España

Interior elude dar datos sobre la ayuda de 30 millones a Marruecos para no dañar las "relaciones"

El ministerio de Grande-Marlaska dice que la difusión de la información perjudicaría la "confianza mutua" y daría pistas a las mafias dedicadas al tráfico y trata de personas / La concesión del dinero se acordó en plena crisis diplomática con el país vecino

Grande-Marlaska y su homólogo marroquí, Abdelouafi Laftit, en un encuentro en Rabat el pasado mes de noviembre.

Grande-Marlaska y su homólogo marroquí, Abdelouafi Laftit, en un encuentro en Rabat el pasado noviembre.

El Ministerio del Interior ha rechazado ofrecer información acerca de la ayuda de 30 millones de euros que le concedió a Marruecos el pasado mes de mayo para financiar su despliegue policial en la lucha contra la inmigración irregular con el argumento de que la difusión de los datos perjudicaría la «confianza mutua», «interferiría en las relaciones exteriores» con el país vecino y daría pistas a las mafias dedicadas al tráfico y trata de personas.

Así lo razona la directora general de Relaciones Internacionales y Extranjería, Elena Garzón, en el oficio con el que desestima la petición de información que había formulado este diario a través del Portal de la Transparencia el mismo día que el Consejo de Ministros otorgó la citada subvención: el 18 de mayo, día en que tuvo lugar la avalancha de entradas en Ceuta por la pasividad de las autoridades marroquíes. En concreto, se solicitaba una copia de la memoria justificativa y de cualquier otro documento del expediente administrativo que soportara esta concesión.

En la referencia de los asuntos abordados en la citada reunión semanal que La Moncloa publicó en su web, el Gobierno despachó esta cuestión en 44 palabras: «Acuerdo por el que se autoriza la concesión de una ayuda de cooperación policial internacional para contribuir a la financiación del despliegue de las autoridades marroquíes en actividades de lucha contra la inmigración irregular, el tráfico de inmigrantes y la trata de seres humanos». Ni siquiera especificó el importe (30 millones), a diferencia de lo que sí hizo en 2019.

A preguntas de los periodistas en la conferencia de prensa posterior, el ministro Grande-Marlaska confirmó el otorgamiento de la ayuda, que enmarcó en la estrategia de «cooperación» que se mantiene con Marruecos para luchar contra la inmigración irregular. «Es una ayuda que ya está presupuestada dentro de los márgenes del presupuesto del Ministerio del Interior, y no con Marruecos, sino con todos los países de origen y tránsito, países con los que tenemos equipos conjuntos de investigación, es decir, tenemos policías nacionales o guardias civiles destinados y con los que cooperamos y coordinamos en los términos anteriormente indicados», justificó.

Crisis diplomática

Con la petición de información por la vía de transparencia se buscaba conocer el destino concreto que se dará al dinero concedido y las contraprestaciones exigidas a Marruecos, con quien se mantiene la mayor crisis diplomática de los últimos años después de que España acogiera al líder del Frente Polisario (Brahim Gali) para que fuera tratado de covid-19 en un hospital de Logroño.

Interior entiende que son de aplicación a esta petición tres de los límites de acceso que prevé la Ley de transparencia en su artículo 14 -concretamente la seguridad nacional, la seguridad pública y las relaciones exteriores– y ha denegado la información. Esa resolución desestimatoria puede ser ahora recurrida ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG).

El departamento que dirige Grande-Marlaska sostiene que, dado que Marruecos tiene una «importancia estratégica» por ser un país de origen y tránsito «clave» en la rutas de inmigrantes irregulares hacia España, difundir información relativa a la concesión de la ayuda «perjudica» la «confianza mutua» que se tiene con el país magrebí y supondría «un importante perjuicio para las relaciones exteriores de España».

El Gobierno acordó la concesión de la ayuda en plena crisis diplomática tras la avalancha de llegadas a Ceuta por la pasividad marroquí

«La necesidad de cooperar conjuntamente para responder a retos globales requiere generar y consolidar en el ámbito de las relaciones exteriores -en este caso, manifestado en la cooperación policial internacional- una confianza mutua. La pérdida de la misma, dando acceso a información de los documentos que componen el expediente para la concesión de una ayuda al Reino de Marruecos en el ámbito de la cooperación policial internacional, supone un riesgo cierto en las actuaciones presentes en proceso de desarrollo, así como en las futuras», argumenta la directora general de Relaciones Internacionales y Extranjería.

A ello, según el Ministerio del Interior, se suma el hecho de que la documentación requerida incluye datos sobre «análisis de riesgo» relativos al «modus operandi» de los grupos criminales dedicados a la inmigración irregular y al tráfico y la trata de personas, que podrían valerse de esta información para «evadir» la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y abrir «nuevas rutas». Ello iría «en detrimento de la eficacia» de las acciones policiales que llevan a cabo los dos países.

«En consecuencia, es necesario preservar la información solicitada a efectos de no comprometer la eficacia de la cooperación desarrollada en un ámbito que tiene una repercusión directa en la seguridad interior e internacional, por el carácter transnacional de las redes criminales de tráfico y trata de personas, y por su conexión con otras actividades delictivas», añade.

Precedentes

Para justificar su postura, Interior invoca tres resoluciones desestimatorias del CTBG ante reclamaciones formuladas por negarse la Administración a facilitar datos relativos a cooperación policial internacional, al entender que la concesión de la información implicaría «un perjuicio a la seguridad pública» y a las «relaciones exteriores» con Marruecos.

El 23 de agosto de 2019, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ya otorgó una ayuda directa en materia de cooperación policial internacional a Marruecos por importe de 32.369.000 euros para contribuir a la lucha contra la inmigración irregular, el tráfico de inmigrantes y la trata de seres humanos. Según se detalló en la resolución de concesión, ese dinero se tenía que destinar a «sufragar los gastos incurridos en los despliegues operativos, junto con los gastos de mantenimiento de los materiales empleados por los servicios policiales marroquíes en el desarrollo de las actuaciones de colaboración con España».

El país alauí es clave en la política migratoria, lo que explica que el actual ministro del Interior haya viajado a Rabat en siete ocasiones desde que fue nombrado en junio de 2018. La última vez tuvo lugar el pasado 20 de noviembre y el objetivo era «reforzar la cooperación» en materia migratoria, tras dispararse la llegada de migrantes a Canarias por el cierre de la ruta del Mediterráneo.

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