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Delgado escogerá al fiscal jefe de la Audiencia entre críticas del entorno proetarra

Concluye el mandato del fiscal jefe de la Audiencia Nacional Jesús Alonso y la máxima responsable del Ministerio Público debe decidir si le mantiene en el puesto o propone a otro sucesor

La fiscal general del Estado, Dolores Delgado

La fiscal general del Estado, Dolores Delgado

La fiscal general del Estado decidirá próximamente si mantiene al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, en su puesto o le releva por otro candidato.

Antes de que acabe febrero se convocarán las plazas para el puesto en el que Alonso lleva un mandato al frente, desde 2017, y donde puede renovar por otros cinco años o ser sustituido. La carrera fiscal está muy pendiente de la propuesta que haga Delgado puesto que el entorno próximo a los presos de la banda terrorista ETA presionan en este momento para que haya cambios en la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

Los fiscales se mantienen en que la ley exige que los condenados por terrorismo expresen un arrepentimiento claro y colaboren con la Justicia para poder obtener progresiones de grado que les permitan salir de prisión. Eso choca con la postura del Gobierno vasco -al que se ha transferido la gestión de las cárceles de la región- y de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias dependiente del Ministerio del Interior, que ha autorizado permisos posteriormente revocados por el juez de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional.

Una vez han conseguido que Interior acerque a los presos etarras a cárceles del País Vasco, las asociaciones de apoyo a los presos etarras y los abogados que les defienden tienen ahora como objetivo que alcancen la semilibertad. El Gobierno vasco, a través de la consejería de Justicia, ha creado una agencia de reinserción con la que busca que el 40% de los reclusos (incluidos los de la banda terrorista) pasen a régimen abierto gracias a la realización de cursos y programas.

En este contexto institucional favorable, el entorno proetarra ha apuntado en sus últimas manifestaciones directamente a la jefatura de la Fiscalía de la Audiencia Nacional como el principal obstáculo con el que se encuentran para conseguir la libertad de los etarras, puesto que los fiscales pueden recurrir ante el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria los pasos de grado y la concesión de permisos cuando ven que no se dan las condiciones que exige la ley.

Miembro de AF y muy próximo a Delgado

Fuentes de la Fiscalía de Audiencia Nacional consultadas por El Independiente trasladan que «nunca» han recibido indicaciones respecto a los recursos de progresión de grado de etarras, que «siempre han actuado con total libertad», siguiendo el criterio de respeto a la ley que exige que sólo quienes colaboren con la Justicia en el esclarecimiento de hechos y muestren arrepentimiento de sus delitos recibirán un informe favorable a la progresión de grado.

A su favor para mantenerse en el puesto, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional Alonso es muy próximo a Dolores Delgado, con quien trabajó precisamente en la lucha antiterrorista y a quien conoce desde hace décadas.

En su contra, pertenece a la asociación mayoritaria Asociación de Fiscales (AF), muy crítica con la máxima responsable de la carrera fiscal que ha llegado a pedir su dimisión al considerar que su independencia está en entredicho por proceder directamente del Gobierno de Pedro Sánchez donde fue ministra de Justicia. AF también ha recurrido ante el Tribunal Supremo su política de nombramientos, en la que consideran que tiene «querencia» por los miembros de su asociación, Unión Progresista de Fiscales (UPF).

Delgado ha propuesto para los puestos de máxima relevancia en el Ministerio Fiscal -como ha sido el caso de la teniente fiscal del Tribunal Supremo, una de sus últimas designaciones- a los candidatos elegidos por los vocales de la asociación progresista en el Consejo Fiscal.

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