El juez estudia si imputa a Iglesias por daños informáticos en la tarjeta de Dina

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ya ha recibido el último informe que pidió a la Policía Científica sobre la tarjeta móvil de Dina Bousselham, exasesora de Pablo Iglesias en el Parlamento Europeo, que constituía una de las pruebas clave para decidir si proponía investigar al exlíder de Podemos y exvicepresidente del Gobierno por daños informáticos en el manejo de dicha tarjeta de su excolaboradora.

El informe policial concluye que la tarjeta es inaccesible, que está destruida y por tanto no se puede comprobar quién accedió al dispositivo por última vez para dañarla, lo que aleja las posibilidades de que se pueda culpar a Iglesias de tal daño.

El informe confirma la teoría del instructor de que la tarjeta fue destruida “a conciencia” y, aunque técnicamente sea difícil demostrar la autoría de dicha destrucción, el juez estudiará todos los elementos reunidos en la investigación de la pieza Dina del caso Villarejo para decidir si propone investigar a Iglesias. Puesto que en mayo de 2021, tras las elecciones madrileñas a las que concurrió como cabeza de lista, abandonó la política, una investigación por tal delito en caso de encontrar indicios debería llevarse en los Juzgados de Madrid y no en la Audiencia Nacional, como ya indicó la Fiscalía Anticorrupción.

Ese es otro de los elementos que estudiará el titular el Juzgado de Instrucción 6 antes de tomar la decisión de si propone que se investigue a Iglesias o decide archivar la causa después de recibir el informe policial. El instructor tenía pendientes también otras diligencias de investigación que aún no ha practicado, como tomar declaración nuevamente a Bousselham y a su pareja, Ricardo Sa Ferreira, quien trató en un momento de recuperar el contenido de la tarjeta móvil.

“Se dañó en poder de Iglesias”

Cuando Iglesias era vicepresidente del Gobierno, el juez García-Castellón elevó una exposición razonada al Tribunal Supremo pidiendo que la Sala Segunda le investigara -puesto que era aforado- por tres presuntos delitos: daños informáticos, descubrimiento de secretos y denuncia falsa.

Consideró que el líder de Podemos se había presentado como víctima de las cloacas policiales del Estado para desestabilizarle en 2016, cuando las encuestas situaban a su partido como segunda fuerza política, acusando a José Manuel Villarejo de filtrar a la prensa mensajes del móvil de Bousselham que fue robado puesto que una copia apareció en casa del comisario jubilado.

Sin embargo, la instrucción demostró que la propia Bousselham había compartido pantallazos de las conversaciones que Iglesias denunció que se utilizaron en su contra y él lo sabía porque recibió una copia de dicho dispositivo, estando en sus manos antes que en las de Villarejo.

El Tribunal Supremo rechazó admitir la exposición razonada del juez pidiendo investigar a Iglesias considerando que no había agotado la instrucción. El pasado junio, como contestación a un escrito de la defensa de Bousselham, el juez insistió en que “la única explicación” sobre la tarjeta de la mujer es que se dañó en manos de Iglesias, mostrándose sorprendido de que ella no quisiera aclarar los pormenores del robo de su teléfono que denunció.

Ahora, después de recibir el informe policial a cuya llegada García-Castellón relacionó el volver a citar a Bousselham, tendrá que decidir el futuro judicial más inmediato de Iglesias.