El Tribunal Constitucional (TC) no prevé dictar sentencia sobre los recursos de Vox y Partido Popular contra la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que impulsaron PSOE y Podemos para impedir al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) realizar nombramientos de la cúpula judicial mientras esté en funciones.
Fuentes del tribunal de garantías consultadas por El Independiente aplazan la resolución de dichos recursos hasta después de que el partido del Gobierno y el principal de la oposición consigan ponerse de acuerdo para renovar el CGPJ y afirman que en este sentido hay unidad entre los magistrados conservadores y progresistas: "Estamos todos a una. No podemos echar más leña al fuego. El Tribunal Constitucional debe ser absolutamente neutral sobre un asunto que ahora mismo está en el debate político. Si también se moja el TC, ¿quién no se moja? No podemos echar más leña al fuego a la situación", afirman. "No se puede pretender que el Tribunal Constitucional se pronuncie antes que el legislador porque estaría condicionando la decisión del legislador", ahondan.
La semana pasada, Esteban González Pons, vicesecretario de Institucional del Partido Popular e interlocutor con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, para la renovación del Poder Judicial, instó durante una entrevista en Onda Cero al Alto Tribunal a pronunciarse al respecto: "También le digo al Tribunal Constitucional, si me lo perdonan, que ya podrían ir dictando sentencia sobre esta ley del Gobierno, porque eso de que tengamos un Constitucional que cuando la situación política es conflictiva decide no reunirse para decidir sobre asuntos espinosos importantes nos tiene en una situación de impasse inexplicable".
No es razonable pensar que se dicte sentencia en una situación de polarización máxima en el CGPJ
Entre las fuentes del tribunal de garantías consultadas, unas restan importancia a la afirmación pública del portavoz del PP e instan a no tensionar más el ambiente y otras afirman que "no es razonable pensar que en una situación de polarización máxima en el CGPJ, en el marco de una negociación precisamente para elegir miembros del Constitucional, se vaya a dictar sentencia". Destacan que el asunto se debe abordar con quietud y estudiarlo a fondo porque se establecerá doctrina sobre un aspecto muy importante. "La máxima institución en defensa del orden constitucional no está aquí para confrontar", insisten.
"Los asuntos no están paralizados"
Por otro lado, niegan que la tramitación de los recursos que afectan a decisiones del Gobierno, como se denunció desde el PP, estén paralizados. En el caso de los recursos contra la reforma de la Ley del Poder Judicial que impide al órgano de gobierno de los jueces nombrar, lo que está provocando una situación cercana al colapso en el Tribunal Supremo porque no se pueden cubrir las bajas de magistrados que se jubilan, afirman que se debe estudiar si los motivos de inconstitucionalidad han decaído o no. Hubo una nueva reforma de la misma ley para hacer una excepción y permitir nombrar a los magistrados del Tribunal Constitucional y este hecho podría ser decisivo. La resolución de ambos recursos corresponde al vicepresidente Juan Antonio Xiol y a la magistrada María Luisa Balaguer, que aún no tienen listo el borrador de sentencia.
Desde el Alto Tribunal, algunas voces comparan la situación con la resolución del recurso de inconstitucionalidad contra el primer estado de alarma, cuya sentencia llegó una vez habían decaído las limitaciones que éste imponía. Se refieren a la precaución y el sentido común que se impusieron para dictar la sentencia, que fue ponencia de Pedro González-Trevijano, una vez había acabado el periodo de vigencia. Los mismos criterios, a los que se une el de oportunidad, se invocan ahora para aplazar la decisión sobre la reforma de la LOPJ.
En cuanto a la tardanza en la resolución de otros asuntos como el recurso del PP contra la ley de eutanasia que se admitió a trámite en septiembre del año pasado, las fuentes consultadas afirman que todavía faltan informes y que los trámites del alto tribunal no son tan inmediatos como en el ámbito político.
Afirman que desde un tiempo a esta parte todos los asuntos que tuvieran que ver con el procés, al ser del ámbito penal, con presos, han tenido prioridad. Después, se va dando curso en los plenos a recursos de amparo de otros asuntos que son menos controvertidos. De ahí, explican, que haya otros recursos que requieren tiempos de resolución más amplios.
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