En el mes de julio, durante la intervención inaugural del debate del estado de la nación, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció una batería de medidas que suponían un mayor gasto público y le hicieron, de cara a los partidos del bloque de derecha, virar hacia la izquierda. Entre ellos, se dio a conocer una propuesta para gravar temporalmente los ingresos de las empresas eléctricas y las entidades de crédito. Este martes, esto llegó a las Cortes en forma de proposición de ley a cargo de los dos grupos parlamentarios que integran el Ejecutivo de coalición: el socialista y el confederal de Unidas Podemos. La posición inicial de los populares fue reticente a las puertas del periodo estival. Lo calificaron de "populismo", de copiar la agenda de los morados y de renuncia, por parte del PSOE, a pugnar "por el centro y la moderación" con Alberto Núñez Feijóo.
El Partido Popular (PP) siempre ha mantenido una postura contraria a imponer, por ejemplo, un gravamen a la banca o a las empresas energéticas. Incluso lo ha defendido la actual secretaria general Cuca Gamarra haciendo uso de sus funciones como portavoz en sede parlamentaria. "La inflación ha disparado el precio de las energías, y el Gobierno responde de la manera más cómoda, subiendo impuestos", afirmó la número dos del PP en una entrevista a El Economista en diciembre de 2021. Más recientemente, y en declaraciones a Europa Press a finales de agosto, Gamarra indicó que "el camino no es crear o subir impuestos", porque eso era "populismo para querer despistar".
Este lunes, el PP presentó el plan energético y para la recuperación económica, un documento que aboga por "la retirada de la proposición sobre el impuesto" y opta por alternativas como que Hacienda "comparta los ingresos extraordinarios con los consumidores para bajar los precios" o se invierta en "mejoras energéticas". También por bonificaciones en las facturas de los clientes que ahorren energía. Pero, además, instaba al Ejecutivo a retirar la propuesta y aguardar hasta conocer el pronunciamiento del Parlamento Europeo, que ha sugerido crear una tasa a las empresas eléctricas. Un gravamen a los beneficios extraordinarios que, bajo las previsiones de la UE, puede recaudar más de 140.000 millones de euros.
La postura del PPE de limitar los ingresos a las energéticas habría chirriado fuera del contexto de crisis derivada del conflicto en Ucrania
Los populares han virado desde una postura contraria a las imposiciones tributarias extra a las grandes corporaciones del sector energético o bancario, algo que habría chirriado en el seno de los conservadores europeos de no ser por las circunstancias, a estar abiertos a contemplar y negociar un mecanismo que termine beneficiando a la ciudadanía directa o indirectamente. Eso sí, desean que primero se pronuncie Bruselas y, después el Gobierno aborde la cuestión de manera particular y bajo las mismas directrices. Por el momento, la presidenta de la Comisión ha sido clara: "Las empresas energéticas "están obteniendo unos ingresos que no preveían. En los tiempos en los que vivimos, no puede ser que algunos obtengan beneficios extraordinarios y sin precedentes a consecuencia de la guerra y a costa de los consumidores. Los beneficios deben compartirse y canalizarse a quienes más los necesitan".
A falta de cifras concretas, Von der Leyen ha anunciado este miércoles durante el debate del estado de la Unión que la limitación de los ingresos a las entidades eléctricas irá acorde con un impuesto a los beneficios extraordinarios de las compañías que empleen combustibles fósiles -petróleo, carbón, gas o la refinería- para su producción, dado el aumento de precio del gas. Se estima, según recoge el borrador de la propuesta, que en el caso de las energéticas se establecería un tope al mercado eléctrico de entre 180 y 200 euros el megavatio hora para la generación de origen renovable, nuclear y con lignito. En su conjunto, la "contribución de solidaridad" sería de un 33%.
Los matices que hace Génova
Desde el Gobierno aseguran que la limitación de los beneficios sugerida por el Parlamento Europeo es, "en esencia", lo mismo que plantea Sánchez en España. No obstante, en el PP dicen que "no tiene nada que ver". Así lo expresan fuentes del ámbito económico del grupo parlamentario del Congreso de los Diputados. La primera diferencia que destacan los populares en relación al plan europeo es que mientras el Ejecutivo quiere imponer un gravamen a "el total de los ingresos", Feijóo apuesta por centrarse en "los beneficios netos". Y, en segunda instancia, lo contemplan como 'impuesto' y no como 'tasa', que "es lo que hace Europa".
El PP quiere garantías legales para plantearse una negociación de limitación con el Gobierno
Por ese matiz, Génova quiere asegurar que, de hacerse, esta limitación de ganancias no repercuta directamente en el consumidor. Quiere garantías de que las energéticas no puedan trasladar las imposiciones tributarias al cliente cada mes en su factura. Por ejemplo, en la tasa de 'alquiler de equipos' o de suministro. Y, asimismo, que tampoco repercuta en el gobierno de turno el futuro cercano. Se basa en la "inconstitucionalidad" y la contrariedad "con el derecho comunitario" que les genera la propuesta: "El problema no solo es que se graven los ingresos totales, es que se cobra dos veces un mismo impuesto; algo que ya se hace con el de sociedades".
El PP quiere atar legalmente cualquier medida en este ámbito que se termine por desarrollar para que el PSOE no hipoteque un posible futuro ejecutivo de Feijóo. "No queremos que en unos años las arcas públicas tengan que asumir una indemnización masiva a las energéticas", explican.
Del impuesto a las entidades bancarias, el PP evita pronunciarse, y centra todo el argumentario en la cuestión energética. Por el momento, Bruselas no lo ha contemplado y el partido parece instalarse en la cautela hasta que los trámites en las Cortes den más de sí. Génova pide a Moncloa que no siga con los procedimientos actuales en la cámara y lo haga a través de un proyecto de ley y el propio ministerio de Hacienda, para que todo quede bien medido.
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