La decisión de proponer una ampliación de los motivos de disolución de partidos incluyendo el delito de "deslealtad constitucional" como sustituto del de sedición, puede tener un efecto colateral tanto a corto como a más largo plazo, con consecuencias en las presentes y futuras políticas de alianzas del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Y es que esta propuesta le dificultará aún más un acercamiento a los nacionalistas vascos -partido al que sostiene en algunas instituciones de Euskadi- aún en el caso hipotético de no necesitar a Vox para sumar una mayoría suficiente en el Congreso de los Diputados.

Este no es un escenario factible a día de hoy, con una legislatura que acaba de arrancar y que, aunque con dificultades, tiene visos de durar bastante, alejando la posibilidad de una nueva consulta electoral a medio plazo. Sí es probable que en el transcurso de la misma populares y nacionalistas vascos coincidan en el planteamiento de medidas económicas o fiscales -a las que podría incluso sumarse Junts-, pero la decisión de dar una vuelta de tuerca al Código Penal para contrarrestar la ley de Amnistía y la desaparición del delito de sedición con los que "rearmar" al Estado si vuelve a reproducirse una situación como la de 2017, aleja aún más a los nacionalistas vascos del Partido Popular, según apuntan en el entorno de Ajuria Enea.

El PNV ha tejido un "cordón sanitario" en torno a Vox

El PNV ha tejido un "cordón sanitario" en torno a Vox, entre otras cosas, por su oposición frontal a los partidos independentistas y su defensa de ilegalización de los mismos. El hecho de que Feijóo necesitara del partido de Santiago Abascal para poder acercarse a la tan ansiada mayoría absoluta con la que ser investido presidente del Gobierno provocó el veto total y absoluto del PNV al PP. En un principio hasta se negaron a sentarse a hablar, decisión corregida más tarde aunque con el mismo efecto: un "no" sin paliativos. Es fue la respuesta dada por el líder peneuvista, Andoni Ortuzar, a Feijóo en su reunión del 7 de septiembre del pasado año, incluso ante el hipotético ofrecimiento del Ministerio de Industria, término nunca confirmado por Génova.

De este modo, Feijóo se quedó tan sólo a cuatro escaños de la mayoría absoluta, sumando 172 votos con Vox, UPN y Coalición Canaria. Los cinco diputados vascos capitaneados en la Cámara Baja por Aitor Esteban le hubieran permitido al líder del PP ser investido nuevo jefe del Ejecutivo.

El hecho de que sean ahora los populares los que, de manera sorpresiva, pongan sobre la mesa la disolución o suspensión de aquellos partidos que convoquen referendos ilegales o declaren la independencia de una parte del territorio nacional, poniendo en riesgo la integridad territorial del Estado que consagra la Constitución, puede ser kriptonita para el nacionalismo vasco.

Lo cierto es que éstos se han mantenido silentes con respecto a la propuesta del PP, no así el líder de EH-Bildu, Arnaldo Otegi, quien el pasado jueves lanzó en su cuenta de X un mensaje para el PNV: "Los mismos que piden ilegalizar y disolver a quienes promueven consultas o declaraciones de independencia han decidido quién gobierna en Gipuzkoa, Gasteiz o Durango". Aludía Otegi al apoyo prestado por los populares a los de Andoni Ortuzar para que esta formación gobierne los ayuntamientos de Vitoria y Durango, así como la Diputación foral de Guipúzcoa.

Cuenta atrás para la convocatoria en el País Vasco

La andanada hay que interpretarla en clave de política vasca con el escenario de las elecciones autonómicas muy próximo. De hecho, no habría que descartar que este mismo mes se convoquen autonómicas para celebrar el domingo 17 de marzo. Este 20 de enero los nacionalistas vascos habrán proclamado la candidatura de Imanol Pradales, así como del resto de las listas por las tres provincias vascas. Lo demás, es tiempo de descuento, aunque el todavía lendakari, Íñigo Urkullu, a quien su sustitución pilló por sorpresa, no debe tener especial prisa y ya ha comentado su deseo de culminar una serie de cuestiones pendientes antes de irse.