Las desavenencias parlamentarias entre Sumar y Podemos, que ha llevado a la fractura del Grupo Plurinacional y la salida de los segundos al Mixto en el Congreso de los Diputados, ha derivado en una pugna pública con el Pacto Antitransfuguismo de 2020 de fondo. Por un lado, la confluencia magenta y el propio Movimiento Sumar evita mencionar el término, pero insiste en que el documento deja clarísimo lo que se puede considerar como 'tránsfuga' y lo que no. Lo hacía este lunes el portavoz nacional de Sumar, Ernest Urtasun desde el Espacio Rastro de Madrid: "Cuando una persona que se presenta por una coalición la abandona sin ceder el escaño, es transfuguismo. No lo digo yo". Antes que él, otras figuras clave de la cuota de Yolanda Díaz en el Gobierno de coalición, como Mónica García, la ministra de Sanidad por Más Madrid, recalcaban en la claridad de ese primer apartado del pacto de Estado.

Frente a ello, desde Podemos instan a leer el texto antitransfuguista en su integridad. Al menos en lo que respecta en su primer apartado. Lo ha solicitado en varias comparecencias públicas el portavoz nacional de los morados y procurador en Castilla y León, Pablo Fernández. Nuevamente este lunes tras las alusiones de Urtasun, aunque abogando por "pasar página" y no atender a estas declaraciones u otras para centrarse en impulsar medidas que cambien la vida de la gente. Este discurso, de transición y vuelta a la plena autonomía, se ha impuesto en toda la cúpula de Podemos. La propia secretaria general, Ione Belarra, lo puso en práctica una vez confirmada su salida, y la de Irene Montero, del Gobierno.

En concreto, la disputa surge a cuenta de dos de los tres párrafos del primer artículo de ese acuerdo nacional. En sus páginas tres y cuatro. Desde Sumar, se está haciendo referencia y "compartiendo capturas" del principio de ese punto. Este reza: "A los efectos del presente Acuerdo, se entiende por tránsfugas a los y las representantes, locales, autonómicos y estatales que, traicionando al sujeto político (partidos políticos, coaliciones o agrupación de electores) que los y las presentó a las correspondientes elecciones, hayan abandonado el mismo, hayan sido expulsados o se aparten del criterio fijado por sus órganos competentes" [la totalidad del acuerdo, a continuación]. En base a ello, por esa alusión a "coaliciones" y a "hayan abandonado", en Sumar justifican que los cinco diputados de Podemos sean enmarcados en esa categoría de 'tránsfuga' por fracturar el grupo.

Pacto Antitransfuguismo de 2020Descarga

Sin embargo, en Podemos se agarran a la segunda parte, y esa totalidad del escrito, para refrendar la legalidad del paso dado el martes pasado tras una reunión extraordinaria de la dirección nacional. "Se considerará tránsfuga asimismo la persona electa por una candidatura promovida por una coalición, si abandona, se separa de la disciplina o es expulsada del partido político coaligado que propuso su incorporación en la candidatura, aunque recale en otro partido o espacio de la coalición, sin el consentimiento o tolerancia del partido que originariamente lo propuso". La justificación de los morados es que, al salir en bloque, no se ha roto ni la disciplina de partido ni se ha expulsado a nadie en concreto.

La postura de Podemos coincide con la de expertos técnicos y parlamentarios vinculados a la elaboración y el seguimiento del Pacto contra el transfuguismo"

Para más inri, en Podemos indican que el tercer párrafo les da potestad para decidirlo, al dejar al sujeto político que ha "propuesto" a esos diputados para la coalición "aclarar por escrito quienes (...) se han apartado de su disciplina a efectos de su calificación como tránsfugas". La lectura que hacen, en cambio los magentas de ese tercer párrafo es que al ir por 'Sumar' las papeletas, esa decisión última les corresponde a ellos. Este lunes, Urtasun adelantó que están valorando las acciones necesarias a tomar, que podrían ir orientadas, incluso, hacia una denuncia.

Ejercicio de autonomía política

El Pacto Antitransfuguismo nace en 1998 como un código de buenas prácticas en el ámbito local que cimentan las principales fuerzas parlamentarias y se renueva posteriormente en el 2000 y el 2006. Es en la última reforma, de hace tres años, cuando se extiende a la esfera autonómica y estatal. Fuentes parlamentarias de carácter técnico que estuvieron implicadas en esos procesos indican a El Independiente la complejidad para definir el caso de Sumar y Podemos de acuerdo al texto actual. En conversaciones con este diario, recalcan que hay claridad cuando "un diputado abandona su grupo y rompe la disciplina con el objeto de facilitar un cambio de gobierno, mociones u obtener intereses concretos". Lo aplican, sobre todo, a esa esfera municipal para el que fue concebido, por el que partidos como el PP, el PSOE u otras formaciones posteriormente suscritas como Ciudadanos o Podemos aceptan no incluir a sus grupos locales a esos tránsfugas.

Una vez se pasa de esa esfera, y pese a que el documento lo extiende, esas fuentes técnicas vinculadas a las Cortes Generales afirman que "todo se complica". Sobre todo, por la creación de la figura del parlamentario 'no adscrito'. Es decir, el que abandona un grupo o es expulsado de él y ejerce su condición en la cámara a título personal. Algo que ya se penaliza con menos subvenciones económicas, entre otros. "¿Quién entra y quién no en esa condición?", se preguntan. En concreto, determinan -advirtiendo el distanciamiento ideológico que tienen con los postulados de los de Belarra- que sobre el papel los cinco diputados de Podemos no pueden catalogarse de 'tránsfugas', algo que solo puede hacer, y como se está dando, en lo que respecta al discurso político.

Dichas fuentes, que trabajaron en el texto progresivamente, argumentan que los morados "son un partido político que está ejerciendo su autonomía política al no verse representados dentro de una coalición". "Otra cosa sería que hubiera salido uno solo", matizan, caso que se dio con la canaria Meri Pita en su tránsito de Unidas Podemos al Mixto por su "deriva orgánica" o con el no adscrito de CS, Pablo Cambronero, tras pactar los liberales con el Gobierno cuestiones como los estados de alarma en pandemia, el intento de moción de censura y la aparente "deriva a la izquierda" que advirtió. Ambos en la anterior legislatura.

Insisten en el tema mencionando que se trata de "una ruptura de coalición" decidida unilateralmente por el "máximo órgano de dirección" de Podemos, y a conciencia. Algo enmarcado dentro de la legalidad, porque "el pacto persigue el individualismo y la ruptura de la disciplina común". Más, explican, si se atiende a la Constitución, que remarca que, "a diferencia de la representación local (...) los diputados o senadores no están sujetos a un mandato imperativo". Se alude al artículo 67, en concreto a su apartado tercero. Lo ejemplifican refiriéndose a la Coalición Popular de 1986: el Partido Demócrata Popular (PDP) decidió romper con Alianza Popular esa confluencia tanto sus 21 diputados como sus once senadores pasaron a los grupos mixtos de ambas cámaras. Eso generó mucho descontento en el partido de Manuel Fraga, que consideró la salida "una grave violación de los pactos" electorales. Su hasta entonces socio se comprometió con los acuerdos firmados con ellos, no obstante.

La actuación de Podemos no genera precedentes: PDP ya ejerció ese derecho con su salida de Coalición Popular por diferencias con la AP de Fraga"

Esta postura técnica la comparten al pie de la letra fuentes nacionales de la formación morada consultadas, que afirman haber consultado a expertos jurídicos por su cuenta. La tesis de que Podemos "no entraría en esa categoría" la abonan también otras fuentes parlamentarias de carácter político que también se han vinculado a esa área de trabajo en el Congreso. Destacan que Podemos concurrió a las elecciones "como una marca electoral de nuevo cuño". "No estaban ahora cómodos en Sumar y entendían que no se había cumplido los acuerdos o pactos que firmaron", destacan. Ello, apelando a las quejas reiteradas por haber quedado fuera de las portavocías adjuntas, luego del Gobierno y vetadas sus intervenciones parlamentarias o la presentación de iniciativas parlamentarias propias. Motivo, este último, que se sostuvo el martes para justificar la marcha del Grupo Plurinacional.

Distinto, apuntan las mismas fuentes consultadas, hubiera sido que Podemos pretendiera formar grupo parlamentario propio, algo que prohíbe el Reglamento del Congreso cuando no se concurre con las propias siglas. Sólo había dos posibilidades fuera de Sumar: esto es, engrosar el Mixto, como han hecho, o integrarse en otro grupo ya constituido como el de ERC o EH Bildu, por citar dos partidos con los que tiene una gran coincidencia ideológica en materia social.

Conforme a este análisis, hay unanimidad entre todas las partes consultadas para concluir en que los de Díaz "no tienen posibilidades de prosperar" en el caso de iniciar cualquier trámite de denuncia para recuperar esos cinco escaños, que recaerían en miembros de Sumar, IU o Más Madrid al correr la lista. Menos probable, aún, determinan, es que los magentas puedan reunir a la comisión de seguimiento del pacto y conseguir un apoyo unánime, por "la falta de recorrido del asunto". Pero, de poder procederse, cualquier resolución que salga de ella solo tendrá carácter político y no podrá profundizar en el campo jurídico.

Al ejemplo del PDP se añade uno más reciente: lo acaecido en la Región de Murcia en 2021 cuando Ciudadanos presentó una moción de censura a su socio mayoritario de Gobierno, el PP, de la mano del PSOE. Aquello terminó con parte de los diputados de CS y de Vox de lado de Fernando López Miras, que les convenció, como no adscritos. Por ello, la moción no prosperó. Este caso, aducen, "no tiene que ver en absoluto con lo de Podemos".