El PP de Alberto Núñez Feijóo apoyará este jueves -aún se desconoce la fórmula- el real decreto de medidas 'anticrisis' para paliar los efectos de la guerra en Ucrania después de que el Gobierno haya cedido a una de sus principales demandas: que el decreto sea tramitado como proyecto de ley para que puedan presentarse enmiendas a la totalidad. Así lo exigió a última hora de la tarde del miércoles, y a modo de ultimátum, el vicesecretario de Economía del partido, Juan Bravo, en una carta remitida a la ministra de Hacienda María Jesús Montero. Todo, instándoles a que el compromiso quedase por escrito y que esa meta se produzca antes de que finalice este periodo de sesiones.

La jornada de ayer fue frenética para el PSOE, el partido mayoritario que integra el Ejecutivo. El escándalo por el supuesto espionaje a más de sesenta personas vinculadas con el independentismo, entre ellas los líderes del procés, ha situado al Gobierno en una situación muy complicada a año y medio del final de la legislatura y a horas antes de que se vote en sede parlamentaria el paquete de medidas contra la crisis económica. Socios de investidura como Esquerra Republicana, que ha amagado con votar en contra del decreto si no se amplían los mecanismos para esclarecer las escuchas políticas mediante la herramienta Pegasus, como una comisión de investigación.

Esta demanda, el veto del resto de partidos independentistas catalanes o la exigencia, desde el Govern, de expulsar del Gobierno a la ministra de Defensa -y máxima autoridad del CNI- Margarita Robles, ha llevado al titular de Presidencia, Félix Bolaños, ha ahondar en otras vías alternativas por si finalmente los republicanos deciden mantenerse en el 'no' en el que llevan instalados desde principios de semana.

Bolaños, como encargado de las negociaciones, ha sondeado durante el miércoles, tras la sesión de control al Gobierno, a Edmundo Bal y el grupo de Ciudadanos. Los naranjas proponían incorporar al decreto un retraso en el cierre de las plantas nucleares para dar un 'sí', pero la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, negó esa opción desde el principio. Los de Inés Arrimadas a última hora de ayer estaban plantados en la negativa, pero la oportunidad de incorporar algunas de sus demandas económicas al decreto, podría hacer variar su posición hacia la abstención.

Ese camino parece que adoptarán los populares igualmente. La posibilidad de plantear enmiendas y de introducir algunas de las medidas que vienen reivindicando con sus cuatro ejes, como reducir el IVA de la electricidad y el gas al cuatro o cinco porciento -de acuerdo a la ordenanza comunitaria- deflactar el IRPF a las rentas medias y bajas o las mejoras en la gestión de los fondos económicos.

Este miércoles, fuentes del PP ponían conocimiento de El Independiente, horas antes de que la formación lo anunciara oficialmente, que Bravo había conversado brevemente la tarde del martes con la titular de Hacienda. No obstante, denunciaban que, lejos de emplazarles a dialogar medidas, únicamente les habían pedido el voto favorable al decreto; "sin condiciones". Y es que el PP, apunta que el Ejecutivo -así se lo ha trasladó la ministra- aún "no ha analizado" el plan económico remitido el pasado viernes por Génova a La Moncloa.

En las últimas horas, el PP consideraba importante que el Gobierno tuviera "un gesto" de buena voluntad para con sus intereses. Consideraban que la relevancia del momento político y económico requería de actitudes "serias" de cara a la negociación". "El Gobierno ha planteado un real decreto que contiene medidas erróneas o insuficientes, y hemos trasladado un plan que con propuestas muy concretas. Estamos dispuestos a hablar, pero venir a firmar cheques en blanco ya hemos dicho desde el principio que no", explicaban fuentes parlamentarias del partido tras la sesión plenaria.

Sánchez, al verse presionado y contra las cuerdas, ha decidido ceder terreno para que el resto de grupos políticos aporten su visión al decreto. Los populares llevaban desde finales de marzo intentando sentarse frente a él, cuando el Gobierno anunció medidas como el plan energético y la rebaja en el precio de los carburantes. Pero, pese a la visita de Feijóo a Moncloa, las relaciones entre el dirigente socialista y el principal líder de la oposición han sido muy frías.

De esta manera, el PP se guarda un comodín hoy. Si el Gobierno no acepta sus 'revisiones' tras la convalidación, podrán votar en contra del mismo próximamente.

La abstención, el atajo contemplado

Antes de anunciarse el giro del Gobierno en esta cuestión, fuentes del PP en el Congreso aseguraban que, pese a no obtener nada a cambio, "el 'no' al decreto" no estaba tan contemplado como la abstención. Apelaban a la calma y a la necesidad de interpretar y hacer un "balance punto por punto" del decreto.

Previsiblemente la vía de la abstención será la que tomará el PP, porque los números le valen al Ejecutivo. Por el momento, PSOE y Unidas Podemos tienen garantizados 168 votos a favor frente a los 77 que representan Vox, Junts, el PDeCAT, la CUP y NA+. Queda en el aire, en cambio, qué decisión tomará Ciudadanos, con diez diputados, y los cinco parlamentarios de EH Bildu y el diputado del BNG.

En el partido, independientemente de las presiones de última hora, saben que, constituidos como alternativa política y económica, negarse a tramitar cualquier medida que vaya en beneficio social y para las familias -por "insuficientes" que sean- podría romper la faceta marcada por el presidente Feijóo desde que asumió el liderazgo. Porque, por ejemplo, la no tramitación del decreto ley hubiera supuesto la inmediata retirada del plan energético y la bajada de los carburantes por los veinte céntimos.

La maniobra de socialistas y morados también permite al dirigente gallego romper con la etapa anterior de Pablo Casado en la cámara baja y distanciarse del argumentario de Vox: del perpetuo 'no' a todo; una oportunidad de erigirse como presidenciable en un periodo en el que los socios de investidura no atraviesas su mejor momento.

Este jueves también se aprueba durante el pleno los integrantes de la, ya desbloquea por la cesión de la presidenta del Congreso Meritxell Batet -por el cambio del sistema de elección-, comisión de secretos oficiales. Un organismo parlamentario que, por primera vez en su historia, dará entrada a un representante de EH Bildu. La comisión de gastos reservados lleva sin organizarse desde el 3 de marzo de 2019.