Quién es Boriss Cilevics, el socialista letón que pone contra las cuerdas a España en Europa

La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa respaldó ayer por 70 votos a favor, 28 en contra y 12 abstenciones el informe que pedía la concesión del indulto a los presos del proceso independentista de Cataluña horas después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendiese de forma oficial en el Liceo de Barcelona que las medidas de gracia eran el «primer paso» hacia una «nueva España». El órgano europeo ha votado a favor del duro escrito que ya supuso con su publicación un impulso más para una acción que se ratificará mañana en el Consejo de Ministros, pero que parecía anunciada desde hacía semanas. Sin embargo, el escrito va mucho más allá: reclama la excarcelación, la reforma del delito de sedición y rebelión, la cancelación de las euroórdenes y la paralización de cualquier juicio contra independentistas, como los que se siguen en el TSJC o en el Tribunal de Cuentas.

El informe ¿Deben ser perseguidos los responsables políticos por declaraciones hechas en el ejercicio del poder?, realizado en el marco de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, dejaba en mal lugar el derecho a la libertad de expresión en nuestro país, al considerar, entre otras cuestiones, que los políticos catalanes condenados por sedición, malversación y desobediencia por impulsar el procés en 2017 fueron realmente castigados por "declaraciones hechas durante su mandato en favor de un referéndum anticonstitucional sobre la independencia de Cataluña".

Este documento, que mezcla la situación en España con la de Turquía, ve claro que los nueve presos del procés en ningún caso utilizaron la violencia para sus fines e insta a que no se siga reclamando desde España al expresident Carles Puigdemont para ser juzgado por el Tribunal Supremo. El autor de este informe del Consejo de Europa es el propio presidente desde enero de 2020 de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, el socialista letón Boriss Cilevics, que concluye en su análisis que España «indulte o libere» a los encarcelados por el 1-O.

Este relator, nacido en 1956 en la segunda ciudad más importante por población y tercera por desarrollo industrial de Letonia, Daugavpils, pertenece al partido Armonía. La formación surgió en 2010 por la fusión de tres partidos y la ruptura con el Partido de los Trabajadores Socialdemócratas con el objetivo de representar a la población de habla rusa de Letonia. De hecho, en la localidad natal de Cilevics un 85% de los votantes votaron a favor de que se adoptase el ruso como segundo idioma en el referéndum de 2012, mientras que en el resto del país el 74,8% de la población se mostró contraria a esta medida.

Este socialista letón viajó en el año 2020 a España para reunirse con los líderes independentistas en Lledoners -un viaje que incluyó alquiler de coche a cargo del Congreso y costó más de 4.000 euros a las arcas del Estado-, así como con el entonces president del Parlamento regional, Roger Torrent, y con diferentes diputados catalanes. Durante esa visita conversó también con miembros de la Assamblea Nacional Catalana (ANC), entre ellos su presidenta, Elisenda Paluzie, y comunicó después en su cuenta de Twitter que estaba "completamente convencido de que esas mujeres y hombres no suponen ninguna amenaza para nadie".

Cilevics tuvo que aclarar en la misma red social, ante la acusación de la exdiputada de Ciudadanos Susana Beltrán García de que el socialista letón se había "negado a reunirse con Cs", que "todos los grupos políticos fueron invitados a una reunión conjunta. Una de las partes se negó, exigió una reunión separada, que no fue posible debido a limitaciones de tiempo. El cronograma se planificó con anticipación y se acordó con las autoridades".

Comparó Cataluña con Crimea

Ante el pleno de la Asamblea, Cilevics defendió este lunes que las penas dictadas contra los presos del procés eran "desproporcionadas" y que se comparaban con las que se imponen a "asesinos y violadores". Asimismo, mostró sus "dudas" respecto a la interpretación amplia que tuvo que hacer el Tribunal Supremo en 2019 respecto al delito de sedición, ya que no hubo un "elemento de violencia", aunque reconoció, por otra parte, que algunas de las declaraciones formuladas por los líderes independentistas "llevaron a acciones inconstitucionales", como la celebración del "referéndum ilegal".

De hecho, el presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Asamblea Parlamentaria insistió en que existían "muchas formas" de resolver el conflicto catalán, entre las que se encontraban "los indultos individuales o la reforma de las disposiciones en el parlamento". "Si el Gobierno anterior encontró una justificación suficiente para indultar a los coroneles que efectuaron una tentativa de golpe en 1981, ¿por qué no ahora?", apuntó.

No obstante, su benévola actitud hacia el independentismo catalán ha ido evolucionando con el paso de los años. En octubre de 2017, fecha en la que se produjeron los hechos finales por los que se juzgó a los líderes independentistas, el diputado socialista señaló que las convicciones de estos representantes no se correspondían con los derechos políticos. Y fue más allá: "Es lo mismo que con Crimea: la región no tiene derecho a declarar unilateralmente la independencia", sostuvo, según recogía entonces el diario Latvijas Avize.