España

Anticorrupción ve indicios de delito en el 'caso Dina' pero no que la Audiencia Nacional sea competente

Si el caso acaba en un juzgado madrileño en los próximos meses, como parece posible, los fiscales contra la corrupción consideran que podrían conservar la competencia de la causa en lugar de que se ocupe la Fiscalía provincial de Madrid

El nuevo año arrastra una de las causas judiciales más mediáticas de 2020, el denominado caso Dina desgajado de la macrocausa alrededor del comisario investigado José Manuel Villarejo en la Audiencia Nacional. Fuentes de la Fiscalía Anticorrupción consultadas por El Independiente consideran que todavía quedan muchas incógnitas por resolver en la causa sobre el supuesto robo del móvil a la exasesora de Pablo Iglesias en el Parlamento Europeo, Dina Bousselham, en noviembre de 2015 y la aparición de archivos contenidos en su interior en casa del comisario Villarejo.

Consideran que las diligencias practicadas hasta el momento han arrojado indicios de, al menos, presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos contra los dos periodistas investigados por facilitar la información del móvil a Villarejo y contra el comisario. Sobre este delito y el de daños informáticos por los que el juez Manuel García Castellón pidió al Tribunal Supremo investigar al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, por el manejo que hizo de la copia de la tarjeta del móvil robado a su asesora que le fue entregada antes de que llegara a manos del comisario, representantes del Ministerio Público no descartan que haya indicios de delito pero consideran que no se ha agotado la instrucción para elevar la exposición razonada como hizo el instructor.

Sobre el tercer delito de denuncia falsa por el que el juez también pidió investigar a Iglesias, creen que habría que retroceder a la información sobre la denuncia del robo presentada en un juzgado de Alcorcón (Madrid), explorarla y averiguar si hubo una construcción falsa de un relato y si miembros de Podemos pudieron estar detrás de éste.

Por lo tanto, los representantes de Anticorrupción -que conocen la investigación al detalle porque se han ocupado de ésta desde el inicio- no creen que el caso Dina se agote aunque el Supremo rechazara investigar a Iglesias (la Sala Segunda todavía tiene que decidir al respecto). Lo que sí ven claro es que la Audiencia Nacional no es competente para continuar instruyendo el caso.

Nueva declaración de Dina Bousselham

Para despejar las lagunas que todavía quedan en la causa, las fuentes consultadas ven que falta practicar diligencias, entre ellas tomar declaración a Dina Bousselham. Pero el juez Manuel García Castellón no podría hacerlo. Para agotar la investigación se encontró por un lado con la limitación de que unas diligencias le corresponden a los juzgados de Madrid y, por otro, con que los interrogatorios a Iglesias y otros responsables de Podemos también aforados requerían elevar una exposición razonada al Tribunal Supremo.

Por estas razones, las fuentes fiscales consultadas por este diario ven muchas posibilidades de que el caso continúe instruyéndose en un juzgado de Madrid después de que el Tribunal Supremo informe sobre si debe abrir o no una causa al vicepresidente segundo Pablo Iglesias por los tres presuntos delitos que apreció el titular del Juzgado Central de Instrucción 6.

En todo caso, sí ven posible que la Fiscalía Anticorrupción conserve la competencia para continuar en la causa aunque se traslade a un juzgado madrileño por el conocimiento que ya tienen sus miembros, en lugar de que se entregue a la Fiscalía Provincial de Madrid.

El recorrido de la investigación

La investigación del denominado caso Dina comenzó a raíz de la aparición de unos archivos del móvil robado a Bousselham en los registros policiales en casa de Villarejo tras ser detenido. Los fiscales y el juez orientaron la causa a averiguar cómo habían llegado a manos del comisario jubilado y por qué fueron publicados meses más tarde en el digital Okdiario.

Tanto Iglesias como Bousselham recibieron la condición de perjudicados por la «red mafiosa policial» presuntamente liderada por Villarejo. El primero estableció ante el juez un relato alrededor del asunto del móvil y la famosa tarjeta SD de su interior con mensajes entre miembros de Podemos que fueron filtrados a la prensa como un intento por perjudicarle a él y a su partido, Podemos, por parte de las denominadas cloacas policiales del Estado cuando las encuestas les situaban como segunda fuerza política, entre finales de 2015 y mediados de 2016.

Sin embargo, la instrucción arrojó otros datos que levantaron las sospechas del juez. La propia Bousselham reconoció que había compartido pantallazos de las conversaciones contenidas en el móvil con terceras personas, miembros de Podemos, y se supo que Iglesias recibió una copia de la tarjeta móvil (no ha quedado claro si completa o parcial) meses antes de que llegara a manos de Villarejo. Pudo comprobar que contenía fotografías íntimas de su asesora pero no le entregó el dispositivo hasta mucho tiempo después. Cuando lo hizo, según declaró Bousselham en una primera ocasión, la tarjeta era inaccesible, estaba dañada. Más tarde, consciente de que dicha declaración podía perjudicar a su jefe y colocarle como sospechoso de un delito de daños informáticos, la mujer rectificó y dijo que la tarjeta sí era accesible.

Para más inri, el abogado expulsado de Podemos José Manuel Calvente que denunció al partido por distintas supuestas irregularidades -denuncia que ha desembocado en una investigación a la formación en un juzgado de Madrid– declaró como testigo ante el instructor de la causa después de afirmar públicamente que el asunto del robo de Bousselham fue un «montaje» de la cúpula de Podemos para sacar rédito electoral. Ante el juez sostuvo que en junio de 2016 responsables del partido mantuvieron una reunión en la que reconocieron que los mensajes del móvil de Bousselham publicados en prensa los habían filtrado miembros ahora expulsados de Podemos del sector errejonista. Precisamente el juez se basó en esta testifical para pedir al Supremo que se investigara al vicepresidente Iglesias por denuncia falsa, por tratar de sacar «ventaja electoral» de la investigación de su Juzgado.

Denuncias de «connivencia» contra los fiscales

El caso Dina también acarreó críticas hacia los fiscales de la causa por una supuesta «connivencia» con la acusación popular ejercida por Podemos. El Confidencial publicó los mensajes de un chat entre los miembros del equipo legal de Podemos en los que la abogada Marta Flor Núñez -que representó a Pablo Iglesias y Dina Bousselham en la causa y que denunció al letrado expulsado del partido Calvente por supuesto acoso laboral y sexual, delitos que ha rechazado la Justicia madrileña– se refería al fiscal del caso Ignacio Stampa como ‘Ironman’ y se jactaba de la buena relación que tenía con él y cómo esta podía beneficiar a los intereses del partido.

A raíz de la publicación en prensa de los mensajes intercambiados entre la abogada y el resto de sus compañeros (entre ellos Calvente) en relación con el fiscal Stampa, Villarejo denunció que se trataba de la prueba de una connivencia entre la Fiscalía y Podemos para acusarle a él y beneficiar a Pablo Iglesias. Por otro lado, el partido político Vox presentó una querella ante la Fiscalía Anticorrupción contra el fiscal Stampa y la abogada Marta Flor.

En mitad de toda esta polémica, el fiscal jefe Anticorrupción Luzón acudió, en lugar de los fiscales del caso Stampa y Serrano, a la declaración de Calvente como testigo ante el juez y defendió el trabajo de sus subordinados, rechazando cualquier connivencia con Podemos.

Más tarde, durante dos entrevistas en Okdiario y Onda Cero, el teniente fiscal Luis Navajas, número dos de la Fiscalía General del Estado, afirmó que cuando leyó las informaciones sobre los mensajes intercambiados entre Stampa y Marta Flor Núñez «me dio asco, vomité» y consideró que Stampa debió ser apartado de su puesto, en el que estaba en comisión de servicios. Unas declaraciones de las que más tarde Navajas se retractó, con disculpa incluida hacia Stampa que, finalmente, no consiguió la plaza en la Fiscalía Anticorrupción a la que optaba porque el Consejo Fiscal no le dio ni un apoyo para continuar en el cargo, por lo que tuvo que dejar la investigación del caso Villarejo. Ahora desarrolla su trabajo en la Fiscalía de Madrid.

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