Pedro Sánchez defiende que no hay "secretismo" en las reuniones con Junts en Suiza, sino "discreción" y recuerda que también antes, a finales de los años noventa, también el Gobierno de José María Aznar despachó con ETA allí para buscar el fin de la banda, objetivo que sin embargo no se logró hasta 2011. Cree también el presidente que sí, que hay un caso "paradigmático" de lawfare: el "secuestro" del PP al Poder Judicial.

Una afirmación que llega justo cuando se cumplen este lunes, 4 de diciembre, cinco años de bloqueo en la renovación del CGPJ. Lo dijo Sánchez en una entrevista en Hoy por hoy, en la SER, apenas dos días después también de esa primera cita de los socialistas con los posconvergentes tras la investidura, encuentro en el que que ambos partidos acordaron que el diplomático salvadoreño Francisco Galindo Vélez coordine el mecanismo internacional de verificación de sus negociaciones.

Sánchez señala que en el encuentro del sábado se planteó la metodología de trabajo y se acordó el nombre de Francisco Galindo como mediador

Para Sánchez, esta fue la "primera de otras muchas reuniones" que tendrán ambas formaciones, "tanto fuera como dentro de España" para lograr "un objetivo noble", que es "la convivencia, restaurar todos aquellos puentes que se rompieron" durante el procés. El presidente no dio muchas precisiones sobre el contenido del encuentro —tampoco sobre los participantes—, simplemente aseguró que se negocia "sobre lo ya acordado", sobre lo que figuraba en el texto que suscribieron PSOE y Junts. Es decir, sobre el reconocimiento nacional de Cataluña y la mejora de su financiación. "Lo que hicimos el sábado fue plantear la metodología de trabajo y la persona que iba a actuar como verificador", Galindo Vélez, criticado de inmediato por el PP por lo que supone de "insoportable humillación" del presidente a España.

Al jefe del Ejecutivo le llaman "mucho" la atención los "golpes en el pecho" de la derecha porque, "si uno mira hacia atrás", "en circunstancias mucho más difíciles, en negociaciones muchísimo más complejas, porque afectaban a la violencia y al fin del terrorismo", él recuerda al "Gobierno de Aznar reunirse en Suiza con una banda terrorista, en este caso con ETA". Es decir, que lo que ahora está sobre la mesa es el objetivo de la "convivencia", la superación del trauma del procés, igual que en aquel momento estaba en juego el fin del terrorismo.

La diferencia, insistió Sánchez, es que ahora la negociación se está llevando a cabo entre partidos, en mesas con Junts, con ERC o con el PNV, mientras quien hablaba con ETA en Suiza era el propio Ejecutivo de Aznar, y ese matiz "es importante".

Galindo Vélez, señaló, ha sido acordado por socialistas y posconvergentes, y "en principio" no será el mismo que medie en las conversaciones de su partido con ERC. El presidente reconoció que con los dos partidos independentistas a fin de cuentas se abordarán "las mismas cuestiones", puesto que se trata de un "problema político que tuvo su culmen en 2017, con la crisis constitucional más grande" que ha vivido en España desde la vuelta de la democracia. Su deseo sería que hubiera un solo proceso de negociación del PSOE con ERC y Junts a la vez, pero su rivalidad lo hace imposible: esa aspiración está "muy verde", lo que conduce a que el PSOE deba mantener la interlocución con las dos "en distintas mesas". En todo caso, repitió, "todo lo que se haga estará dentro de la Constitución".

Diferencia entre "secretismo" y "obligada discreción"

Mesas de negociación, añadió, que están recogidas en los acuerdos firmados con las formaciones socias de la investidura y que son "públicas". "Muy públicas no son", le devolvió Àngels Barceló, directora de Hoy por hoy, "porque ni siquiera los periodistas desplazados supieron el lugar" exacto donde las dos delegaciones iban a encontrarse. Ahí Sánchez diferenció entre el "secretismo" y la "obligada discreción", porque la política "necesita espacios de discreción". Con la Carta Magna como "marco" y la negociación como "método", se darán a conocer los acuerdos cuando se alcancen.

Justifica que sea en Ginebra porque "algunos de los actores no viven en España"

¿Y por qué en Ginebra? "Porque algunos de los actores no viven en España", respondió el presidente, sin explicitar que uno de los participantes en la reunión es el expresident Carles Puigdemont.

—Pero viven en Bruselas, no en Ginebra —le recordó la periodista.

—Esas son decisiones que se toman entre las dos formaciones políticas —replicó el presidente. Entonces volvió a la analogía que había expuesto anteriormente, que el Gobierno de Aznar se reunió allí con ETA.

—No viven fuera de España porque hayan decidido establecer su residencia en otro sitio, sino porque uno con los que se negocia [Puigdemont] es un prófugo de la Justicia. Eso no es un exiliado —incidió Barceló.

—Evidente, evidente. Yo no lo estoy poniendo en duda.

Sánchez defendió entonces que la amnistía "no se tramita sobre el vacío", sino sobre un contexto global, el resultante de las elecciones del 23-J, que conecta con el auge de la derecha populista en muchos rincones del mundo y que en España se frenó, y el concreto, si con un Ejecutivo de PSOE y Sumar, apoyado por los nacionalistas e independentistas desde fuera se podía "provocar ese reencuentro total entre la sociedad catalana" o bien se caminaba hacia un Gobierno de PP y Vox.

La amnistía supone "poner el contador a cero", pero "no es poner la memoria a cero". Tendrá efectos "balsámicos", igual que los indultos, augura

En ese sentido, para Sánchez, la amnistía "supone poner el contador a cero", pero "no es poner la memoria a cero". Una de las lecciones "a extraer", por la que él aboga, es por la "normalización política en Cataluña" y también por la "superación de los conflictos desde la política y dentro del marco constitucional". A su juicio, los indultos o la amnistía son "pasos" que se iban a tener que dar "antes o después", y lo importante es el "propósito de esa excepción a la norma" que representan esas dos medidas de gracia. De nuevo, apuntó que el perdón al procés es la puerta que permite "culminar una agenda de avances sociales y de políticas progresistas" y propiciar un entorno de estabilización social y económica en Cataluña, que es "muy relevante" para el conjunto de España. El líder socialista apoyó su argumentación en que el PP, que utiliza hoy "los mismos argumentos" contra la amnistía que los que empleó contra los indultos, ya no "cuestiona" estos, ni el "efecto benéfico" y "balsámico" que tuvieron sobre Cataluña.

Preguntado si Puigdemont no debería responder ante la Justicia, como él mismo defendió antes del 23-J, el presidente se escabulló —"ese debate es legítimo y es algo que se ha señalado a lo largo de estos últimos años, tiene una razón de ser"— y volvió a centrarse en que la clave es el fin que se persigue. En ese punto, dijo que lo más llamativo de la encuesta de 40dB para El País y la SER no son las motivaciones que los ciudadanos aducen que ha llevado a la amnistía —el 60% la considera injusta y entiende que es un "privilegio"—, sino las "consecuencias".

"De la convivencia nos beneficiamos todos"

Se aferró a que es verdad que él no tenía "pensada" esta medida de gracia como "siguiente paso", pero que tuvo que hacer "de la necesidad virtud". O sea, aceptarla para conseguir los siete votos de Junts y lograr su investidura, siendo "coherente" con su política de distensión con Cataluña de los últimos cinco años. A los que tienen dudas o no comparten la decisión, les pide Sánchez que miren los efectos "balsámicos" que tuvieron los indultos, porque espera que sean los mismos ahora con la amnistía. "Tanto es así que en su encuesta el 70% de la sociedad catalana está a favor de ello", alegó, restando importancia por tanto a la pérdida de apoyo social al PSOE que detecta el sondeo de 40dB.

"No hay un problema de separación de poderes" en España, argumenta, sino que el problema es que el PP tiene "rehén", "preso", "capturado" al Poder Judicial

"De la convivencia nos beneficiamos todos", añadió, para recalcar que el hecho de que vuelvan a hacer política partidos como Junts "fortalece la democracia española". La esperanza del presidente, por tanto, está puesta en que a medio plazo los ciudadanos se den cuenta de los beneficios de la amnistía, aunque ahora la rechacen, igual que antes generaron contestación el matrimonio igualitario o el divorcio y luego se aceptaron, analogía que ya trazó el jueves pasado en TVE.

Sánchez no quiso calibrar cuánto preocupa la amnistía en la Comisión Europea —su ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, dijo que "cero" y fue desmentido por el Ejecutivo comunitario—, pero sí señaló que es una medida "recurrente en las democracias consolidadas" y que en Bruselas no le ven a él, como dice el PP, "como el [Víktor] Orbán del sur". Y añadió que en la cumbre de Dubái, en la COP28, ningún líder internacional le ha preguntado por la amnistía.

El otro gran asunto de la entrevista en la SER fue el bloqueo del CGPJ, del que se cumplen justo este lunes cinco años. Sánchez señaló que "por supuesto" volverá a llamar a Alberto Núñez Feijóo para que dialoguen sobre la renovación del órgano de gobierno de los jueces. No dijo plazos, eso sí. Pero sobre todo fue muy enfático a la hora de acusar a los populares de lawfare por politizar la Justicia. "No hay un problema de separación de poderes" en España, argumentó, sino que el problema es que el PP tiene "rehén", "preso", "capturado", "secuestrado" al Poder Judicial, y con unas consecuencias "terribles", ya que la Justicia "se deteriora aún más por un interés que no es constitucional".

"Cinco años de Gobierno progresista, cinco años de bloqueo, no hay que hacer croquis" para ver qué está detrás, sostuvo. Fue entonces cuando recordó que hay una acepción de lawfare, que es la de la "politización de la Justicia". "Y no hay caso más paradigmático de lawfare y de politización de la Justicia en España que este secuestro en el que tiene sumido el PP al Poder Judicial". Un PP que, a su juicio, tiene un "sentimiento patrimonialista" de la democracia, del poder y de las instituciones.

No es discutible" el cumplimiento del mandato constitucional, subraya, mirando al PP

Barceló le apuntó que su Gobierno puede recibir la misma acusación del PP por haber elegido como fiscal general del Estado a la exministra Dolores Delgado o por haber propuesto para el Tribunal Constitucional al extitular de Justicia Juan Carlos Campo. La pregunta, indicó, puede ser "legítima", y la decisión podrá ser o no compartida, pero entiende que no es "discutible" el cumplimiento de un mandato constitucional, que establece la renovación del CGPJ a los cinco años de su elección.

"Polarización asimétrica"

Sánchez ve una "polarización asimétrica", ya que si Vox habla de él como un "dictador" que ha dado un "golpe de Estado" y Feijóo dice que es un "enfermo mental", el PSOE evita los insultos. "Me niego a pensar que estamos en el mismo nivel. Aquí PP y Vox utilizan la técnica del ruido, la bronca y el insulto y luego dicen que somos los demás los que estamos insultando e incumpliendo la Constitución", añadió, para ratificar que a esa sarta de descalificaciones responderá su partido con "trabajo", "respeto" y hasta "sentido del humor".

Aspira a tener las mejores relaciones con Israel, pero le preocupan las muertes "insoportables e inaceptables" de civiles palestinos en Gaza

Lo que no resolvió el presidente es qué hará para intentar renovar el Poder Judicial, más allá de urgir al PP a que lo haga. Sánchez se preguntó qué harían entonces los populares en caso de que los socialistas volvieran a vencer en 2027, o si ganan ellos, si pedirían al PSOE que hagan lo que ellos no hicieron en la oposición, renovarlo. La "raíz del problema", reiteró, es que el PP no asume el resultado electoral, el "gran embudo donde para PP y Vox vale todo" y nada vale para el PSOE. "Eso no es de recibo". Para el jefe del Ejecutivo, en el fondo, la amnistía es como cualquier otra cuestión divisiva en otros países, y el drama es que la derecha "se ha dejado parasitar por la ultraderecha", "copia el fondo y sus formas de hacer política", y en España "cada vez son más gemelos PP y Vox".

De nuevo, Israel estuvo sobre la mesa. Sánchez afirmó que aspira a tener "las mejores relaciones" con Tel Aviv, pero lo que le preocupa sobre todo es la muerte de civiles palestinos en Gaza, porque es "insoportable e inaceptable". El Gobierno, pues, mantiene su posición, considerándose "amigo" de Israel. Sánchez defiende que su posición es cada vez más secundada por la comunidad internacional y que se halla en las palabras del presidente de EEUU, Joe Biden; de su vicepresidenta, Kamala Harris, o del secretario de Estado, Anthony Blinken. No tiene previsto hablar de nuevo con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu —lo hizo el pasado viernes con Benny Gantz, ministro sin cartera, porque este se lo pidió—, pero no tiene problema en hacerlo tanto con él como con cualquiera de los actores de la zona.

Ya tiene pensado quién relevará a Calviño pero advierte de que habrá "unos meses" de transición

En materia económica, el presidente dijo que sí tiene claro ya quién sustituirá a Nadia Calviño al frente de Economía en caso de que ella sea elegida para dirigir el Banco Europeo de Inversiones (BEI), pero si eso ocurre aún habrá "unos meses" de transición. "Y en ese tiempo daré a conocer quien será el nuevo ministro o ministra de Economía", reseñó, sin dar pistas. ¿Podría ser José Luis Escrivá, titular de Transformación Digital? Sánchez se limitó a responder que es "un reformista, un progresista, un humanista al que le encanta la política y un gran ministro" que cuenta con todo su "cariño, respeto y confianza". Pero hasta ahí.

Y sobre el choque de Calviño con Yolanda Díaz a cuenta del subsidio de desempleo, reconoció que en el Gobierno conviven "distintas visiones" pero que al final habrá acuerdo, como siempre ha ocurrido en el Ejecutivo de coalición y más porque este es un compromiso con Bruselas. Todos en el Gabinete están de acuerdo, apuntó, en que hay que aumentar la cobertura de ese subsidio e impulsar la recualificación de los parados de más de 50 años para que puedan reengancharse al mercado de trabajo. Y se felicitó de los datos de paro conocidos este lunes —el desempleo cae pese a ser noviembre tradicionalmente un mal mes—, una prueba de la "resistencia y resiliencia" de la economía española y del "acierto" de la política económica desplegada por el Ejecutivo.