El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) celebrará un Pleno el próximo 9 de febrero en el que los vocales valorarán soluciones a la imposibilidad de realizar nombramientos mientras el órgano continúe en funciones, situación que afecta principalmente al Tribunal Supremo.
Allí, las plazas sin cubrir por la falta de acuerdo entre PSOE y Partido Popular para renovar el consejo de jueces ascenderán a 24 de la plantilla de 79 magistrados que tiene el alto tribunal, lo que supondrá un 30,37%. Una situación que la Sala de Gobierno del Supremo calificó el pasado 18 de enero como "insostenible" y que requiere de una solución "inmediata" que instó a abordar a los partidos mayoritarios en el Congreso y el Senado.
El CGPJ transmitió al Parlamento la petición del Supremo pero, paralelamente, estudia soluciones internas para ver cómo se pueden cubrir vacantes del Alto Tribunal siendo las salas más afectadas la de lo Social, o Cuarta y la de lo Contencioso-Administrativo o Tercera.
La Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces prepara un documento con propuestas que verán todos los vocales en el Pleno del próximo 9 de febrero, aunque fuentes del bloque conservador del órgano de gobierno de los jueces ven difícil que vaya a ser satisfactorio.
1.230 sentencias menos
En el acuerdo del pasado enero, la Sala de Gobierno del Supremo destacó que si sigue sin haber un acuerdo de renovación para que el CGPJ vuelva a nombrar -algo que no puede hacer desde que los partidos del Gobierno, PSOE y Podemos, reformaron la Ley Orgánica del Poder Judicial para impedir al órgano realizar nombramientos mientras siga caducado- sólo en las Salas Social y de lo Contencioso se dictarán 1.230 sentencias menos (660 y 570, respectivamente), en 2023. Una situación que avanza el "colapso" de ambas salas.
La Sala Cuarta tiene ya cinco vacantes en una plantilla de 13 y la Tercera, 10 vacantes en una plantilla de 33. De ahí que se reclame la dotación de 15 plazas de letrado del Gabinete Técnico, ocho para la Sala de lo Contencioso y 8 para la Social que el alto tribunal pide que sean cubiertas preferentemente por magistrados.
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