España | Tribunales

La Fiscalía mantiene su petición de 10 años de cárcel para los jugadores de la Arandina con la 'Ley Montero'

Sostiene que la pena solicitada para los tres jugadores está dentro de los márgenes de la norma reformada | En caso de que el Tribunal no estime su informe, el Ministerio Público pide que se mantenga la pena impuesta por el TSJ de Castilla y León

Los ex futbolistas condenados. EUROPA PRESS

La Fiscalía del Tribunal Supremo mantiene su petición de que se eleve a 10 años de prisión la pena para los ex jugadores del club de fútbol Arandina porque considera que cabe en la ‘Ley del sólo sí es sí’.

La Audiencia de Burgos condenó a Raúl Calvo, Carlos Cuadrado y Víctor Rodríguez a penas de 38 años de prisión por agresión sexual a una menor de edad, pero el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León revocó la sentencia, absolviendo al primero y condenando por abuso sexual a Cuadrado y Rodríguez a penas de cuatro y tres años de cárcel, respectivamente.

La Fiscalía recurrió en casación esa última sentencia, pidiendo al alto tribunal elevar la pena a 10 años de prisión. Los magistrados de la Sala Segunda tienen previsto resolver el próximo martes dicho recurso, teniendo en cuenta ya el nuevo marco legal de la Ley Orgánica 10/2022 de Garantía Integral de la Libertad Sexual. El Gobierno espera que con la resolución, el tribunal «unifique criterio» para evitar la disparidad de sentencias que se están dando en los tribunales de toda España. El alto tribunal, como adelantó este diario, afirma que será muy difícil instaurar un criterio conjunto porque cada caso es distinto y así tendrá que ser abordado.

En el informe del fiscal remitido al Supremo, al que ha tenido acceso El Independiente, se considera que la pena de 10 años solicitada se puede mantener con la nueva norma porque la agresión a una menor de 16 años por la que fueron condenados los jugadores se pena en la ‘Ley Montero’ con un arco penológico de entre seis y 12 años de prisión. Por lo tanto, su solicitud encaja en ésta.

En caso de que los magistrados no acepten elevar la pena, el Ministerio Público pide que se mantenga la condena de tres y cuatro años impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

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