Moncloa no parece querer alargar más la comprometida reunión entre Pedro Sánchez y Pere Aragonès. Pasadas las elecciones andaluzas, la cumbre de la OTAN y el debate del Estado de la Nación, el jefe del Ejecutivo quiere acabar este curso político cerrando la brecha que abrió el caso del espionaje a dirigentes independentistas, entre ellos, el propio presidente de la Generalitat.
Y aunque Moncloa creyó en su momento que ofrecer la cabeza de Paz Esteban, otrora responsable del CNI, y anunciar un reforzamiento de los controles judiciales en las actuaciones de la inteligencia española, sería suficiente para atemperar a los republicanos, no resultó así.
Aragonès exigió un encuentro al máximo nivel y Moncloa, si bien tomó nota de la petición, la enterró en plena precampaña andaluza a sabiendas del castigo que podía recibir en las urnas si dicha reunión se interpretaba como una nueva cesión de Sánchez al Gobierno independentista catalán.
Este viernes se reúnen en el Palacio de la Generalitat el ministro Félix Bolaños y la consejera de Presidencia, Laura Vilagrá, tras semanas de contactos estrechos entre ambas administraciones. Sobre la mesa, cerrar la cita de sus jefes de filas, según confirman fuentes de ambos lados. Es el segundo encuentro en apenas quince días, pues la agenda catalana se activó en cuanto no hubo que pedir el voto a los andaluces.
Cerradas las urnas andaluzas, se activó la agenda catalana
En cambio no parece que ambos interlocutores vayan a avanzar mucho en lo que afecta a la llamada mesa de diálogo bilateral con la Generalitat. Ésta permanece hibernada, sin calendario, ante la ausencia de cuestiones a debatir desde el momento en que Aragonès y los suyos se empeñan en hablar de amnistía y referéndum de autodeterminación, dos exigencias inasumibles por Moncloa.
Precisamente, Laura Vilagrá dijo esperar que la cita de hoy por la mañana en Barcelona sirva para "profundizar" en las condiciones para retomar la negociación entre Gobiernos, mientras ha exigido a Moncloa "hechos concretos, pasos para frenar la represión", informa Efe.
En una intervención este jueves en el Parlament pidió que "nadie se equivoque. No estamos dando una nueva oportunidad al Gobierno, sino a la política y al proceso de negociación". En la relación Estado-Generalitat, agregó, se han "acumulado" hechos en los últimos meses, como el caso Pegasus, la baja ejecución de inversiones en Cataluña, los "ataques" al catalán o el déficit "crónico" de traspasos, que "hacen imposible negociar como hasta ahora, pues no se dan las condiciones mínimas y la confianza está bajo mínimos".
Inicio de un acercamiento
En todo caso, los socialistas esperan que la reunión al máximo nivel devuelva a ERC a la mayoría de la investidura. De hecho, creen que ya es posible que en la votación-río del próximo jueves el Grupo Parlamentario de Gabriel Rufián pase, como poco, del rechazo a la abstención en el decreto anti-crisis y apoye la reforma del CGPJ para desbloquear la renovación de un tercio de magistrados del Supremo.
En la ley de Memoria Democrática no habido acuerdo, al rechazar el Gobierno la derogación de la ley de Amnistía de 1977, tal y como exigían los independentistas catalanes, pero éstos han anunciado su abstención. El ex portavoz parlamentario de ERC, Joan Tarda, quien fue, precisamente, el negociador con el PSOE, ha criticado en duros términos la decisión de sus correligionarios. Tardá declaró sentirse "triste y decepcionado porque la dirección de mi querido partido ha decidido no hacer frente a la Ley Memoria PSOE y abstenerse en ella" escribió en su cuenta de Twitter.
"Tantos años tirando/denunciando la impunidad por parte de tantos afiliados no merecía este final mentiroso blanqueado por nosotros. Éramos la última voz de las víctimas", escribió en la red social.
Entre la abstención de ERC y el voto a favor de EH-Bildu, con quien se acabó pactando ampliar la aplicación de la ley hasta 1983, el texto saldrá adelante sin sobresaltos, al menos aparentemente. La portavoz de Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha dejado claras cuáles son las intenciones de su partido: "Se abre un camino para poner en jaque el relato de la Transición", ha advertido.
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