El consejero de Educación, González Cambray, atiende a los medios a las puertas del centro de Canet
"El órgano responsable del cumplimiento de la sentencia" del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que fija un mínimo del 25% de las horas lectivas en castellano "es el Departamento de Educación" de la Generalitat. Así lo ha notificado la propia consejería este martes al TSJC, dando así por recibida la ratificación de la sentencia que el tribunal remitió a final de enero, después de que el Tribunal Supremo rechazara el recurso interpuesto por la Generalitat.
El ejecutivo catalán tiene ahora dos meses para aplicar efectivamente la sentencia. Es el plazo que fija la ley antes de que el denunciante, "o cualquiera de las partes y personas afectadas" pueda instar su ejecución forzosa. Pero el Govern sigue sin aclarar cómo hará efectivo el requerimiento de la justicia.
De momento, el departamento que dirige Josep González Cambray se ha limitado a asegurar que encontrará la vía para mantener la inmersión lingüística total en catalán y "protegerá" a los directores de los centros de eventuales denuncias. Así lo repite también la portavoz del Govern, Patricia Plaja, tras cada reunión del ejecutivo catalán. Y se remite a una "modificación" del marco legal para amparar "el modelo de escuela catalán".
Proteger a los directores
En este contexto, desde el Govern confían en que el Gobierno no exija la ejecución de la sentencia y el TSJC cierre la puerta a otros demandantes. El primer supuesto es más que probable, teniendo en cuenta la dependencia de Esquerra en el Congreso. Pero no el segundo.
Las entidades como la Asamblea por la Escuela Bilingüe (AEB) y Sociedad Civil Catalana se han unido ya para impulsar una demanda colectiva, recogiendo firmas de padres para exigir el cumplimiento de la sentencia cuando se cumpla el plazo de dos meses. Lo harán acogiéndose al artículo 104 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, que abre esa opción no solo al demandante, sino a las partes o posibles afectados. Y la AEB ya figura como parte en otros procesos sobre la aplicación del 25% en castellano, así que confían en poder llevar adelante esta reclamación.
Por su parte, la Fiscalía Superior de Cataluña dejó claro hace diez días que los últimos responsables de implementar esa medida son los directores de los centros, en contra de lo que sostiene la Generalitat. Lo hizo al rechazar las demandas contra Pere Aragonès y González Cambray por haber declarado públicamente que se opondrían la aplicación del 25% de castellano en la escuela Turó del Drac de Canet.
"Únicamente puede incurrir en delito de desobediencia quien está llamado a cumplir el mandato judicial" advertía la Fiscalía. Y en este caso, "para la implementación, ejecución, modificación y adaptación del correspondiente proyecto lingüístico -sin perjuicio de las demás autoridades que en un futuro puedan verse compelidas-" no son el presidente o el consejero, "sino los respectivos directores o directoras de los centros en los que la cuestión pudiera suscitarse", concluía el ministerio público en sus diligencias.
Reforma legal
De momento, desde el Govern se remiten a los trabajos del departamento de Educación para "modificar el marco normativo" y aseguran que "la prioridad absoluta es la protección del personal docente, los equipos directivos de los centros y cualquier funcionario". Pero el secretismo envuelve esa modificación del marco normativo, que "no tiene por qué ser una reforma" de la Ley de Educación de Cataluña.
Recuerdan, eso sí, que esa ley tiene más de una década y el sistema educativo ha cambiado mucho desde entonces. Y abogan por cambios, en forma de reforma legal o decretos puntales, que adapten el marco normativo a esos cambios. Entre ellos, la sustitución de las asignaturas clásicas por proyectos transversales, que dificultarían en la práctica aplicar ese mínimo del 25% de las horas lectivas en castellano si se difuminan las asignaturas y los horarios.
En este contexto, desde el Departamento desligan este proceso de los decretos de currículo para adaptarse a la Ley Celáa. El decreto de educación básica, que incluye Primaria, ESO y FP de grado medio, la consejería ha trasladado a los centros que aprovechará la reforma para dotar de mayor autonomía de gestión a los centros.
Una autonomía que se traduce en un 20% del horario lectivo -5 o 6 horas semanales- para atender especificidades del alumnado. Una horquilla en la que muchos han visto la vía para dar cumplimiento a la sentencia del 25% en castellano sin reconocer formalmente que se acepta el uso del castellano como lengua vehicular de forma generalizada.
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