Dos agentes de la Guardia Civil en un control de tráfico.
La última promesa incluía fecha: antes del 31 de marzo de 2023. Todo apunta a que tendrá el mismo final que todas las promesas que le precedieron: nunca fueron cumplidas. Salvo sorpresa, tampoco lo será en esta ocasión. A un mes escaso de que concluya la legislatura en Navarra, la competencia de Tráfico ha vuelto a acumular retrasos para su transferencia al Ejecutivo foral. El mandato actual ya comenzó con un retraso previo, esta vez sobre el compromiso que Pedro Sánchez adquirió con la anterior presidenta de Navarra, Uxue Barkos, en octubre de 2018. Dos años después, en enero de 2020, el compromiso del Gobierno de Sánchez lo adquirió con el PNV en el acuerdo presupuestario suscrito con los nacionalistas y que fijaba para junio de aquel año la cesión de Tráfico. La última promesa también se produjo en una negociación presupuestaria. Ocurrió hace apenas unos meses y se acordó con EH Bildu que la Policía Foral sería la titular en exclusiva del tráfico en Navarra y que lo sería antes de que finalizara marzo de este año.
La presidenta del Gobierno Foral, María Chivite, ya ha avanzado que será mejor enfriar la expectativa y no esperar que en esta ocasión se cumpla lo prometido. El acuerdo no parece cerca y el tiempo se agota. Lo justifica en dificultades en la valoración económica de la competencia y en aspectos técnicos de una materia que califica de especialmente compleja. Una explicación similar a todas las anteriores dadas para justificar las demoras que arrastra esta controvertida materia y que supondría romper la gestión compartida del tráfico que ahora ejercen Guardia Civil y Policía Foral. El compromiso competencial pasa por ceder la titularidad en exclusiva de la misma al cuerpo navarro.
“No la queremos a cualquier precio”, ha repetido Chivite en las últimas horas para escenificar las discrepancias que los equipos técnicos de ambos Gobiernos mantienen en el proceso de negociación. Chivite no ha ocultado que lograr la competencia sería “un colofón magnífico” para cerrar la legislatura, tal y como estaba previsto, pero que se debe priorizar las condiciones en las que se asumiría esta materia tan relevante.
Desavenencias económicas
En los procesos de transferencia de competencias, además de las cuestiones técnicas y de calendario, se evalúa el coste que ejercer la materia supone y que en el caso de Navarra y Euskadi deberá ser descontado del pago del Cupo o Convenio posterior. Es ahí donde surgen las principales desavenencias entre Ejecutivos, entre quien la cede y la valora en alta cuantía y quien la recibe y la valora a baja.
Por su parte, el Gobierno de Navarra insiste en que continúa negociado y que ésta es una cuestión prioritaria para este último tamo de legislatura. Chivite recuerda, por si acaso, que en el mandato que ahora culmina se han dado más pasos en materia de autogobierno que nunca, en referencia a los traspasos de dos competencias, la sanidad penitenciaria y el Ingreso Mínimo Vital (IMV).
En la Guardia Civil por el momento desconocen cuándo podría producirse el traspaso. Desde el último encuentro con el Jefe de la Agrupación de Tráfico no han recibido ninguna información más. Un encuentro en el que se les informó de la posibilidad de conceder preferencia a los agentes de Navarra que deseen buscar otro destino para continuar en la Unidad de Tráfico. Los detalles y plazos siguen siendo una incógnita.
'Pasarela' de la Guardia Civil a la Policía Foral
La ‘pasarela’ que permitirá el paso de la Guardia Civil a la unidad de Tráfico de la Policía Foral por el momento tan sólo se ha anunciado con las condiciones generales. El Gobierno navarro se compromete a asegurar el nivel salarial actual a los agentes y a que el cambio de Cuerpo no suponga ninguna merma de sus condiciones. Sin embargo, aún restan muchos aspectos con detallar, como la equiparación de categorías profesionales, muy diferentes entre ambos Cuerpos, o aspectos relacionados con sus cotizaciones a la Seguridad Social.
El proceso de integración proyectado prevé un calendario progresivo durante cinco años. Pese a que en el momento en el que la transferencia se complete el titular de la misma será el Gobierno navarro, la ejecución de las labores de Tráfico se continuarán realizando de modo compartido entre ambos cuerpos, tal y como se hace en la actualidad. Una convivencia que de modo progresivo se irá decantando en favor de la Policía Foral que irá asumiendo cada vez un mayor peso de la competencia hasta ejercerla de modo íntegro en un plazo de cinco años.
Para ello requerirá ampliar su unidad de tráfico actual, de 226 a 375 agentes. Los 149 nuevos agentes con los que se reforzaría podrían proceder de la Guardia Civil, en caso de que se cubrieran las plazas, o de nuevas convocatorias de empleo público. Actualmente la unidad de Tráfico de la Guardia Civil en Navarra está compuesta con 186 agentes, distribuidos en 53 cuarteles.
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