la que trabajan los guardias civiles en la provincia de Cádiz. Necesitamos que se nos oiga. La situación es ya insostenible».

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