España

Las víctimas y la Fiscalía se resisten a la última ofensiva de ETA y su entorno

Asociaciones de víctimas temen que se conceda la progresión de grado a presos etarras que no repudien su pasado criminal ni colaboren con la Justicia una vez que las competencias penitenciarias están ya en manos del Gobierno vasco

La red ciudadana de apoyo a los presos de ETA, Sare, se manifiesta en Bilbao por el fin de la política penitenciaria de "excepción".

La red ciudadana de apoyo a los presos de ETA, Sare, se manifiesta en Bilbao por el fin de la política penitenciaria de "excepción". EFE

El primer paso ha sido lograr el acercamiento de presos de ETA a cárceles próximas o del País Vasco. El objetivo indisimulado de la izquierda abertzale ahora es que a los condenados de la banda terrorista se les conceda el tercer grado o régimen de semilibertad, ya con las prisiones de Euskadi bajo gestión del Gobierno de Íñigo Urkullu tras materializarse en octubre pasado el traspaso de las competencias. «En breve veremos movimientos para intentar dejarlos en libertad», intuyen desde la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT).

En septiembre de 2018, cuatro meses después de que ETA anunciara su disolución y con Pedro Sánchez ya como inquilino de La Moncloa, comenzó a dibujarse un nuevo escenario con la puesta en marcha de una nueva política penitenciaria. El Ministerio del Interior, comandado por Fernando Grande-Marlaska, anunció el primer traslado de presos etarras: Kepa Arronategui Azurmendi, de Almería a Zuera (Zaragoza), y Marta Igarriz Iceta, de Castellón I a Logroño.

Desde entonces, Instituciones Penitenciarias ha puesto fin a la dispersión llevando a cabo 295 acercamientos (27 conllevan la progresión de segundo a tercer grado), beneficiándose de esta medida más de 200 etarras (algunos han vivido más de un traslado). Sólo un centenar de condenados de la banda terrorista permanece hoy en cárceles gestionadas por la Administración General del Estado, según los datos facilitados a este diario por Interior.

«Lo están haciendo por fases. La primera es trasladar a los terroristas a cárceles próximas a Euskadi, pasarlos a segundo grado o flexibilizar el primer grado. Ahora están progresándolos a tercer grado, que es la antesala a la libertad condicional», expone Miguel Folguera, consejero de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT). Y añade: «Hasta ahora, los terroristas tenían que acreditar que podían pasar al tercer grado. Ahora, con la nueva política penitenciaria, es el Gobierno vasco el que tiene que acreditar por qué no están en tercer grado».

El Ejecutivo de Urkullu ha puesto en marcha un programa de reinserción o «resocialización» para que todos los presos -no sólo los de ETA- accedan al tercer grado o semilibertad cuanto antes realizando distintos talleres que serán valorados positivamente por las juntas de tratamiento de las cárceles de cara a los informes que se presenten ante los jueces de Vigilancia Penitenciaria.

Otegi y el apoyo a los Presupuestos

El entorno de los presos etarras y la izquierda abertzale está exigiendo ya que los condenados de la banda terrorista que están en cárceles del País Vasco (un total de 84) sean clasificados en tercer grado. En esta línea han lanzado mensajes últimamente al Ejecutivo central. Sin ir más lejos, el coordinador de Bildu, Arnaldo Otegi, llegó a vincular el apoyo de su partido a los Presupuestos Generales del Estado de 2022 a que los condenados salgan de prisión: «Tenemos a 200 presos en la cárcel y si para sacarlos hay que votar los Presupuestos, pues los votamos», afirmó.

Pero para conseguir la progresión a tercer grado, junto a los informes de las juntas de tratamiento, la Fiscalía también tendrá que emitir los suyos. Ni uno ni otro son vinculantes, los jueces pueden tomar una decisión contraria a lo que se indique en ambos. Pero el Ministerio Fiscal sí tiene la posibilidad de recurrir en la Audiencia Nacional los pases a semilibertad si considera que no se han cumplido los requisitos. Y, en este sentido, según avanzó el diario El Correo hace dos fines de semana, el partido independentista vasco no confía en que los representantes del Ministerio Público vayan a ser laxos con los terroristas condenados, por lo que estarían presionando al Gobierno para que cambie al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso.

El fiscal jefe de la Audiencia Nacional se habría convertido en una piedra en el zapato contra el nuevo logro a alcanzar de los presos de la banda terrorista

El máximo responsable del Ministerio Público en la Audiencia Nacional se habría convertido, a ojos de Bildu, en una piedra en el zapato para el nuevo logro a alcanzar de los presos de la banda terrorista. De ahí que su cese sería visto como un gesto del Gobierno. Sin embargo, dicha exigencia no se entiende cuando el Ministerio Fiscal sólo ha recurrido entre un 5 y un 10% de los pasos de grado concedidos a los presos etarras.

Fuentes de la Fiscalía de la Audiencia Nacional consultadas por El Independiente consideran «interesantes» los programas de reinserción que ha puesto en marcha el Gobierno de Íñigo Urkullu y reafirman su confianza en el sistema penitenciario y en la necesidad de resocialización de todos los presos. Pero lo hacen sin distinguir entre los terroristas de ETA y cualquier otro condenado, recordando que las exigencias para pasar de grado son las que detalla la Ley General Penitenciaria y que para conseguir beneficios hay que cumplirla. Dicha ley contempla como requisito para la semilibertad una vez alcanzadas tres de las cuartes partes de la condena la colaboración con la Justicia. Algo que, hasta ahora, no ha cumplido ningún etarra.

«Siempre hemos dicho que no puede ser que una carta tipo valga para estar en tercer grado sino que lo que tienen que hacer es colaborar con la Justicia, como pide la ley. Y ninguno lo hace. Esperemos que colaboren de alguna manera a fin de que las víctimas, ya que no han tenido derecho a la justicia, tengan al menos derecho a la verdad», observa Folguera, muy crítico con la política penitenciaria desplegada por Pedro Sánchez. «No me extrañaría cualquier día ver al presidente del Gobierno en una pancarta por la libertad de los presos de ETA», agrega.

Asociaciones de víctimas temen que se conceda la progresión de grado a presos etarras sin repudiar su pasado ni colaborar con la Justicia

Hace unos meses, Covite entregó a Instituciones Penitenciarias y al Gobierno vasco un programa específico de justicia restaurativa para presos de ETA que, acorde a los estándares internacionales, permita avanzar hacia la reinserción. La premisa es que el terrorista repudie lo que significó la banda para poder acceder a beneficios penitenciarios. «Estoy viendo que están acercando a cárceles vascas sin ningún criterio que conduzca a ese fin que es conseguir la reinserción», subraya la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez. En su opinión, no se entendería que se diera el mismo «premio» al preso etarra «más orgulloso de su pasado criminal y que sigue pegado a la izquierda abertzale» que al condenado que «ha hecho un gran esfuerzo para salir de esa mafia».

La carta de Covite que espera respuesta

La presidenta de Covite envió semanas atrás una carta al secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel María Ortiz, para que le confirme si se están cumpliendo los requisitos que exige la ley. No ha recibido todavía respuesta. El próximo 4 de febrero ya tiene cita con la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno vasco, Beatriz Artolazabal, a la que pedirá información tras el traspaso de competencias y afeará que el PNV haya recomendado a Bildu «poner en la mesa política el tema de las excarcelaciones».

«Desde Covite nunca nos hemos manifestado en contra de los acercamientos y siempre hemos estado a favor de la reinserción. Prefiero a un etarra arrepentido que a uno que no lo está. Vamos a exigir información y transparencia. Aquí se cumplirá la ley y se saldrá de la cárcel cuando se cumplan las condenas. Me parecerá genial que alguien pase a tercer grado; eso significará que se ha desvinculado de la izquierda abertzale y de lo que significó ETA. Vamos a estar muy vigilantes con las progresiones de grado», añade la hermana de Gregorio Ordóñez, asesinado el 23 de enero de 1995.

Marcelo de Azcárraga, fiscal de la Audiencia Nacional ocupado de los crímenes sin resolver de ETA, considera que las víctimas son las protagonistas del cambio histórico que facilitará la normalización social en el País Vasco porque «son quienes facilitan las cosas». «Cuando algún familiar de asesinado por ETA me pregunta cómo es posible que los asesinos de su padre estén en la calle y tenga que cruzárselos por la calle, yo le contesto que porque tanto él como otras víctimas son civilizados y no se han tomado la Justicia por su mano», comenta a este diario.

En el departamento que dirige De Azcárraga trabaja una quincena de personas que bucea en la información facilitada por Francia tras el desarme de la banda en busca de un hilo del que tirar para resolver casos esquivando la prescripción. Aunque finalmente los procedimientos que se van abriendo no acaben en condena contra nadie, se trata de encontrar respuestas, de encontrar al autor o autores de distintos atentados, lo que en muchas ocasiones las víctimas agradecen.

«La Justicia no está para prohibir ‘ongi etorris»

Precisamente los familiares de víctimas de ETA, representados por las asociaciones, han tratado de impedir en los últimos años actos homenaje o de recibimiento de etarras (ongi etorri) cuando éstos salen de prisión, algo que consideran denigrante. Sin embargo, el recorrido judicial de la solicitud de medidas cautelares para impedirlos es muy corto. El Estado de Derecho español garantiza la celebración de manifestaciones y, de acuerdo con sus líneas maestras, la Justicia no puede impedir «preventivamente» las manifestaciones en apoyo a etarras por la posibilidad de que éstos alberguen delitos de odio.

En primer lugar, los delitos de odio están íntimamente relacionados con la libertad de expresión y sólo en caso de que durante dichas concentraciones o actos de recibimiento se incite a la violencia y se lancen soflamas claramente favorables al terrorismo, es muy difícil por no decir casi imposible acreditarlos. En base a tales argumentos permitió el juez de la Audiencia Nacional -con el informe favorable de la Fiscalía- dos actos en apoyo a presos de ETA en Mondragón y Pamplona el pasado 31 de diciembre. Sí que ordenó, como viene siendo habitual, que las fuerzas de seguridad del Estado estuvieran vigilantes por si se producía algún acto de humillación a víctimas o incitación a la violencia que sí serían perseguibles.

El fiscal De Azcárraga recuerda que «la Justicia no está para prohibir actos de manera preventiva» y que las delegaciones del Gobierno también tienen muy difícil impedir este tipo de concentraciones por la libertad de expresión y de reunión. Pero pone el foco en el legislador español, «que es tremendamente perezoso con estos temas porque no hay sentido de Estado», al tiempo que se queja de que no haya aún una ley en España que impida los homenajes a etarras, lo que -a su juicio- solucionaría los problemas. Precisamente el Parlamento Europeo (a instancias del Partido Popular) ya recomendó en 2019 a España que lo hiciera.

Te puede interesar

Comentar ()