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El polémico nombramiento de Enrique Arnaldo revuelve al PP: "Es un error grave"

El líder del Partido Popular, Pablo Casado (d) y su portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra (i).

El líder del Partido Popular, Pablo Casado (d) y su portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra (i). EFE

«Últimamente parece que no dejamos de darnos tiros en el pie. Y este es uno más». Así resume un líder autonómico del PP la última polémica que no sólo se ha colado en el cuartel general de Génova, sino también en el Congreso de los Diputados, que vivió este jueves una de las votaciones más conflictivas de los últimos meses. La Cámara Baja avaló ayer los cuatro nombres pactados por Gobierno y PP para renovar el Tribunal Constitucional no sin controversia. Uno de los candidatos propuestos por los populares, el del magistrado Enrique Arnaldo, generó fuertes críticas en el seno del Ejecutivo de coalición, tanto que hasta once diputados de PSOE y Podemos rompieron la disciplina de voto. En los últimos días, el catedrático ha sido señalado por un goteo constante de informaciones que recuerdan sus vínculos con FAES o con el ex presidente de Baleares, Jaume Matas, además de protagonizar presuntas actuaciones irregulares por incompatibilidades laborales.

Mientras el chaparrón de Arnaldo arreciaba y el PP atendía un conflicto que, tanto a nivel interno y externo les está pasando más factura -como es la crisis interna por la pugna entre Casado y Ayuso-, la posición oficial que mantenían en el partido era la de cierre de filas «total» con la elección del letrado como nuevo magistrado del Tribunal Constitucional. Ni antes ni ahora entran a valorar las revelaciones en torno a su figura, si bien se limitan a defender la trayectoria «intachable» de un «jurista espectacular», totalmente válido para la renovación del órgano judicial. Pero más allá de la cúpula nacional, la designación de Enrique Arnaldo ha revuelto a importantes cuadros del partido que miran con preocupación no sólo las consecuencias de la decisión en un momento especialmente complicado, sino por el hecho de que su postura en la negociación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se vea ahora un tanto comprometida.

«El PP ha defendido por activa y por pasiva que han de ser los jueces quienes elijan a los jueces y que debemos cambiar el sistema de nombramientos. Pero si tenemos que proponer a alguien, su figura debe ser intachable. Y con Arnaldo todo el mundo sabía que se iba a organizar una cacería contra él», desgrana un alto cargo del PP, convencido de que poner encima de la mesa este nombre y no cualquier otro responde a un «grave error de cálculo» por parte de la dirección nacional que dirige Pablo Casado. Con esta perspectiva coinciden otros diputados nacionales y dirigentes autonómicos, que reconocen a este medio que ya durante la fase de negociación entre el ministro de Presidencia, Félix Bolaños; y el secretario general del PP, Teodoro García Egea, el nombre de Arnaldo despertó tales recelos que se puso en cuestión la propia viabilidad del pacto.

La elección de Enrique Arnaldo para convertirse en uno de los cuatro nuevos magistrados del Tribunal Constitucional fue muy criticada prácticamente desde el mismo momento en que se conoció el pacto entre Gobierno y PP el pasado 21 de octubre, si bien la sombra de la polémica no ha hecho más que alargarse sobre el letrado conservador con el paso de los días. Entre otras cuestiones de su amplio currículum, el magistrado declaró en 2010 como investigado en el caso ‘Palma Arena’, la trama de corrupción que rodeó al ex presidente de Baleares, Jaume Matas; el bufete de abogados de Arnaldo facturó trabajos para distintas administraciones gobernadas por el PP por valor de casi un millón de euros, según El País; ha compaginado el cargo de profesor en dos universidades cuando la ley lo prohíbe expresamente; ejerció de abogado del actual responsable de Justicia del PP, Enrique López; y ha publicado decenas de artículos de opinión especialmente críticos con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Todas estas cuestiones han llevado a la mayoría de fuerzas del Congreso -incluyendo a PSOE y Podemos pese a que avalaron con su firma la elección de Arnaldo- a cuestionar no sólo la idoneidad del próximo magistrado del Tribunal Constitucional, sino la condición en la que el PP sustentó el acuerdo y por cuya exigencia mantiene al CGPJ en situación de bloqueo: la necesidad de mandar a la ciudadanía «un mensaje de independencia y de imparcialidad», como suscribió el propio Pablo Casado en una entrevista para Onda Cero a finales del pasado mes de octubre.

La elección de Arnaldo, según diversos cuadros populares consultados por El Independiente «compromete nuestro discurso político de regeneración», como lamenta en este caso un diputado nacional del PP. «Nuestros argumentos no se sostienen de ninguna manera», insiste, en alusión a la «difícil» posición en la que ahora la dirección tendrá que defender los parámetros de independencia judicial para renovar el CGPJ cuando «la imagen que percibe la gente» es que «eso no se ha hecho» en el caso del Tribunal Constitucional.

La posición oficial del PP respecto a la negociación para la renovación del CGPJ es la de no mover ficha hasta que el PSOE registre una reforma de la Ley del Poder Judicial actualmente vigente para modificar el sistema de nombramientos de los vocales del órgano, de modo que «los jueces elijan a los jueces» y se legisle para ampliar la independencia de la Justicia. Además, el PP rechaza por el momento que entre los nuevos vocales pueda estar el nombre del magistrado José Ricardo de Prada, el juez del ‘caso Gürtel’. Pero diferentes cargos del partido creen que mantener esta posición tras lo sucedido con Arnaldo se estima ahora mucho más complicado que hace dos semanas. «El verdadero error es pactar un nombre bajo unos parámetros partidistas cuando estás defendiendo justo lo contrario en el CGPJ», analiza un veterano dirigente popular.

Aunque con trabajo y no sin polémica, Enrique Arnaldo y los otros tres candidatos al Tribunal Constitucional -junto a los seis magistrados del Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo- recibieron este jueves el aval del Congreso para tomar el relevo en el órgano. Pero el siguiente y decisivo paso es el de la renovación del órgano de gobierno de los jueces, al borde de cumplir tres años en funciones por la ausencia de un acuerdo entre PSOE y PP que ha descarrilado en varias ocasiones. La interlocución sigue, pero a cuentagotas. Los avances son inexistentes, y aunque el objetivo público y publicado es que lograr un acuerdo incluso antes de que finalice el año hay quien no descarta que el bloqueo se alargue hasta el fin de la legislatura.

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