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El rifirrafe de la presidenta que juzga a Villarejo y el comisario sube de tono: "Piano, señor"

El comisario jubilado achaca tener las grabaciones de todas las reuniones que mantuvo con clientes de su empresa Cenyt y sus colaboradores a que el CNI "tenía toda mi vida monitorizada" y le había entregado copias "como hizo con Bárbara Rey"

El comisario jubilado José Manuel Villarejo tomó este lunes la palabra como acusado en el primer juicio del caso Tándem, en el que se enfrenta a una petición de 109 años de prisión de la Fiscalía Anticorrupción por aprovecharse, presuntamente, de los contactos y medios que le proporcionaba continuar en activo en la Policía para realizar trabajos privados con los que se enriqueció. El inicio de su declaración estuvo marcado por el enfrentamiento dialéctico con la presidenta del tribunal que le juzga en la Audiencia Nacional, Ángela Murillo, a la que intentó recusar y que ya le puso límites en las sesiones dedicadas a las cuestiones previas, cuando Villarejo pidió interrogar al resto de acusados como codefensor junto a su abogado Antonio García Cabrera: «Al alimón, no», negó la magistrada con su estilo lacónico.

Ayer, cuando ejerció su derecho a la defensa, el policía jubilado contestó a las preguntas de todas las partes desde el banquillo. Nada más comenzar su declaración, se produjo un rifirrafe con Murillo, quien le pidió que bajara el tono: «Oiga, señor Villarejo, piano», le dijo, así como le pidió que no se dirigiera al fiscal Miguel Serrano por su nombre, como solicitó el representante del Ministerio Público, considerando la magistrada que así debía ser porque el fiscal «es una institución, usted es un acusado». «¿Y yo no soy una institución? He sido, soy, comisario de la Policía», se quejó el comisario jubilado en uno de los momentos más tensos de la sesión.

«Se me entregó una copia como a Bárbara Rey»

El interrogatorio del fiscal Serrano al comisario Villarejo no fue menos tenso. Cuando el representante del Ministerio Público le preguntó si grabó las reuniones que mantuvo con distintos clientes -entre ellos los abogados del despacho madrileño Herrero & Asociados que le contrataron para hacer un seguimiento a varios miembros del bufete que se montaron otro llevándose, según sospechaban, sus bases de datos- el comisario contestó que no, achacando las grabaciones a una «monitorización» que hizo el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de «toda mi vida», dijo, permitiendo según su versión que montara negocios como tapadera para realizar los encargos que le hicieron distintos gobiernos como agente encubierto. En las respuestas al fiscal, el comisario insinuó que el acusador está al habla con los servicios secretos del Estado para montar un relato delictivo contra él:

-Miguel Serrano: ¿Sabe quién podía grabar esas reuniones?

-José Manuel Villarejo: «Yo tenía monitorizada toda mi vida desde el principio de los 2.000 por parte del CNI y periódicamente me entregaban ya auditados, editados y modificados una ‘esa’ para mi garantía y mi tranquilidad. Por lo tanto, pregúntele a los señores del CNI, que me imagino se reunirá periódicamente con ellos.

-M. S.: «En esas grabaciones se puede apreciar por cualquier lego que las escuche que cuando usted habla, el sonido es absolutamente diáfano, y el sonido cambia cuando su interlocutor habla. Es usted el que está sembrado, por hablar en el argot policial, vamos que está lleno de micrófonos. ¿No es cierto que era usted el que las grababa?

-J.M.V.: «Ya le digo, señor fiscal. Si quiere hablamos de técnicas de manipulación de soporte sonoro. Si algún día puedo declarar sobre lo que se llama operación Cataluña le explicaré cómo se modificaron y se alteraron correos, grabaciones y tal. Hay 20.000 programas que alteran la grabación de voz y tal. Hoy en día la electrónica, lamentablemente…por eso no nos han permitido que se haga una auditoría independiente de esos audios. Yo lo entiendo que no lo hayan permitido porque demostraríamos que están manipulados».

-M.S.: «Si usted no las grababa, qué explicación da a que en los registros de sus empresas y de su domicilio se hayan encontrado estos archivos de audio? ¿Por qué estaban en su poder?

-J.M.V.: «Ya le he dicho que periódicamente el pacto que yo tenía con el CNI era que se monitorizara mi vida pero que para tranquilidad mía yo iba a tener una copia de esa monitorización. Era probablemente la misma técnica que utilizaron con el tema de Bárbara Rey, ¿no? Cuando el CNI le dijo toma una copia de todo esto, lo guardamos en un maletín, tú lo tienes, pero a cambio de eso no saques nada. Esa era la técnica de ellos. Ficticia, porque yo pensaba que mis actuaciones como agente de inteligencia iban a terminar conociéndose por todos, ¿no? Lo cual yo me presto a informar a la opinión pública de lo que he hecho durante toda mi vida», dijo el acusado.

Piezas ‘Iron’, ‘Land’ y ‘Pintor’

En el juicio que arrancó en diciembre y se reanudó este lunes ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se abordan los trabajos realizados por Villarejo desde su empresa privada Cenyt para distintas empresas mientras continuaba en activo en la Policía, por lo que según la acusación de la Fiscalía él habría incurrido en cohecho y también quienes le contrataron.

En el banquillo de los acusados se sientan el propio Villarejo, su socio el abogado Rafael Redondo y otras 24 personas que contrataron sus servicios privados de inteligencia y espionaje o colaboraron con él mientras continuaba en el Cuerpo.

Los procesados por delitos de cohecho y revelación de secretos en las piezas Iron, Land y Pintor se enfrentan a la acusación del Ministerio Público. Los fiscales consideran que todos recurrieron al comisario cuando aún estaba en activo en la Policía en lugar de a cualquier otro tipo de detective para que realizara informes de espionaje e inteligencia valiéndose, supuestamente, de la información confidencial a la que podía acceder gracias a sus contactos en el Cuerpo.

En este primer juicio se abordan los trabajos de la empresa de Villarejo para tres clientes: los dueños del despacho de abogados Herrero & Asociados, que le contrataron para que espiara presuntamente a una escisión del bufete que montó la nueva compañía Balder IP Law; una de las hijas del empresario Luis García Cereceda para espiar supuestamente a su hermana de cara a la herencia familiar y los empresarios Fernando y Juan Muñoz Tamara, que habrían tratado de recuperar una deuda extorsionando al abogado del deudor, un exjuez malagueño, según la acusación del Ministerio Fiscal.

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