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Vox lleva al TC el "cordón sanitario" del independentismo en el Parlament

Ignacio Garriga en el Parlament

Ignacio Garriga, líder de Vox en Cataluña, interviene ante el Pleno del Parlament

Vox recurrirá ante el Tribunal Constitucional la designación de los senadores autonómicos del Parlament, que el pasado 20 de abril impidió la elección de un representante de Vox entre los ocho senadores que corresponden a la cámara catalana. Una vez agotadas las vías parlamentarias -peticiones de reconsideración ante la Mesa del Parlament- Vox ha decidido presentar un recurso de amparo ante el TC.

Recurso que coincide con un nuevo veto a los de Abascal en la cámara catalana: Vox será el único partido que no presida ninguna comisión parlamentaria. En función del acuerdo cerrado este martes por la Mesa y la Junta de portavoces con los votos de ERC, JxCat y la CUP junto al PSC y comunes, al que solo se han opuesto Cs y PP.

Derecho a la participación política

Los servicios jurídicos del partido entienden que se ha vulnerado el art. 23 de la Constitución, que recoge el derecho a la participación política. «Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal» reza ese artículo, que en el caso de los votantes de Vox en Cataluña se habría vulnerado.

Vox argumentará además que la Mesa del Parlament despreció, para vetarles, los usos parlamentarios que habían regido hasta ahora la elección de senadores por designación autonómica. «Citamos abundante jurisprudencia relativa a ello» avanzan desde el partido que lidera Abascal, que espera que el TC anule la designación de senadores.

Si el Tribunal Constitucional atiende a su recurso de amparo, los ocho senadores escogidos el 20 de abril perderían su acta en las cortes y la cámara autonómica se vería obligada a votar de nuevo la designación de senadores en representación del Parlament.

Rodillo independentista

Entonces, el bloque independentista integrado por ERC, JxCat y la CUP, al que se sumaron los comunes, impuso su mayoría para excluir a los de Santiago Abascal en le reparto de senadores autonómicos. Un veto en el que no participó el PSC, al considerar que modificar el sistema de reparto para excluir a Vox vulneraba los derechos de representación de este partido y va más allá del cordón sanitario contra los verdes pactado con el bloque independentista.

Se ampararon para ello en una fórmula prácticamente desconocida, la Fórmula Imperiali, para designar tres senadores del PSC, otros tres de ERC y dos de Junts. Se trata de una variante de la Ley d’Hondt que favorece a los grupos mayoritarios. Una fórmula que nunca se había utilizado en la selección de senadores, en la que el Parlament

«El sistema que quieren aplicar para aislarnos es una imperial estafa» señaló entonces Ignacio Garriga, líder de Vox en Cataluña. El Parlament renuncia a la fórmula habitual para optar por un cálculo «usado en Italia en 1950 y en Ecuador en 2004» denunció Garriga, dejando claro ya entonces que, si no había rectificación, llevarían el caso ante el Constitucional.

Nuevo veto

El «cordón sanitario» contra Vox volvió ha vuelto a imponerse este martes, cuando la Mesa y la Junta han nombrado las presidencias, vicepresidencias y secretarías de las 14 comisiones parlamentarias que deben ejercer el control parlamentario a los nuevos departamentos de la Generalitat. Una decisión que la formación también recurrirá.

Según el reparto acordado, el PP tendrá una presidencia; la CUP y comunes, dos; PSC y ERC, seis, y Junts, siete, porque la presidenta, Laura Borràs, como tal preside dos comisiones. Cs se ha quedado también fuera del reparto, por su rechazo al cordón sanitario impuesto a Vox.

Durante la reunión de la Junta de Portavoces el partido de Ignacio Garriga ha protestado por la decisión, ha denunciado que va en contra del reglamento y ha hecho que los letrados del Parlament así lo explicitaran en el acta de la reunión. El reglamento de la Cámara establece que las presidencias de las comisiones tienen que ser repartidas proporcionalmente entre los grupos en función del número de diputados. Con 11 diputados, Vox es el cuarto grupo de la Cámara.

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