La presidenta autonómica madrileña, Isabel Díaz Ayuso, estudia solicitar una reunión con Pedro Sánchez para tratar cuestiones que afectan a la Comunidad de Madrid. En concreto, Ayuso tiene interés en tratar con el jefe del Ejecutivo dos asuntos, a saber, la situación de las Cercanías en Madrid y la tan cuestionada autonomía fiscal, temas que han sido motivo de disputa entre ambas administraciones.

Creen en la Puerta del Sol que Sánchez "debe abrir una nueva ronda de entrevistas con los presidentes autonómicos tras su segunda investidura", pero, en caso de que no haya señales desde Moncloa, pedir dicho encuentro para poner sobre la mesa las necesidades del territorio, en réplica a la carta de exigencias del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, a quien se ha cedido la gestión de las Rodalíes, una quita de la deuda del FLA por 15.000 millones y varias meses bilaterales de negociación, entre ellas, para la financiación autonómica y el desarrollo de nuevas infraestructuras.

Lo curioso es que Gobierno central y Madrid están en pleno choque institucional y por varios motivos, aunque el hilo conductor parece llevar siempre al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. La baronesa popular declaró la guerra al jefe del Ejecutivo por "vetarla" en la inauguración de un tramo del AVE que transcurre entre León y Asturias, donde sí estuvieron el presidente de Castilla y León, el popular Alfonso Fernández Mañueco, y el asturiano, el socialista Adrián Barbón. Dicho tramo no pasaba por Madrid, aunque el origen del trazado sea la capital de España.

Madrid y Gobierno central están en pleno choque institucional

A raíz de ello, la Comunidad de Madrid decidió no invitar a representantes del Gobierno central a los actos que organizara a partir de ese momento, con la única excepción del delegado del Gobierno, Francisco Martín, cuya invitación ya se había cursado para la celebración del día de la Constitución, el pasado lunes 4. El choque fue inevitable en el momento de los discursos.

Pero las cosas no han hecho más que empeorar. Porque el ministro Óscar Puente, vuelve a estar en el ojo del huracán. El pasado miércoles, en conversación con un grupo de periodistas en el Congreso de los Diputados, sugirió que las repetidas averías en esa red ferroviaria pudieran ser producto de un "boicot" y que así se estaba investigando, afirmando incluso que "no sé si Ayuso lo estará alimentando". Unas afirmaciones que el Ministerio ha intentado desmentir pero de las que se hicieron eco varios medios de comunicación. "Nosotros mismos no nos vamos a autoboicotear", remató el siempre controvertido ministro.

Lo cierto es que en nueve días ha habido dos descarrilamientos que han afectado a las estaciones de Atocha y Chamartín, sumiendo a los usuarios en el caos y coincidiendo uno de ellos con la salida del puente de la Constitución. Según la Comunidad, ha habido más de 600 incidentes en esta red de transportes en lo que va de año.

Tanto Ayuso como el alcalde José Luis Martínez Almeida, han acusado de desidia directamente al jefe del Ejecutivo. "Haremos todo lo necesario para proteger a los madrileños de la despreocupación de Sánchez por el Cercanías", escribió la presidenta autonómica en su cuenta de Twitter tras el segundo incidente. Ayuso no tiene intención de pedir la competencia de Cercanías, como ha hecho Cataluña, pero sí exige a Sánchez un esfuerzo inversor para unas infraestructuras que cree mal financiadas.

Acuerdo PP-PSOE para recuperar parte del impuesto de Patrimonio

El otro gran caballo de batalla es el de la autonomía fiscal. La presidenta llevó al Constitucional el llamado impuesto de Solidaridad a las Grandes Fortunas, ideado por el Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero para contrarrestar la decisión de aquellos territorios que, como Madrid y Andalucía, bonifican el 100 por cien del impuesto de Patrimonio. El tribunal consultivo no le dio la razón a la madrileña, pero este mismo jueves, la Asamblea autonómica, ha acordado, con el voto a favor de PP y del PSOE, recuperar parte de ese impuesto de Patrimonio para que lo recaudado se quede en Madrid y no se lo lleve el Estado. Curiosamente, ha sido con los votos de PP y Vox que se decidió también ayer la deflactación del IRPF para compensar la subida del IPC.

Acusada no pocas veces la comunidad dirigida por Ayuso de dumping fiscal, la baronesa popular quiere reivindicar ante el jefe del Ejecutivo el pleno ejercicio de sus competencias, en un territorio que "tiene 18 impuestos menos que Cataluña", aducen en el equipo de la presidenta. No es previsible que dicho encuentro con Sánchez, de producirse, tenga lugar antes de finales de año. Moncloa se prepara ahora para otra cita, con el líder de la oposición y jefe de filas de Ayuso, Alberto Núñez Feijóo.