Migrantes hacen cola ante una furgoneta de Cáritas para recoger bolsas de comida en Ceuta.

Migrantes hacen cola ante una furgoneta de Cáritas para recoger bolsas de comida en Ceuta. EP

España

Migrantes en el limbo de Ceuta

Unos mil marroquíes adultos que lograron acceder en la entrada masiva de hace casi un mes malvive en la ciudad autónoma mientras Marruecos sigue sin aceptar las devoluciones: sólo abre la frontera a los que desean regresar de forma voluntaria

Un millar de los migrantes mayores de edad que lograron acceder irregularmente a Ceuta malvive en las calles de la ciudad autónoma casi un mes después de la entrada masiva: ni regresan voluntariamente a su país como otros miles de compatriotas al no ver satisfechas sus expectativas ni Marruecos acepta las devoluciones en plena crisis diplomática con España.

Entre los días 17 y 18 de mayo, unas 10.000 personas lograron entrar bordeando los espigones fronterizos de Benzú y Tarajal ante la permisividad de las autoridades marroquíes, irritadas por la acogida de España al líder del Frente Polisario para ser atendido en un hospital de Logroño por coronavirus. Engañados en muchos casos, unos 8.000 han retornado de forma voluntaria a Marruecos en estas tres semanas.

«No hay una cifra oficial, pero calculamos que permanecen todavía en la ciudad en torno a un millar de migrantes adultos. La Policía Nacional incoa los expedientes de devolución pero, desde el minuto uno, Marruecos no los está aceptando; tan sólo a los que desean regresar voluntariamente. El fin de semana pasado, unos 65; el lunes, 10; el martes, 24…», indican a El Independiente fuentes de la Delegación del Gobierno en Ceuta. Con la embajadora marroquí sin billete de vuelta para regresar a Madrid, no hay ninguna señal que lleve a intuir un cambio a corto plazo por parte del país vecino, que acaba de excluir a España de la Operación Paso del Estrecho.

Junto con los mayores de edad, hay alrededor de otro millar de migrantes menores no acompañados (menas) que tampoco han desandado el camino y están bajo tutela de Ceuta. Este viernes ha salido para Baleares un primer grupo de 11 -acogidos desde hace un año en el centro de La Esperanza- en cumplimiento del reparto establecido por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, a fin de descargar a la ciudad autónoma y que todas las comunidades autónomas -excepto Canarias- contribuyan a hacer frente a esta crisis migratoria.

Sin alojamiento, los migrantes adultos han montado minicampamentos en el monte y deambulan por las calles en busca de comida -suministrada por ciudadanos o por ONG como Cáritas- para subsistir mientras siguen acariciando el sueño de llegar a la península para iniciar una nueva vida. De momento, el Gobierno de Ceuta está habilitando varias naves en el polígono El Tarajal para poder poder ofrecerles una asistencia humanitaria básica -un techo para dormir, alimentos y aseo- a la espera de que se resuelva su situación administrativa.

Marruecos sigue sin aceptar las devoluciones: sólo abre la frontera a los compatriotas que desean regresar de forma voluntaria al país

«Hay más gente en la calle sin trabajo, sin comer… y eso genera una percepción de inseguridad entre la población. Es verdad que se registran algunos incidentes entre ellos porque no tienen medios de subsistencia básicos», reconocen a este diario desde el Gobierno ceutí, que confía en que el Ejecutivo de Pedro Sánchez cumpla su compromiso y libre ayudas para hacer frente a los gastos que está comportando esta crisis humanitaria.

«Los delitos han aumentado una barbaridad. Está habiendo peleas, navajazos, robos… y hay gente que se siente intimidada. Diría que se han incrementado en un 300 % las llamadas a la Sala de Operaciones del 091 y quizá me esté quedando corto», describe el secretario provincial y portavoz de la Confederación Española de Policía (CEP) en Ceuta, Eduardo García. «Hay un problema de seguridad pública importante», añade.

A la «sensación de inseguridad» se une otro hecho. Muchos de los migrantes se mueven por la ciudad sin portar mascarilla, lo que incrementa el riesgo de expansión del coronavirus. De acuerdo con los últimos datos facilitados por el Ministerio de Sanidad, la incidencia acumulada en Ceuta es de 47,5 casos por cada 100.000 habitantes, si bien en esta tasa no se tienen en cuenta «los 88 casos positivos importados en los últimos 14 días tras la reciente entrada masiva de personas».

Déficit de policías

El episodio registrado hace tres semanas obligó al Gobierno a desplegar al Ejército en la playa de El Tarajal para garantizar la integridad fronteriza y a reforzar la presencia policial con unos 200 agentes pertenecientes a unidades especializadas, entre policías nacionales y guardias civiles. Todavía se mantienen varios grupos de las Unidades de Intervención Policial (UIP) que se desplazaron desde la península fundamentalmente para reforzar la frontera, si bien también están llevando a cabo labores de seguridad ciudadana.

Eduardo García asegura que la Policía «no da abasto» para tramitar tantas peticiones de asilo y llama la atención sobre el hecho de que, en muchas ocasiones, la necesidad de realizar custodias en el hospital y prestar otros servicios está provocando que haya tan sólo un vehículo zeta patrullando las calles para atender a una población de 70.000 habitantes. «Entendemos que debería haber cuatro o cinco por turno de servicio y más en las actuales circunstancias», enfatiza el representante de la CEP.

Desde hace tiempo, tanto éste como otros sindicatos policiales vienen demandando sin éxito un refuerzo de la dotación estable en Ceuta por las particularidades de la ciudad autónoma y la presión migratoria que sufre por la vecindad con Marruecos. En concreto, cuenta con una plantilla formada por unos 500 funcionarios, siendo -junto a las del País Vasco y Navarra- de las que más efectivos ha perdido en la última década.

En el último concurso general de méritos para las escalas básica y de subinspección, la Dirección General ofreció en Ceuta cinco vacantes de subinspector, una de oficial y medio centenar de policías. A falta de que a final de mes se publique la relación definitiva, se han quedado sin cubrir 11 plazas, que previsiblemente se asignarán de manera forzosa a los funcionarios que juren el cargo en las próximas semanas tras completar su proceso de formación teórico y práctico. «Aun cobrando aquí más, nadie se quiere venir porque es muy complicado tratar con esta problemática», apostilla el portavoz de la CEP.

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