Cataluña | España

Illa reclama la dimisión del consejero de Interior para frenar "intromisiones políticas" en los Mossos

Aragonès reprocha la "retórica vacía" de Junts y exhibe el pacto del catalán como fruto de la mesa de diálogo

Pere Aragonès, de espaldas en primer plano, frente a Salvador Illa EFE

El PSC ha fijado en la seguridad el principal frente de oposición y desgaste al gobierno de Pere Aragonès. Y hoy el líder de los socialistas catalanes, Salvador Illa, lo ha escenificado reclamando a Aragonès el cese del consejero de Interior, Joan Ignasi Elena, durante la sesión de control parlamentario.

"Usted es el máximo responsable de los Mossos, dé golpe de timón", ha exigido el socialista, para "cambiar las cosas, poner fin a injerencias políticas, empoderar a los agentes, y acabar con la falta de autoridad del conseller Elena". La respuesta, esperada, de Aragonès, ha sido un "no" rotundo que ha acompañado con ataques al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.

El president ha reclamado a Illa que mire en sus propias filas y "dé un golpe timón en Interior después de lo que se ha sabido de Melilla". Y ha aprovechado la debilidad de Marlaska para reclamar también que "retiren a los policías infiltrados en juventudes independentistas".

Problema de seguridad

Marlaska le ha servido a Aragonès para zafarse, esta vez, de la presión derivada de las crisis recurrentes en los mossos. Pero el problema seguirá sobre la mesa. "Seguiré pidiendo la dimisión de Elena" ha advertido Illa, que hoy ha coincidido en parte de su denuncia con Vox.

El líder del partido en Cataluña, Ignacio Garriga, ha denunciado que Cataluña vive "una espiral de delincuencia que sufren las familias más desfavorecidas en barrios más pobres". Violencia que ha asociado a la inmigración ilegal, pese a las advertencias de la presidencia del Parlament, poniendo como ejemplo el "pulso" del rapero Morad a la policía para hacerse con el control del barrio de La Florida, en Hospitalet del Llobregat.

"Afronten la realidad o nuestros barrios acabarán como los de Francia" ha reclamado Garriga. Un argumentario que Aragonès ha rebatido recordando que el número de delitos denunciados ha bajado en un -1,4% entre 2019 y 2022. Una "estabilización a baja" acompañada por el crecimiento del 10% de las detenciones, "es decir, más eficacia policial" gracias al aumento del número de mossos en 1.300 agentes en los últimos tres años.

Unas cifras que no ocultan la crisis recurrente de autoridad en el cuerpo de mossos, como le ha recordado Illa. Y como también denunció la semana pasada el ex jefe del cuerpo, mayor Josep Lluís Trapero, en una durísima comparecencia contra la actual cúpula de la policía autonómica.

Bronca con Junts

Más allá de las políticas de seguridad, Junts y ERC han vuelto a escenificar su guerra en la sesión de control parlamentario al Govern con un cruce de acusaciones entre Aragonès y Albert Batet, portavoz del hasta ahora socio del Govern. Batet ha reclamado a ERC que explique cuales son los réditos de la negociación con el Gobierno que según Oriol Junqueras completan una larga lista.

"Me gustaría ver resultado de su estrategia de retórica vacía", ha respondido Aragonès a Junts, recordando el fracaso de Laura Borràs quien prometió que "este Parlament no suspenderá a ningún diputado, luego lo hace y encima culpando a todos". El dirigente republicano ha asegurado a Junts que "podrán hacer su evaluación" y le ha retado también a "reconocer los frutos" de su negociación con el PSOE.

"Las evaluaciones cuando tocan, Junts son expertos a avanzar exámenes" le ha respondido el president, reprochando a sus ex socios que "tenían un acuerdo firmado y se sacaron de la manga una consulta a la militancia para resolver sus problemas internos, y después auditoria que nunca mostraron".

Aragonès ha defendido entre los éxitos de su gestión el acuerdo para que el Gobierno no recurriera el nuevo marco legal del catalán en la escuela que ha permitido esquivar las sentencias del 25%. Ha reclamado además agotar el plazo del 31 de diciembre para mostrar los resultados de una negociación que Esquerra espera que se concrete en la reforma del delito de sedición y ha acusado a Junts de no tener una propuesta viable como alternativa,

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