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El Supremo considera que madre e hijo son tratados como "objetos" en un contrato de gestación subrogada

Insiste en que la gestación por sustitución vulnera los derechos fundamentales recogidos en la Constitución y en los convenios internacionales sobre derechos humanos

Una embarazada se somete a una prueba en el Institut Marqués de Sabadell. EFE.

El Tribunal Supremo declara que madre gestante e hijo son tratados como «meros objetos» en un contrato de gestación por sustitución o gestación subrogada.

El Pleno de la Sala Civil ha resuelto un recurso de casación de la Fiscalía contra la decisión de conceder la filiación materna a una mujer que no es la madre biológica de un niño nacido por gestación de sustitución en Méjico, mediante un contrato en el que intervino una entidad mediadora y en el que no se aportó material genético propio.

La sentencia del pasado 31 de marzo, ponencia del magistrado Rafael Saraza, declara que «el contrato de gestación por sustitución del caso enjuiciado entraña un daño al interés superior del menor y una explotación de la mujer que son inaceptables. Ambos son tratados como meros objetos, no como personas dotadas de la dignidad propia de su condición de seres humanos y de los derechos fundamentales inherentes a esa dignidad. La madre gestante se obliga desde el principio a entregar al niño que va a gestar y renuncia antes del parto, incluso antes de la concepción, a cualquier derecho derivado de su maternidad; se obliga a someterse a tratamientos médicos que ponen en riesgo su salud y que entrañan riesgos adicionales a las gestaciones resultantes de una relación sexual; renuncia a su derecho a la intimidad y confidencialidad médica; se regulan por contrato cuestiones como la interrupción del embarazo o la reducción embrionaria, cómo será el parto (por cesárea), qué puede comer o beber, se fijan sus hábitos de vida, se le prohíben las relaciones sexuales, se le restringe la libertad de movimiento y de residencia; la madre gestante se obliga a someterse a pruebas al azar sin aviso previo de detección de drogas, alcohol o tabaco según la petición de la futura madre; y finalmente, se atribuye a la comitente la decisión sobre si la madre gestante debe seguir o no con vida en caso de que sufriera alguna enfermedad o lesión potencialmente mortal. En definitiva, se imponen a la gestante unas limitaciones de su autonomía personal y de su integridad física y moral incompatibles con la dignidad humana. Por otra parte, el futuro niño, al que se priva del derecho a conocer sus orígenes, es tratado como un objeto de cambio, se «cosifica»».

La filiación por la vía de la adopción

Así, la sentencia concluye que el reconocimiento de la filiación de la madre debe hacerse por la vía de la adopción por la satisfacción del bien superior del menor.

El fallo va en la misma línea que la sentencia del Pleno 835/2013, en la que se concluyó que los contratos de gestación por sustitución vulneran los derechos fundamentales, tanto de la mujer gestante como del niño gestado, y son por tanto manifiestamente contrarios a nuestro orden público.

El Supremo insiste en que «estos contratos son nulos de pleno derecho conforme al art. 10 de la Ley de Técnicas de Reproducción Asistida y vulneran gravemente los derechos fundamentales reconocidos en nuestra Constitución y en la Convención sobre los Derechos del Niño».

Según ha informado el Gabinete Técnico de la Sala Civil del alto tribunal, la solución por la que se ha optado «satisface el interés superior del menor como exige el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero a la vez intenta salvaguardar los derechos fundamentales que el citado tribunal también ha considerado dignos de protección, como son los derechos de las madres gestantes y de los niños en general. Estos derechos resultarían gravemente lesionados si se facilitara la actuación de las agencias de intermediación en la gestación por sustitución porque estas pudieran asegurar a sus potenciales clientes el reconocimiento casi automático en España de la filiación resultante del contrato de gestación subrogada, pese a la vulneración de los derechos de las madres gestantes y de los propios niños, tratados como simples mercancías, y sin siquiera comprobarse la idoneidad de los comitentes para ser reconocidos como titulares de la patria potestad sobre el niño».

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