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El 'pasaporte Covid' enfrenta a hosteleros, partidos y jueces en España: ¿quién está a favor y en contra?

Una mujer muestra el certificado COVID Digital de la Unión Europea

Una mujer muestra el certificado COVID Digital de la Unión Europea EUROPA PRESS

Mientras el ‘certificado Covid’ se ha convertido en una realidad de uso cotidiano en hasta 21 países de la Unión Europea -cada uno con sus restricciones particulares para limitar la entrada en recintos de ocio u hostelería-, en España el debate ni siquiera se ha planteado de forma oficial. El Gobierno prefiere esperar y fiar la desescalada al avance de la vacunación sin perder de vista la ansiada inmunidad de rebaño, prevista para finales del mes de agosto, para «no imponer obligaciones cuando no son necesarias», según zanjó el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias, Fernando Simón, el pasado fin de semana. Sin embargo, algunos gobiernos autonómicos han decidido no esperar y acudir a los tribunales para tratar de implantar en sus respectivos territorios la mencionada herramienta frente a la «actitud farisaica» del Gobierno.

Y el resultado, como sucedió con la heterogénea aplicación de toques de queda y cierres perimetrales, vuelve a ser el caos y el desconcierto, tanto a nivel jurídico como político. Ya son varias las comunidades autónomas que han solicitado el permiso de la justicia para restringir la movilidad de aquellas personas que no cuentan con la pauta completa de la vacuna contra el Covid, pero sólo Galicia lo ha conseguido. La región presidida por Alberto Núñez Feijóo es la única que mantiene el uso cotidiano del ‘pasaporte Covid’ más allá de cuando se pretende viajar por Europa, y la Xunta lo exige para acceder al interior de la hostelería o a los locales de ocio nocturno en aquellas zonas con mayor número de contagios. «O todos los países de la Unión Europea están equivocados, o está equivocada España», defendía ayer el líder regional en declaraciones a Onda Cero.

Peor suerte han corrido Cantabria, Andalucía y Canarias, las otras comunidades que, hasta el momento, han decidido copiar el modelo gallego. Las tres se han encontrado con las puertas cerradas por parte de sus respectivos tribunales autonómicos, que no ven que el contexto actual de la pandemia avale la obligación de presentar un certificado de vacunación -o una prueba PCR o antígenos- para acceder a discotecas y bares. Cuestionan incluso la «idoneidad» de la medida y lo argumentan en el hecho de que las personas que han sido vacunadas también pueden ser «transmisoras» del virus. Otras regiones se han pronunciado a favor de la iniciativa, como es el caso de Murcia, Baleares o Cataluña, si bien descartan actuar de forma autónoma y exigen un protocolo único para poner en circulación el ‘pase Covid’. El equipo de Isabel Díaz Ayuso también está sometiendo la medida a estudio, mientras que la Comunidad Valenciana o País Vasco se oponen frontalmente al uso obligatorio del certificado para el día a día. La polémica, de nuevo, está servida.

Si la política hace extraños compañeros de cama, la pandemia ha llevado esta particularidad al extremo. Y la disparidad de criterios respecto a la implantación regular del ‘pasaporte Covid’ dentro de nuestras fronteras no ha sido menos. Así, si el Ministerio de Sanidad se ha posicionado en contra tanto de exigir la vacunación obligatoria como el mencionado certificado, igual que Ximo Puig o Iñigo Urkullu, Vox también lo ha hecho, aunque advirtiendo directamente que llevarán a los tribunales a quienes lleguen a implantar lo que han llegado a denominar como «salvajada». «No vamos a permitir más vulneraciones, discriminaciones y atropellos a los derechos fundamentales de los españoles», escribía el propio presidente de la formación, Santiago Abascal, en redes sociales, quien protagonizó además un rifirrafe con Isabel Díaz Ayuso en Twitter por la predisposición del ejecutivo madrileño a estudiar la medida.

El PP, sin embargo, ha evitado posicionarse pese a la predisposición de algunas de sus comunidades autónomas de implantar la presentación obligatoria del documento para acceder a determinados espacios públicos. Sí han aprovechado la polémica, no obstante, para insistir en su propuesta de aprobar una ley de pandemias a nivel nacional que regule éste y otros aspectos y sirva de paraguas jurídico para evitar «resoluciones judiciales dispares» respecto a las restricciones que dictan los gobiernos autonómicos para evitar la expansión de contagios. No obstante, el consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Enrique López, volvía a dejar ayer la puerta abierta a instaurar el ‘pasaporte Covid’ en la región pese a las advertencias de Vox, con cuya formación debe pactar Ayuso los próximos presupuestos autonómicos. «Existen instrumentos jurídicos que permitirían adoptar este tipo de resoluciones. Es evidente que tenemos que defender la salud pública», avanzaba López este lunes en declaraciones para La Sexta.

Por el momento, y pese a las crecientes dudas legales al respecto, no está previsto que el Consejo Interterritorial de Salud -el órgano de debate entre Gobierno y comunidades autónomas- aborde la iniciativa. Y el debate también está servido en Europa entre la población reacia a vacunarse contra el Covid, hasta el punto de que ya se han producido las primeras protestas en países como Francia por un documento que nació como salvoconducto para viajar entre diferentes países ante el avance de la quinta ola, pero que ahora se exige para darse un baño en una piscina, para acceder a un restaurante o para utilizar el transporte público.

Los hosteleros, divididos

Por el momento, las comunidades autónomas que se han abierto a implantar la medida sólo contemplan su utilización en el acceso al interior de bares, restaurantes o discotecas, aunque sin descartar otros escenarios en caso de prosperar la vía judicial. En Galicia, donde ya opera el ‘pasaporte Covid’, la iniciativa ha dividido al sector hostelero, que tampoco se pone de acuerdo respecto a la idoneidad de la nueva normativa. Tal y como informó Efe, mientras algunas asociaciones de hosteleros han decidido recurrir de nuevo ante la Justicia gallega la aprobación de la medida, otras como la Asociación Hostelería Compostela consideran la iniciativa como un «mal menor» para evitar tener que cerrar el interior de bares y restaurantes si crecen los contagios.

Un criterio diferente tenían los hosteleros cántabros, quienes presentaron un recurso para tratar de paralizar la medida ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, que finalmente no avaló la instauración regional del ‘pasaporte Covid’, una posición en la que han coincidido otras asociaciones del sector en diferentes comunidades autónomas, como Andalucía o Navarra, y que ven en la medida un claro perjuicio para el sector.

En el otro extremo se sitúa el ocio nocturno, uno de los sectores más damnificados por la pandemia en España y cuyos locales suelen verse más afectados por el aumento de contagios en el país, ya sea mediante la reducción de aforos o, directamente, con el cierre. Los responsables del sector creen que la implantación del ‘pasaporte Covid’ en el acceso a sus locales tendrá un efecto positivo, ya que con ello podrían recuperar los horarios habituales de apertura e, incluso, los niveles de aforo previos a la pandemia, incluso permitiendo únicamente el acceso a los vacunados. Hay que recordar que España supera ya el 60% de la población vacunada con pauta completa y el 70% con al menos una dosis.

La Federación Nacional de Empresarios de Ocio y Espectáculos ‘España de Noche’ sigue presionando no a los ejecutivos autonómicos, sino al Gobierno central para que «tome las riendas de una vez por todas» y «aúne los criterios legales» para la implantación del certificado Covid, y advierten a los gobiernos regionales que la aprobación de la normativa no puede suponer una «barrera» que «condene eternamente a los locales de ocio al cierre».

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