Los recursos del 'procés' y la prórroga del estado de alarma dividirán al TC

La división que ha surgido en el seno del Tribunal Constitucional a la hora de resolver el recurso de Vox contra el confinamiento general de la población acordado por el Gobierno en el primer estado de alarma es un avance de la situación de tensión que surgirá en los próximos meses con otras deliberaciones sobre asuntos políticos de primer orden en el Alto Tribunal.

Está previsto que en el pleno de septiembre los magistrados resuelvan el recurso presentado contra la prórroga durante seis meses del segundo estado de alarma que también presentó el partido de Santiago Abascal al considerarla inconstitucional. En otoño, los magistrados resolverán previsiblemente los recursos de amparo contra la sentencia del procés del Tribunal Supremo de los condenados a penas de prisión por los delitos de sedición y/o malversación Carme Forcadell, Dolors Bassa, Joaquim Forn, Raül Romeva y Oriol Junqueras, indultados por el Gobierno.

En el recurso de Oriol Junqueras, el Alto Tribunal tendrá que pronunciarse sobre su inmunidad parlamentaria

El recurso del ex vicepresidente catalán será el último en resolverse y es el que puede traer más sorpresas. Además de recurrir la condena por sedición del Supremo que el Constitucional ya avaló al resolver los recursos de los exconsejeros Jordi Turull, Josep Rull y los 'Jordis' (Jordi Cuixart y Jordi Sànchez), Junqueras plantea si se vulneraron sus derechos fundamentales al no suspender el Supremo la sentencia del procés mientras el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) resolvía la cuestión prejudicial que el propio órgano judicial elevó sobre la inmunidad parlamentaria del recurrente.

Cuando se admitió por unanimidad su recurso, el TC ya consideró que concurre una "especial trascendencia constitucional porque el recurso plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este Tribunal" y porque "el asunto suscitado trasciende del caso concreto porque plantea una cuestión jurídica de relevante y general repercusión social y económica". Se avecina, según advirtió el propio Tribunal, un intenso debate al respecto.

Malestar entre los magistrados

Los motivos por los que se recurrió la prórroga del segundo estado de alarma decretado por el Gobierno a finales de octubre de 2020 abren también un campo de discusión jurídica sobre el que no existen precedentes. Se espera que la decisión vuelva a estar muy reñida y el Tribunal se divida en dos bloques prácticamente similares.

La sentencia de este julio sobre la medida más estricta del primer estado de alarma -que finalmente se declaró ilegal- fue el resultado de un áspero debate que acabó con un ajustado resultado de seis votos frente a cinco y traspasó los límites dialécticos. El magistrado progresista Cándido Conde-Pumpido, entre quienes votaron en contra de declarar inconstitucional el confinamiento domiciliario decretado por Pedro Sánchez, escribió un voto particular contra la sentencia de la mayoría en el que incluyó ataques hacia sus compañeros, a quienes calificó de "juristas de salón". Se vio obligado a modificarlo tras las quejas de los miembros del tribunal aludidos emitiendo un voto definitivo. Una situación extraordinaria en el Alto Tribunal que da cuenta de la división en el seno de éste para los asuntos que más afectan a la vida política.

Se rompen los bloques "conservador" y "progresista"

El borrador de la sentencia, autoría del magistrado Pedro González-Trevijano, contó con el voto en contra no sólo de los magistrados "progresistas" del órgano, sino también del presidente Juan José González Rivas y el magistrado Andrés Ollero, a quienes se ubica en el bloque "conservador".

Precisamente los dos magistrados están en el tercio del Tribunal Constitucional que cumplió su mandato y está pendiente de renovación a la espera de que haya acuerdo político entre el partido del Gobierno (PSOE) y el principal de la oposición (PP), igual que ocurre con la elección de vocales por parte de las Cortes para el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en funciones desde finales de 2018 por la falta de entendimiento entre ambos partidos.

Además de Ollero y González Rivas, la vicepresidenta Encarnación Roca (que votó a favor de declarar inconstitucional el confinamiento) también está de salida. Actualmente, el Constitucional cuenta con 11 magistrados en lugar de 12 puesto que Fernando Valdés Dal-Ré renunció al iniciar el Tribunal Supremo una investigación por supuesto maltrato a su esposa contra él. La salida de Valdés -propuesto por el PSOE en el Congreso- redujo el número de magistrados de tendencia progresista en el Alto Tribunal, que ya de por sí estaban en minoría.

Nueve magistrados para los recursos del 'procés'

Los magistrados progresistas Juan Antonio Xiol y María Luisa Balaguer rompieron la unanimidad que había respecto a los asuntos del procés al formular un voto particular contra la primera sentencia que confirmó la condena del Supremo por sedición, la del exconsejero Jordi Turull. Igualmente consideraron que las condenas a nueve años de prisión para los líderes de las entidades soberanistas ANC y Òmnium Cultural Jordi Sànchez y Jordi Cuixart por sedición fueron "desproporcionadas".

Estos votos en contra de la sentencia de la Sala Segunda y el hecho de que las decisiones las tomaran nueve de los 12 miembros del Constitucional corren a favor de los líderes independentistas de cara a sus recursos contra la sentencia del procés ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

Además de la marcha de Valdés -que ya no votó en las sentencias que avalaron la condena- los magistrados Cándido Conde-Pumpido y Antonio Narváez tampoco participaron en las deliberaciones por haberse abstenido de intervenir en los asuntos del procés tras recursarles el expresidente Carles Puigdemont y los miembros de su Gobierno. Esgrimieron pérdida de apariencia de imparcialidad por manifestaciones públicas que hicieron en relación con la situación de Cataluña. En los próximos recursos que se resuelvan al respecto, incluido el de Junqueras, y salvo que haya un acuerdo político de renovación del órgano antes, serán nueve magistrados quienes decidan al respecto con el previsible voto en contra de Xiol y Balaguer, siguiendo con la línea de sus anteriores decisiones.