Es la primera piedra, pero PSOE y Sumar están convencidos de que no será solo eso. Creen que la firma de su pacto, por mucho que estuviera descontada, por mucho que fuera lógica, natural y fácil, puede mover al resto de grupos. Que puede empujar a que, "en cascada", se vayan decidiendo y firmando rápidamente sus respectivos documentos con los socialistas. Que puede ayudar, en definitiva, a que la sesión de investidura no tarde mucho más en llegar y se pueda situar en el calendario a primeros de noviembre, incluso en la semana que arranca el lunes 6. Un acuerdo, por tanto, que arrastre más acuerdos, que actúe como motor y como palanca de los demás.

La presunción de los dos partidos que compondrán un nuevo Ejecutivo de coalición progresista, si tienen los votos —ambos suman 152 escaños, a 24 de la mayoría absoluta— reinaba este martes en la puesta de largo del programa de gobierno sellado por Pedro Sánchez y Yolanda Díaz en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS). Lo verbalizaban a los periodistas en conversación informal dirigentes de las dos formaciones, pero además se desprendía de los gestos y los discursos.

Los socialistas tampoco dan importancia a la votación de las bases del Consell de la República por la bajísima participación en la consulta, de un 4,45%

Los líderes y sus equipos derrochaban complicidad ante las cámaras, pero también seguridad: la seguridad de que a partir de ahora todo se acelerará y de que están a un paso de conseguir la investidura. Pero más allá de sus expectativas, las del PSOE y Sumar, no hay datos todavía objetivos de cierre inminente de más acuerdos, aunque el escenario puede virar rápidamente. Lo que sí es cierto es que nada se ha roto, y la entente con Junts parece más cercana: la votación de las bases del Consell de la República, la Generalitat paralela que encabeza Carles Puigdemont, tampoco inquieta a los socialistas, porque aunque un 75% aboga por bloquear la reelección de Sánchez, solo participó en la consulta un pírrico 4% del censo.

El acuerdo de PSOE y Sumar, apuntaba un mando muy cercano al presidente en funciones, puede "animar", apuntalar la idea de que "ha llegado el momento" de cerrar los pactos. Empujar a los grupos a decidirse. "También" Junts, observaba esta dirigente. En el equipo negociador de Díaz, la misma percepción: tocaba cerrar el documento entre los dos socios de la coalición, y ahora el resto de actores han de venir "en cascada". "Ayudar ayuda. Nosotros ya hemos hecho los deberes. Ahora toca cerrar con los demás", señalaban desde el entorno directo de la vicepresidenta segunda.

Son cinco los grupos a los que Sánchez ha de convencer: PNV (5), Bildu (6), BNG (1), ERC (7) y sobre todo Junts (7). Y todavía podría sumarse Coalición Canaria (1). Por ahora, continúan el hermetismo y las negociaciones discretas. Con alguna que otra advertencia esperable y nada inquietante para el bipartito. La portavoz del Ejecutivo catalán, Patrícia Plaja (ERC), siguió situando "lejos" el entendimiento con Ferraz. Los nacionalistas vascos mostraban en un comunicado su "preocupación" por si el acuerdo de PSOE y Sumar puede suponer una "invasión de competencias". "Insistimos en lo complicado de la investidura por el número de agentes que implica y que, precisamente por ello, debemos ser muy cuidadosos en los acuerdos y no imponer agendas propias que pueden chocar con la de otros", apuntó el PNV. Podemos, integrante de la coalición electoral que lideró en julio Díaz, veía "inconcreto" el texto y reclamaba ministerios.

El PSOE no quiere presionar a los grupos con la fecha

Cerrado el documento con la vicepresidenta —48 páginas, 230 medidas—, los socialistas quieren acelerar todo lo posible. Es menos probable que todo quedara cerrado antes del 31 de octubre, el día en que la princesa de Asturias alcanza la mayoría de edad y jura la Carta Magna ante las Cortes Generales, un acto solemne al que el Gobierno confiere máxima importancia simbólica y constitucional. Pero justo después todo puede precipitarse. Algunos cargos en Ferraz hablan de investidura "inminente". En 15 días.

ERC dice que el acuerdo sigue "lejos" y al PNV le preocupa la posible "invasión de competencias". Podemos considera "inconcreto" el texto y reclama ministerios

Es más, en la cúpula indicaban ayer martes que el deseo y la intención del presidente es que la sesión se celebre en la semana que arranca el 6 de noviembre —lo lógico es que el pleno empezara el martes 7 y la primera votación, en la que se requiere de mayoría absoluta, se produjera el miércoles 8—, a fin de llegar investido a una cita importante que tiene ese mismo fin de semana: ejercerá de anfitrión del Congreso del Partido de los Socialistas Europeos (PES, por sus siglas en inglés), que se celebrará en Málaga el 10 y 11 de noviembre, y al que acudirán jefes de Estado y de Gobierno, líderes, dirigentes, militantes y activistas socialistas de todo el continente para preparar las elecciones europeas de junio de 2024. Pero si no se fija ya el pleno, añadían a continuación en el núcleo de confianza del jefe del Ejecutivo, es porque sería desaconsejable y podría enturbiar las negociaciones. Sería entendido por los grupos como un intento de presión, porque concebirían el gesto como si fuera una pistola en la sien.

En Sumar también reconocían que la hoja de ruta de sus socios apuntan hacia esa semana de noviembre. La segunda, la del 6, tras el puente de Todos los Santos. El plazo legal acaba el lunes 27. Si para entonces no hubiera nuevo presidente, Congreso y Senado se disolverían de manera automática y España iría a elecciones el 14 de enero. Pero en las direcciones de PSOE y Sumar no se contempla esa opción. El convencimiento de que habrá Gobierno es total. De hecho, las dos fuerzas actuaron como si ya estuviera todo hecho. Optimismo rebosante.

Y no se diluyó por la tarde cuando se supo el resultado de la votación de las bases del Consell de la República: estaban llamados 90.484 socios, pero solo participaron 4.o21, el 4,45% del censo. El 74,9% apoyó bloquear la investidura de Sánchez. "No creemos que afecte, no servirá tampoco para subir el precio", aseguraban en las alturas del PSC. Lo mismo decían en Ferraz. Es decir, que la consulta será inocua y que Puigdemont decidirá al margen de lo que haya expresado la entidad que él mismo montó y capitanea.

Pero la reserva sigue dominando la escena. El cerrojazo informativo. La ley seca. En el acto en el Reina Sofía solo intervinieron Sánchez y Díaz, y no hubo preguntas de los periodistas. Hora y media antes, en la Moncloa, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, directamente contestó vaguedades a los periodistas, sin dar ningún dato y tirando de argumentario. Ni aproximó nada de la fecha de investidura, ni avanzó nada del contenido del acuerdo, ni dio pincelada alguna de las conversaciones con Junts. Se escudó en que ahora toca "discreción" y que cuando haya acuerdos, serán "transparentes". La misma muletilla.

La ministra solo concedió tres turnos de preguntas y, ante la queja del último periodista, dio uno más. Cuatro en total, bastantes menos de lo que solía ser habitual —en torno a una decena— en la sala de prensa en la que el Ejecutivo de turno da cuenta de los acuerdos del Consejo de Ministros. El equipo del presidente argumenta que ahora el Gabinete está en funciones, que las negociaciones están en marcha y es obligado el hermetismo, pero lo cierto es que las oportunidades de los periodistas para poder preguntar a la cúpula socialista son ahora muy reducidas.

Ni amnistía ni Cataluña

Y es que la investidura sigue girando en torno a la futura ley de amnistía y el hipotético acuerdo con ERC y sobre todo con Junts. El documento firmado por PSOE y Sumar ni menciona el perdón total al procés. Tampoco cita Cataluña, a diferencia de lo que ocurría en el programa de coalición con Unidas Podemos que Sánchez y Pablo Iglesias rubricaron en el Congreso el 30 de diciembre de 2019. La prioridad del documento del presidente y la vicepresidenta segunda era, obviamente, otra, dar vida a lo que en la Moncloa llamaron "el corazón de la legislatura": una potente agenda social y económica que explica, que justifica un Gobierno.

El documento presenta una agenda sustentada en tres pilares: el laboral, el fiscal y el social. "Un día grande", dice Díaz, ofrece "estabilidad, progreso y convivencia", completa el presidente

Un texto con medidas de impacto como la reducción gradual de la jornada laboral sin rebaja de salario (38,5 horas en 2024, 37,5 en 2025 y a partir de ahí de la mano del diálogo social), la imposición de un tipo mínimo efectivo del 15% sobre el resultado contable a las grandes empresas, la prórroga de los impuestos extraordinarios a la banca y las energéticas, la limitación por ley de las listas de espera sanitarias, el fortalecimiento de la red sanitaria pública, la revisión de las causalidad del despido, el alza del salario mínimo sin pérdida de poder adquisitivo, la extensión de los permisos de paternidad y maternidad a 20 semanas, la derogación de la ley mordaza —compromiso que no se cumplió la pasada legislatura por desacuerdo de ERC y Bildu— o la revisión de la Ley de Cambio Climático para hacerla más ambiciosa.

"Un día grande", la firma no solo de un acuerdo entre dos partidos y socios de coalición, sino de un "compromiso" con el país, un texto "para mejorar la vida de las gentes" en España, "para hacernos más iguales, más libres", para hacer "política útil", elogió primero Díaz. El acuerdo, completó Sánchez justo a continuación, nace con la voluntad de "ofrecer estabilidad, convivencia y progreso" a través de 230 medidas que "están sostenidas por el aval de la ciencia, no por superchería y prejuicios", que "persiguen las aspiraciones recogidas en la Constitución y que son compartidas por la inmensa mayoría de ciudadanos". Medidas, también, culminó, que se dirigen a "todos los españoles", no solo a los que votaron a PSOE y Sumar, sino a los que "comparten el anhelo de progreso y convivencia". Si hay investidura, llegará el momento del reparto de carteras entre las dos formaciones y la reestructuración del Gabinete.

Coordinación y complicidad

Siquiera por unos días, los dos socios de la coalición buscaron cambiar el eje de la conversación pública. Menos amnistía y más proyecto de gobierno con una fuerte impronta social y de izquierdas. El presidente y la titular de Trabajo querían desmontar el argumentario y las críticas de la derecha, que pintan a un líder del PSOE capaz de destruir y romper España con tal de mantenerse en el poder.

La presentación del programa da un respiro al Ejecutivo tras semanas largas con el debate centrado en la amnistía y con nulos detalles

Socialistas y Sumar necesitaban también por eso firmar ya su acuerdo. Llevaban discutiendo su programa conjunto desde hace casi tres meses. Y el "núcleo" ya estaba "maduro" señalaban en el equipo del presidente, por lo que no había que darle más vueltas. De ahí que Sánchez ordenara amarrarlo ya, incluso una semana antes del plazo que se dio con Díaz. Ambos se reunieron el lunes a mediodía, pero quedaron flecos que pulieron los dos equipos negociadores durante la tarde y la noche. La comunicación formal del pacto la lanzaron los dos partidos a la vez apenas diez minutos antes de las ocho de la mañana del martes.

Podemos levantó la mano enseguida. La titular de Igualdad en funciones, Irene Montero, señaló que su formación no estaba al tanto de las negociaciones y no conocía el documento en detalle. Y Pablo Fernández, portavoz del partido, lo calificó de "inconcreto" y exigió ministerios. Ni Montero, que tenía agenda en Bruselas, ni la jefa de los morados, Ione Belarra, que tenía a esa hora una reunión en su ministerio, acudieron al acto en el MNCARS, al que sí se acercaron prácticamente todos los ministros socialistas y los dos de Unidas Podemos más próximos a la vicepresidenta, Alberto Garzón y Joan Subirats. En la Moncloa no se mostraban preocupados por la actitud de Podemos. Dan por hecho que sus cinco diputados en el Congreso no pondrán en peligro la investidura de Sánchez, por muy a disgusto que se encuentren en Sumar.

El recuerdo del ruido interno incesante de la legislatura pasada está muy presente en los dos socios de coalición. Ambos son conscientes del daño electoral que hizo la división dentro del Gobierno, el choque constante por distintas materias, el boquete tan enorme que dejó la ley del sí es sí. Por eso este martes tanto Sánchez como Díaz se comprometieron a "gobernar mejor" en este mandato. De ahí que los dos en campaña se presentaran prácticamente como un tándem electoral y de ahí que en el Reina Sofía ellos y sus equipos se ocuparan de exhibir sintonía, antes y durante el acto. Corrillos entre los dirigentes de los dos partidos a la vista de los periodistas, foto primero en el patio con los novios —Sánchez y Díaz— y después con sus familias —sus equipos negociadores—, discursos coordinados. Sonrisas, aplausos, besos y abrazos. Almíbar a granel. Ambos comparecieron hasta acompasados en el vestuario: rojo PSOE el vestido de la vicepresidenta, corbata berenjena, próxima al color corporativo de Sumar, la del presidente. Nada parecía dejado al azar.

El PSOE reúne a su comité federal este sábado para convocar la consulta a la militancia

Ahora queda lo más difícil. Pero, a la espera de cerrar el resto de negociaciones pendientes, Ferraz ya ha apretado el botón interno: este martes remitió una carta a los territorios [aquí en PDF] para citarles el próximo sábado, 28 de octubre, a una reunión del comité federal, para convocar la consulta a la militancia sobre el acuerdo de coalición con Sumar. Sánchez busca (y encontrará) el apoyo de bases y cuadros al tirón final de las conversaciones. O, lo que es lo mismo, el respaldo y la confianza de los suyos en la negociación que entraña más riesgo para el partido: la de Junts. Lo decía el PNV en su nota: "Mucha tela por cortar".