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Anticorrupción archivará la investigación a los comisionistas del AVE a La Meca

Los investigadores no albergan esperanzas de que los bancos saudíes remitan pruebas del pago millonario a un príncipe saudí

Unos viajeros del bautizado como AVE del desierto en la estación de Medina (Arabia Saudí). FRANCISCO CARRIÓN

La Fiscalía archivará la investigación por si empresarios españoles pagaron comisiones millonarias a autoridades saudíes a cambio de que un consorcio de empresas de nuestro país recibiera el contrato de ampliación del AVE a La Meca. Los investigadores no tienen ninguna esperanza de que las entidades financieras saudíes a las que han pedido información contesten a su requerimiento, imposibilitándoles demostrar un delito de cohecho internacional o corrupción en las transacciones comerciales internacionales, según trasladan fuentes fiscales a El Independiente.

Se trata de la investigación que continúa abierta en la Fiscalía Anticorrupción después de que, en 2018, se archivara la pieza Carol del caso Villarejo que versaba sobre las revelaciones de la empresaria alemana y examante del Rey emérito, Corinna Larsen, al comisario investigado y entonces en prisión preventiva José Manuel Villarejo. Ésta contó al policía (la grabación de la conversación se publicó en Okdiario y El Español en 2018) que Juan Carlos I se había llevado en 2008 una «comisión» de 65 millones de euros de su amigo, el rey saudí Salman Bin Abdulaziz Al Saud, por mediar en la adjudicación del contrato a las empresas españolas. Un dinero que acabó traspasado, de manera prácticamente íntegra, a una cuenta de Larsen en Bahamas.

Puesto que los hechos relatados afectaban a una actividad del emérito que aunque pudiera ser irregular era imposible de investigar por la inviolabilidad que le protegía como jefe del Estado en aquél momento, el juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea archivó el procedimiento. La Fiscalía Anticorrupción sí mantuvo abiertas unas pesquisas por si empresarios españoles -no protegidos por la inmunidad- pagaron sobornos a autoridades saudíes para llevarse el contrato.

Pago a un príncipe saudí

Paralelamente, el fiscal suizo Yves Bertossa investigaba a Corinna Larsen y los dos arquitectos fiscales Arturo Fasana y Dante Canonica por un presunto delito de blanqueo agravado por cómo gestionaron la fortuna que la mujer recibió en Bahamas, supuestamente procedente de un cohecho. El investigador suizo ha archivado la causa por la imposibilidad de demostrar la ilicitud de la donación que el rey saudí hizo a don Juan Carlos como un «regalo de hermano».

Precisamente la información que entregó Anticorrupción a Bertossa sirvió a éste para avanzar en su investigación. Según los documentos compartidos entre el fiscal suizo y el fiscal español Luis Pastor desvelados por Okdiario, existen indicios de que algunos de los empresarios españoles que se beneficiaron del contrato pagaron una mordida de 120 millones de euros a Abdulaziz bin Mishal, miembro de la familia real saudí y propietario de Al-Shoula Group, la empresa que puso en marcha en proyecto del AVE a La Meca con las empresas españolas.

El cierre de Suiza no influye

A pesar de que los representantes de Anticorrupción han reunido abundante documentación a lo largo de estos años, ven cada vez más claro que no será posible presentar una querella contra ningún empresario español por cohecho internacional.

Encuentran casi imposible acreditar que se hicieron pagos a funcionarios árabes o miembros de la familia real saudí porque para ello necesitarían que los bancos de Arabia Saudí entregaran la información sobre los pagos a estas personas, y están prácticamente convencidos de que no lo van a hacer. «Pensar lo contrario sería casi ingenuo», reconocen a este diario. Por lo tanto, sin aclarar todavía en qué fecha, avanzan que el fin de dichas diligencias será un decreto de archivo.

En esta decisión no influye, aclaran, la decisión del fiscal suizo de archivar su investigación, puesto que «fuimos nosotros quienes le aportamos toda la información, de hecho tenemos más documentación que él», explican. Sin embargo, topan con la misma piedra de la imposibilidad de demostrar el delito inicial de cohecho.

Por su parte, el Consorcio Español Alta Velocidad Meca Medina (CEAVMM) manifiesta que “no ha tenido entre sus atribuciones actividades vinculadas a la fase de adjudicación del contrato, anunciada públicamente el 26 de octubre de 2011, ni ha firmado acuerdos de ningún tipo para dicho fin”, según trasladan fuentes de la sociedad anónima constituida en 2011. Recuerdan que el objeto social de su creación fue “la realización de las actividades de diseño, construcción, operación, mantenimiento y contratación para dicho cometido en el ámbito del tren de alta velocidad entre las ciudades de La Meca y Medina en Arabia Saudí, proyecto promovido por los Ministerios de Transporte y Finanzas del Gobierno de Arabia Saudí a través de Saudi Railways Organization (“SRO”)”. Sobre Al Shoula Group, la compañía cuyo dueño fue supuestamente beneficiado por la presunta comisión, las mismas fuentes afirman que “es accionista de Saudi Spanish Train Project Company con un 7% del capital social y, como el resto de socios, es responsable solidario frente al cliente. Los acuerdos suscritos por parte de las empresas accionistas de CEAVMM para tal fin han respetado en todo momento los criterios de legalidad y transparencia”, aseguran.

Los fiscales del Tribunal Supremo –hasta este miércoles liderados por el fallecido Juan Ignacio Campos– también se dirigen al archivo de las tres líneas de investigación que han desarrollado alrededor de la ocultación de dinero en el extranjero por parte de Juan Carlos I. Su inviolabilidad, la prescripción de los delitos y el haber pagado a Hacienda lo que le habría correspondido por el dinero que manejó en cuentas suizas y no declaró en España serán las razones del decreto de archivo que previsiblemente firmará la fiscal general del Estado, Dolores Delgado.

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