España

Pablo Casado veta el acceso de Juan Carlos Campo al Tribunal Constitucional

El nombre del catedrático Enrique Arnaldo a propuesta del PP ha generado también recelos en el seno del Gobierno

El presidente del PP, Pablo Casado.

El presidente del PP, Pablo Casado. EFE

Lo que comenzó como una advertencia se ha convertido en un veto personal. El líder del PP, Pablo Casado, no quiere que el ex ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, sea uno de los dos candidatos que le corresponden al PSOE para renovar el Tribunal Constitucional, y así se lo ha hecho saber el jefe de la oposición a su número dos, Teodoro García Egea, encargado de la interlocución con Félix Bolaños, su homólogo en la negociación para el desbloqueo de los órganos constitucionales por la parte del Gobierno. Tal y como publicó El Independiente, el amago de los socialistas de presentar al ministro que purgó Sánchez de Moncloa hace tan sólo tres meses ha enturbiado las conversaciones sobre un acuerdo que ambas partes daban por hecho, pero en el que aún quedan grandes incógnitas por resolver.

El pacto entre Gobierno y Partido Popular para renovar los órganos pendientes -salvo el CGPJ- se fraguó en tan sólo 24 horas. Los populares se atribuyen la iniciativa política del pacto, ya que fue el propio Pablo Casado quien tendió la mano en directo a Pedro Sánchez durante la sesión de control del pasado miércoles para tratar de desmontar de paso la narrativa socialista de que es el PP el que obstaculiza la renovación de los órganos. Lo que no esperaban en el cuartel general de los populares es que el PSOE recogiese el guante de manera inmediata para desbloquear el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas y la Agencia de Protección de Datos. El pacto que, de entrada, dejó fuera al Consejo General del Poder Judicial culminó horas después. «Todo es posible con voluntad y con intención de llegar a consensos», celebró García Egea.

Pero no estaba todo cerrado. De hecho, ambas partes se emplazaron a negociar en los días siguientes el listado de nombres que presentarían ante Congreso y Senado para aprobar definitivamente la renovación de los órganos, conscientes de que las discrepancias en torno a las candidaturas que propusieron unos y otros en el pasado para otras instituciones -como el CGPJ- ya hicieron naufragar otras negociaciones entre Gobierno y PP. Fuentes de ambos sectores insisten en que las conversaciones avanzan a buen ritmo y que la renovación será una realidad en unos días, si bien ni populares ni socialistas se atreven a fijar ya una fecha en el calendario. En un principio, y a través de un comunicado conjunto, Génova y Moncloa se comprometieron a que la renovación del Tribunal Constitucional y del resto de instituciones del paquete llegaría a sede parlamentaria en la semana del 25 de octubre, pero finalmente se retrasará como mínimo hasta principios de noviembre.

Es el caso del Tribunal Constitucional el que ha tensado las costuras entre el partido de Gobierno y la oposición, y no sólo por los problemas que genera para Pablo Casado la posibilidad de que Juan Carlos Campo acceda a uno de los cuatro asientos en liza del mencionado órgano. Fuentes conocedoras de las negociaciones confirman que encima de la mesa ya hay otros dos nombres: el de la directora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Yolanda Gómez, a propuesta del PSOE; y el del catedrático de Derecho Constitucional Enrique Arnaldo por la parte del PP.

La propuesta de Arnaldo, que mantiene una excelente relación con Pablo Casado, ha generado discrepancias en el sector de la negociación liderado por el ‘hombre fuerte’ de Sánchez, Félix Bolaños. Tampoco convence en el propio Partido Popular, donde hay sorpresa porque se le proponga puesto que se sabe que su nombre puede dificultar la negociación. El jurista, que ya ejerció como vocal en el Consejo General del Poder Judicial hasta 2001, estuvo investigado en su día por el caso ‘Palma Arena’ junto al ex presidente de Baleares, Jaume Matas. La investigación se centró en los presuntos contratos adjudicados por el Govern balear a su bufete y en la posterior contratación del ex político por el despacho de Arnaldo para la supuesta captación de clientes, según publicó en su día Diario de Mallorca.

El caso de Juan Carlos Campo

Aunque en un principio los populares evitaron levantar vetos, aceptar el nombre de Juan Carlos Campo como uno de los cuatro relevos para el Tribunal Constitucional no es ahora mismo una opción para Pablo Casado. El ex ministro de Justicia conserva buenas relaciones con diferentes miembros del CGPJ en funciones, tanto del bloque progresista como del conservador, pero su entrada en el Constitucional con los votos del PP implicaría una enmienda a la condición que ha desplegado el propio Casado en las últimas semanas para negociar el órgano de gobierno de los jueces y que la cúpula popular hace ahora extensible al Tribunal Constitucional: la «despolitización» de los órganos constitucionales.

En el PP sentencian que «no podemos dar marcha atrás» en una condición que ya forma parte del programa de Pablo Casado, incluso aunque éste tratase de diferenciar a principios de semana la negociación del CGPJ de la del Constitucional porque este último «no es un órgano judicial» sino «una institución política». Con todo, cuando fue preguntado en Onda Cero si vetaría o no la posible candidatura de Juan Carlos Campo, el máximo mandatario popular fijó posición: «Sería bueno que, al menos en el caso del Tribunal Constitucional, se propusiesen nombres que no hubiesen ocupado responsabilidades de alto nivel político por una cuestión no de incompatibilidad, sino por mandar un mensaje de independencia y de imparcialidad», zanjó.

La presión de Abascal

Aceptar el órdago del PSOE implicaría, además, poner al jefe de la oposición en la tesitura de explicar el por qué de su apoyo al ministro responsable de la concesión de los indultos a los presos del ‘procés’ o del nombramiento de Dolores Delgado al frente de la Fiscalía General del Estado que el PP llegó a recurrir en el Supremo, de nuevo valiéndose del argumento de la «despolitización» de este tipo de órganos diezmados, según los populares, por la ausencia de independencia y de imparcialidad.

Mientras tanto, Vox se frota las manos ante un acuerdo que, salvando las distancias entre ambas partes, podría completarse en los próximos días. Los de Santiago Abascal se crecen ante un pacto que «les perjudica más a ellos de lo que nos beneficia a nosotros», si bien celebran irónicamente cómo el PP «parece que quiere regalarnos los votos», una afirmación que realizan con la pugna entre Casado y Abascal por la bolsa de votantes del espectro político más conservador como telón de fondo.

En la práctica, Vox aguarda impaciente el acuerdo para hacer sangre de la «agenda progre» que a su juicio comparten Sánchez y Casado. En un momento en que los de Abascal trabajan por marcar perfil propio frente a un PP crecido en las encuestas, la apertura de un acuerdo con el Gobierno de Sánchez y la posibilidad de que de él se desprenda el acceso de Juan Carlos Campo al Tribunal Constitucional no será una cuestión que caiga en saco roto. De hecho, Vox ya ha criticado enérgicamente que los votos del PP puedan convertir «al ministro de los indultos» en miembro de la mencionada institución, con lo que preparan el terreno para la firma definitiva de un acuerdo que aseguran no entender. «No puedes decir un día que eres alternativa a Sánchez y pactar al día siguiente con ello. No tiene lógica», inciden fuentes del partido.

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