España

Podemos propone nacionalizar hidroeléctricas y suprimir la asignación tributaria a la Iglesia

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique EP

El punto final del debate del estado de la Nación se pondrá este jueves por la mañana con la votación de las propuestas de resolución de los Grupos Parlamentarios. Un acto sin ninguna vinculación práctica más allá de ser meras recomendaciones al Gobierno. Y es aquí donde Unidas Podemos da un paso más con respecto al paquete de medidas ya anunciadas por Pedro Sánchez, muchas de las cuales llevan el marchamo de los morados.

Vuelven a la carga con la creación de una empresa pública de energía, recuperando los saltos hidroeléctricos y con nuevas subidas del SMI y del ingreso Mínimo Vital. También piden la condena «de los sucesos de la frontera de Melilla», donde fallecieron 34 personas, además de las bajadas del IVA de los productos de higiene femenina, de las peluquerías y de los veterinarios.

Recuperar el patrimonio inmatriculado

Es en el capítulo de «libertad de conciencias y aconfesionalidad» del estado donde retoman también viejos posicionamientos como suprimir la asignación tributaria a la Iglesia católica, eliminar del sistema educativo la enseñanza de la religión y recuperar el patrimonio inmatriculado por la Iglesia.

Por su parte, los grupos de la llamada mayoría de la investidura, esto es, ERC, EH-Bildu, más BNG, abogan, entre otras cosas por aplicar un impuesto «sin límite temporal a los beneficios caídos del cielo» de las eléctricas, aumentar el control sobre la banca y las empresas energéticas. En materia laboral quieren recuperar las indemnizaciones por despido de 45 días por año trabajado.

El paquete de propuestas de resolución, quince como máximo por cada Grupo, se amplía con la prohibición de los desahucios sin alternativa habitacional; rectificar el giro unilateral del Gobierno sobre el Sáhara; «fiscalizar y limitar los privilegios de la Casa Real»; derogar el delito de injurias a la Corona y crear una comisión de investigación «sobre las corruptelas del monarca emérito», que una y otra vez ha sido rechazada por PSOE, PP y Vox.

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