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La Justicia, en la diana del Gobierno para el relato de la amnistía

El que fuera presidente del Tribunal Supremo y Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Carlos Lesmes delante y el actual presidente de la Sala Segunda del alto tribunal, Manuel Marchena, quien presidió el juicio del 'procés'

El que fuera presidente del Tribunal Supremo y Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Carlos Lesmes delante y el actual presidente de la Sala Segunda del alto tribunal, Manuel Marchena, quien presidió el juicio del 'procés'

"A ver si entre todos contribuimos a bajar un poco este suflé... porque si no, no sé dónde vamos a llegar". Quien suscribe estas palabras de preocupación es un muy alto cargo de la judicatura. Ese "suflé" que ha ido escalando en las últimas semanas, o meses, o quizás años entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo tiene un nuevo frente que no es menor: la amnistía. Jueces y fiscales se muestran entre cansados y enfadados de que miembros del Gobierno les señalen continuamente por sus sentencias y la palabra lawfare que se ha introducido en el debate público ha provocado un aluvión de comunicados para defender la actuación de la Justicia. Todos los pasos que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha ido dando con los independentistas han pasado necesariamente por los tribunales donde el procés ha tenido consecuencias penales y este último escalón amenaza con un choque entre instituciones.

La 'semana horribilis' para el Gobierno ha terminado con un informe negativo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre el fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz por primera vez en democracia y con la anulación del Tribunal Supremo del nombramiento de Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, comentó ambas cuestiones desde Bruselas: "Cualquier informe que se haga estableciendo requisitos diferentes para llegar a una conclusión distinta a la que el propio Consejo llegó hace un año [cuando calificaron como idóneo al fiscal general] pues es al margen de la ley".

Estas palabras pronunciadas de quien gestiona la cartera que les rige han sido muy comentadas en la carrera porque de alguna forma creen que insinúa que los profesionales de la Justicia están prevaricando. "Estamos ante una campaña absoluta de deslegitimación del Poder Judicial", indica otra fuente jurídica. Los consultados en distintos estamentos revelan que hace ya tiempo que se saben en la diana y lamentan que la percepción de que los magistrados son "fachas con togas" o están politizados esté calando en la ciudadanía. "La gente está percibiendo que los jueces somos todos elitistas y que vamos en contra del progreso", sostienen. "No tenemos otra cosa que hacer que manipular los procesos judiciales para ir en contra de los políticos", ironiza otro.

La situación no es nueva. La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) remitió ya en 2021 un informe al Parlamento Europeo titulado 'La deslegitimación del poder judicial como estrategia política en España'. En el documento explicaban que si bien siempre ha habido críticas a los togados --como sucedió por parte del PP en el caso 'Gürtel', tras la sentencia de 'La Manada' o en el caso de las hipotecas que revisó el Supremo hace cuatro años--, el camino se ha tornado más espinoso en el último tiempo. "La situación ha variado sustancialmente en los dos últimos años. Este tipo de críticas se han intensificado y, lo que es más grave, se han desvinculado de decisiones judiciales concretas para extenderse al conjunto de los jueces, cuya imparcialidad y compromiso con los valores democráticos se ponen abiertamente en cuestión", esgrime el informe.

La memoria de algunos alcanza al inicio de la Legislatura anterior. El entonces vicepresidente segundo Pablo Iglesias aseguró en su primera entrevista en ese cargo en enero de 2020 que la judicialización del conflicto catalán estaba "haciendo mucho daño a la imagen de España en Europa" y que eso era "una humillación"; la exvicepresidenta Carmen Calvo acusó en diciembre del mismo año al entonces presidente del CGPJ Carlos Lesmes de "poner en solfa la democracia" por no respetar al Congreso cuando éste decidió retomar los nombramientos judiciales en el órgano antes de que se le quitara esta potestad al Consejo; y la exministra Ione Belarra dijo tras la sentencia del Tribunal Constitucional en 2021 que decretaba ilegal el estado de alarma durante el Covid que "en España la oposición al Gobierno la están ejerciendo los jueces".

Aunque si hay un ataque que tienen la gran mayoría de funcionarios en sus cabezas, ese es el que sufrieron a raíz de la aplicación de la ley del 'solo sí es sí' . "Que en España los jueces no tienen formación en materia de género. Que es una vergüenza. Fórmense señores jueces, fórmense", espetó en la cámara baja la otrora 'número dos' del Ministerio de Igualdad Ángeles Rodríguez Pam en noviembre de 2022. La exministra del ramo Irene Montero repitió hasta la saciedad que se trataba de una mala praxis de los togados y no de un error de su ley que, finalmente, el PSOE rectificó.

Con las primeras palabras de Iglesias, el CGPJ sacó un comunicado pidiendo mesura en quienes ostentaban el Poder Ejecutivo. Un comunicado que era de lo más inusual entonces, pero que los vocales han perdido ya la cuenta de cuántos han venido después. El último, a raíz de la tramitación de la ley de amnistía.

La tensión lejos de menguar ha ido a más y en las pasadas semanas el ataque directo ha pasado, incluso, por querellas contra los jueces. Sumar se ha querellado contra 10 vocales del CGPJ por prevaricación y Podemos contra el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón. El Tribunal Supremo ha tenido encima de su mesa distintas denuncias contra miembros del Gobierno y, muy especialmente, contra Pedro Sánchez y todas han terminado siendo rechazadas. Lo más posible es que ocurra lo mismo con las que se acaban de presentar contra togados, pero lo que está claro, dicen, es que todas estas acusaciones cruzadas no ayudan nada a descongestionar el clima casi irrespirable.

El horizonte del independentismo

El camino hacia la amnistía se advierte, por tanto, complejo. Desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno los pasos que se han dado para acercarse al independentismo se han alejado de forma casi exponencial del Poder Judicial. Es difícil calcular con qué dimensión, pero existe un sentir considerable dentro de la carrera de que la amnistía no encaja en la Carta Magna y hacer cumplir a jueces y fiscales algo en lo que no creen no es una tarea sencilla.

Para llegar aquí, el Ejecutivo ha indultado a los miembros del procés en contra del criterio de la Sala de lo Penal que los sentenció, ha eliminado el delito de sedición del Código Penal y ha rebajado las penas del de la malversación que eran la columna vertebral de la condena los líderes independentistas. Esto último de poco sirvió porque el órgano que escribe la jurisprudencia decidió aplicar la conducta de desviación de poderes en su tipo más grave y tanto Oriol Junqueras como todos los demás condenados han mantenido sus penas íntegras sobre el papel.

Distintos juristas de alto rango en la carrera advierten del vacío que la sedición ha dejado en el Código Penal en relación a que cualquier deriva independentista puede provocar impunidad con la actual redacción. Pero el Gobierno no está ni mucho menos en eso. Más bien está en todo lo contrario.

La ley de amnistía anda ya hacia la votación en las Cortes y jueces y fiscales siguen muy de cerca cómo será la redacción final. En el Ejecutivo no se les escapa que deben atar hasta el último cabo para no provocar consecuencias indeseadas, pero los tribunales ya están comenzando a reaccionar de forma ciertamente sorpresiva. Un juzgado de Girona acaba de suspender un juicio contra cuatro independentistas por la amnistía a pesar de que el Ministerio Público estaba en contra porque se trata todavía de futuribles. "Aún cuando la ley de amnistía no se halla vigente en este momento, sí se encuentra en tramitación parlamentaria y en su actual redactado recoge dentro de su ámbito objetivo los hechos objeto de la presente causa por lo que, de prosperar su aprobación, habría hecho inútil la celebración de un juicio con tan alto coste material y personal", ha expresado el juzgado.

El baile de cifras no es menor y puede provocar una nueva polémica que crispe a políticos y togados. Los cálculos del PSOE hablan de unos 300 amnistiados, mientras que en ERC elevan la apuesta. Joan Ridao, exportavoz de ERC en el Congreso y uno de los creadores de la ley explicó en El Independiente que podrían ser unos 1.500 beneficiados. Una vez más, cuando la pelota caiga sobre el tejado del Poder Judicial será cuando comience un nuevo partido que puede terminar siendo muy incómodo para el resto de poderes desde la grada.

Sin menospreciar, por supuesto, que el punto definitivo deberá marcarlo el Tribunal Constitucional. Y ahí se juega la liga de las recusaciones.

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3 Comentarios

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Comentarios cerrados para este artículo.

  1. lawfare se pronuncia literalmente así «LOFEAR» no LAUFEAR, como dicen todos los eruditos de las ONDAS

  2. Lo triste no es que los jueces puedan ver indicios de delito en las acciones de los políticos, que por desgracia son variadas y frecuentes. Lo triste es que se ponga a los juec s al servicio de la política que es lo mismo que los políticos, y más con tanto descaro y desvergüenza como lo están haciendo Sanchez y sus socios. Y la desvergüenza con la que Sánchez y sus criados modifican el relato para culpar a la oposición de todo lo que ellos hacen. Alguien ha tratado de buscar el desarrollo de las vicisitudes de CGPJ? Quizá después de la revisión no se vería tan.claro eso de que el bloqueo sea una posición exclusiva de los peperos.

  3. ¿Los jueces todos salen de unas oposiciones y posterior curso en escuela judicial.
    Entonces resulta según tanto debate que si los pongo yo son buenos pero si los pones tú son malos. Vista la situación me parece que la solución debería ser que los políticos no nombraran ni ascendieran jueces?.