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Crisis de Ceuta: denuncian a Mohamed VI y al Gobierno de Othmani por crímenes de lesa humanidad

El denunciante, que fue observador internacional de la OSCE en Bosnia y Croacia, considera que las autoridades marroquíes delinquieron por la "utilización peligrosa" de jóvenes y menores en aras de sus “políticas expansionistas e ilegales"

Rey Mohamed VI.

Rey Mohamed VI.

Un vecino de Bilbao que trabajó para la Comisión Europea y ejerció como observador internacional de la OSCE en las misiones de Bosnia y Croacia ha presentado una denuncia contra Mohamed VI, el primer ministro, dos ministros marroquíes y la embajadora en España por crímenes de lesa humanidad, al «inducir» la pasada semana a miles de compatriotas a jugarse la vida para llegar a Ceuta en la mayor crisis migratoria que ha vivido la ciudad autónoma.

En caso de apreciar indicios de delito, el juzgado vizcaíno tendría que inhibirse necesariamente en favor de la Audiencia Nacional, el órgano jurisdiccional con competencias en España para investigar este ilícito penal. «Apelo a los tribunales competentes -nacionales o internacionales- a través del juzgado de instrucción de Bilbao en el que recaiga esta denuncia para que un acto ilegal no se convierta en un hecho consumado por las malas artes de unos gobernantes que intencionada y sistemáticamente perjudican de forma grave a su población civil primando sus políticas ilegales expansionistas, cuando no caprichosas, sobre la integridad física y moral, la dignidad y el sufrimiento de sus ciudadanos», expone.

Alejandro Espinosa denunció el jueves que las autoridades del país vecino habían «incitado y propiciado de forma consciente y deliberada» la avalancha de migrantes que logró entrar en Ceuta entre el lunes y el martes: unos 10.000, de los que alrededor de 7.800 han sido ya devueltos o han regresado voluntariamente. En concreto, la acción se dirige contra el rey; el primer ministro, Saadeddine Othmani; los ministros Naser Burita (Asuntos Exteriores) y Derechos Humanos (Mustafá Ramid), y la embajadora de Marruecos en España (Karima Benyaich).

«Entre esas 10.000 personas, muchas de las cuales han atravesado la frontera entre ambos países a nado, al menos un varón ha fallecido. Multitud han llegado ateridas de frío, exhaustas físicamente y desesperadas. Se han visto imágenes aterradoras de bebés congelados de frío y pálidos, salvados in extremis en el mar por agentes de la Policía española. Otras en las que un legionario lleva cuidadosamente en hombros a un niño de nacionalidad marroquí en lo alto de un muro salvando las alambradas que habitualmente impide el paso entre fronteras», detalla.

A juicio del denunciante, la «utilización peligrosa» de jóvenes y menores de edad para la «consecución a toda costa de políticas expansionistas e ilegales» por parte del Gobierno de Rabat es «punible» por el Derecho Penal español y por la legislación internacional y refleja la «vileza y miseria de unas autoridades salvajes que consideran a sus ciudadanos sólo como una herramienta en lugar de considerar su dignidad como personas».

«Gravedad de los actos»

En este sentido, Alejandro Espinosa señala que no sólo existen imágenes en las que se ve a jóvenes marroquíes lanzando piedras a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que protegían la frontera en el lado español, sino también las que demuestran cómo policías del país vecino, «inconscientes de la gravedad de sus actos», abrían las puertas para que cruzaran a España.

«Aunque la gestión de un incapaz Gobierno de España hubiera sido negligente o desacertada -al parecer advertido en dos ocasiones por el Gobierno marroquí-, nada justifica el envío de civiles en forma masiva a ocupar territorio extranjero con riesgo de sus vidas, incluyendo menores y mujeres de edad intermedia, ni tampoco a incitarles a que cometieran un acto ilegal», añade.

El denunciante considera que el hecho de que el ministro de Asuntos Exteriores manifestara públicamente que España «sabía que el precio por subestimar a Marruecos era muy alto» tras dar acogida bajo identidad falsa en un hospital de Logroño bajo identidad falsa al líder del Frente Polisario y que la embajadora señalara que «hay actos que tienen consecuencias» demostraría la «intencionalidad» del Gobierno de Rabat. «Además del riesgo físico para las vidas e integridad a las que las autoridades marroquíes han abocado irresponsablemente a muchos de sus ciudadanos sólo para hacer un gesto político incomprensible que en ningún caso lo justifica, se han separado a muchos menores de sus padres contra la voluntad de ambos», subraya.

Marruecos «chantajea a España»

Espinosa, que escribe actualmente un libro sobre las consecuencias de la inmigración en el país, considera que concurre en el caso el requisito del ataque sistemático o reiterado por cuanto Marruecos «chantajea a España y a Europa desde hace más de 30 años» con el envío de pateras con inmigrantes en situación irregular a bordo para que España «reconozca que el Sáhara es propiedad suya» y «hasta el monte submarino Tropic».

«Esta misma historia se ha repetido siempre que el rey de Marruecos o su gobierno ha querido hacer saber displicentemente a España o a Europa su parecer sobre algún aspecto que le desagradaba, de forma desleal y miserable propia más bien de un vándalo sin escrúpulos que de un jefe de Estado: la conocida como la crisis de los cayucos de 2006, la toma del islote de Perejil…», agrega.

En su opinión, la actitud de las autoridades de Marruecos va en contra tanto del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional -cuyo artículo 7 tipifica los crímenes de lesa humanidad- como del Código Penal (artículo 607 bis), que considera autores de dicho delito a quienes, «en el contexto de un régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemáticas», participe en «un ataque generalizado contra la población civil o contra una parte de ella».

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